La esperanza de una familia por justicia tras la violación de una universitaria en Boca del Rí­o está puesta en tres recursos de revisión que se interpusieron contra el amparo otorgado al presunto abusador y que ordena su puesta en libertad.
Luego de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desestimó la queja que el padre de la joven, Julio Martí­nez, interpuso contra el juez cuarto de distrito del Poder Judicial de la Federación, radicada con expediente 377/2017, aguardan la resolución del Tribunal Colegiado.
Desde el seis de abril, el tribunal resuelve el recurso de revisión que interpusieron no solo la familia, sino también la Fiscalí­a General del Estado (FGE) y el Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito.
En total tres solicitudes para que el amparo otorgado al presunto agresor sea revisado. “La única esperanza que tengo es que la resolución del juez cuarto sea revocada y el colegiado tribunal se la eche abajo”, declara Julio Martí­nez.
José Arquí­medes Gregorio Loranca Luna, es el nombre del juez cuarto que en el amparo interpuesto por Jorge Francisco Pereda Ceballos, acusado del delito de violación especí­fica, le concedió un auto de libertad.
Su argumento: “no se acredita a cabalidad (…) que la sujeto pasivo carecí­a de la capacidad para resistir la imposición de la cópula por parte del activo”.
Julio Martí­nez, además de presentar un recurso de revisión, buscó que el juez Loranca Luna fuera suspendido y sancionado por el Consejo de la Judicatura Federal.
La indignación de la familia contra el juez, explica, es por “su falta de capacidad, su falta de imparcialidad y el no haber considerado lo que es hoy en dí­a un elemento fundamental que es la perspectiva de género y haber aplicado una sentencia lisa y llana y dictarle el auto de libertad al único indiciado”.
El padre de familia también afirma que el juez cuarto de distrito apenas habí­a asumido el cargo en el mes de febrero de este año, como lo acredita la página de la judicatura. Añade que su anterior labor era en materia electoral.
“En su biografí­a no aparece ningún cargo en cuestión de materia penal y el único cargo que ha desempeñado al frente de un organismo federal, fue secretario en materia electoral”, señala.
Considera que a la judicatura “le tembló la mano” para evitar que el descrédito del Poder Judicial crezca, tras el actuar del Juez Tercero de Distrito en un caso similar. El de los “Porkys de Costa de Oro”.
Aunque no existió una queja contra el juez tercero Anuar González Hemadi, quien concedió el amparo 159/2017 al implicado en la violación de una menor de edad, Diego Cruz, el Consejo atrajo el caso y lo sancionó.
El resultado opuesto en la queja que Julio Martí­nez interpuso fue descrita por el afectado como una “incongruencia”.
El agravio por el que Julio y su familia exigen justicia, fue grabado en video y distribuido en internet por Serafí­n González Garcí­a y Oswaldo Rafael Cruz, contra quienes hay órdenes de aprehensión, ocurrió en marzo de 2016.
Es el caso conocido por la opinión pública como “Porkys II”, en referencia a los hechos ocurridos en 2015 en los que cuatro jóvenes hijos de empresarios y un expresidente municipal, abusaron sexualmente de una chica de 17 años de edad.