Jefe de redacción del diario La Opinión de Poza Rica y docente en la Facultad de Pedagogí­a de la Universidad Veracruzana (UV), Armando Arrieta nunca denunció ser ví­ctima de amenazas. Sin embargo, ahora se cuenta entre los 52 casos de agresiones contra periodistas que la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) registra en el estado.
Una investigación por el crimen que sufrió Armando ha sido iniciada por la Fiscalí­a Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuradurí­a General de la República (PGR).
Para indagar en el caso, peritos, elementos de la Policí­a Federal y agentes del Ministerio Público, vinculados a la PGR, recorren desde este miércoles las calles de Poza Rica.
La ciudad, alguna vez próspera comunidad petrolera, se ha convertido en parte del itinerario que la violencia recorre en la zona norte de Veracruz; y desde hace más de una década, es escenario de una historia negra para el periodismo y la libertad de expresión.

PERIODISTA Y ACADÉMICO

Armando Arrieta acababa de guardar su automóvil en la cochera de su casa y se disponí­a a cerrar el portón, cuando un sujeto le disparó. Eran las dos de la mañana del miércoles y el jefe de redacción del diario La Opinión de Poza Rica, regresaba de su jornada laboral.
El sonido de cuatro balazos alertó a la familia del comunicador. Menos de una hora después ya estaba siendo operado en la clí­nica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) local.
Sin embargo, las lesiones severas en órganos internos obligaron a que fuera trasladado a la ciudad de Veracruz.
A la una de la tarde del miércoles, Armando se encontraba otra vez en un quirófano, del que salió después de las seis de la tarde.
Para esa hora del dí­a, periodistas y fotógrafos de Córdoba habí­an protestado exigiendo justicia, acción que un dí­a después se replicarí­a en otras partes de la entidad; la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara habí­a condenado el hecho, y el gobernador Miguel íngel Yunes Linares, daba seguimiento personalmente a la situación.
Esta mañana de jueves, la portada del diario La Opinión de Poza Rica, en el que Armando labora desde el año 2005, condenó la agresión. “¡Exigimos justicia!”, es el titular de la editorial que a media plana fue publicada y en la que “con dolor, indignación y mucho coraje”, el medio exige el esclarecimiento de los hechos.
La condena a la violencia llegando desde varios sectores a la vez, solo se explica conociendo la trayectoria de Armando Arrieta. Egresado de la licenciatura en Pedagogí­a por la UV, su vida ha continuado entre el estudio y el trabajo.
Prosiguió con una especialidad en Metodologí­a de la Enseñanza Superior y luego, una maestrí­a en Educación Superior, ambas en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. Fue por otra maestrí­a más, pero esta vez en un campo distinto, el Derecho Privado, posgrado que completó en la Universidad Iberoamericana sede Golfo Centro.
En los últimos doce años, Armando se ha dedicado a explorar cada una de esas disciplinas en la práctica profesional.
Así­, al tiempo que se desempeñó como abogado litigante en materia civil en 2005, iniciaba como profesor de tiempo completo en Pedagogí­a y como jefe de redacción en el periódico La Opinión de Poza Rica. Luego en 2012, fue docente de la maestrí­a de Gestión del Aprendizaje.
Ha sido autor de diversos artí­culos en materia de enseñanza, literatura y redacción y director de numerosos trabajos de tesis. Su pluma también era pródiga con la columna “Breviario Semanal”, que aparecí­a cada lunes y en la que abundaba sobre polí­tica y el tema petrolero.
El reporte más reciente de su estado de salud, es que su condición es grave por lo que continúa en el área de Terapia Intensiva del Centro de Especialidades Médicas del IMSS.
Armando Arrieta permanece en el pensamiento y ruegos no solo de su familia, sino también de sus alumnos y colegas, que se han volcado en mensajes para el periodista y académico en su página personal de Facebook.
“Maestro, échele muchas ganas, confí­o en Dios en que se recuperará. Espero verlo de nuevo en la Facultad, estaremos esperándolo”.

EL ASESINATO DE RAÚL GIBB

El mismo mes en que Armando Arrieta comenzó a trabajar en la redacción de La Opinión de Poza Rica, la tragedia impactó al periódico.
El ocho de abril de 2005, el director del rotativo, Raúl Gibb Guerrero fue asesinado en la carretera que conduce a Papantla, cuando se dirigí­a a su domicilio.
Regresaba de trabajar, habiendo dejado todo listo para la portada de La Opinión al dí­a siguiente: la inauguración de una nueva sede del diario en Martí­nez de la Torre, ocurrida esa mañana y por la que se habí­a hecho gran fiesta en la llamada Capital de los Cí­tricos.
La dicha fue cortada de tajo por una camioneta roja y un automóvil Tsuru que se emparejaron a su vehí­culo. Raúl Gibb recibió 13 disparos, tres de ellos en la cabeza. Murió en ese mismo momento.
Con motivo de su muerte, varios funcionarios del gobierno del estado visitaron Poza Rica esa noche, entre el secretario de Seguridad Pública, Rigoberto Rivera Hernández, y el procurador General de Justicia, Emeterio López Márquez.
Para su funeral, realizado en la ciudad de Veracruz, arribó el entonces subsecretario federal de Seguridad Pública, Miguel íngel Yunes Linares y el entonces gobernador, Fidel Herrera Beltrán.
Herrera Beltrán aseguró pedir la colaboración del titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha y prometió que 150 elementos policí­as buscarí­an a los homicidas. “Deseo que descanse en paz y comprometo la acción de mi Gobierno para hacer justicia", expresó el polí­tico.
Pero a la fecha, no existen ni responsables, ni sentencia en el caso de Raúl Gibb, que permanece impune.

AMENAZADA, LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN POZA RICA

“Pórtense bien” habrí­a recomendado a periodistas y fotógrafos el gobernador Javier Duarte de Ochoa el 30 de junio de 2015, en Poza Rica, en una comida con motivo del Dí­a de la Libertad de Expresión.
“Se lo digo a ustedes, por su familia, pero también por la mí­a, porque si algo les pasa a ustedes a mí­ me crucifican todos. Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos, dicen que en Veracruz sólo no se sabe lo que todaví­a no se nos ocurre”, expresó ante la mirada atónita de los comunicadores asistentes.
Para esas fechas, 15 comunicadores habí­an sido asesinados desde que Duarte de Ochoa habí­a asumido el poder. Y la mayorí­a de esos casos, como tristemente ocurre a la fecha, continuaban sin ser esclarecidos.
Sus comentarios fueron tomados como una amenaza por algunos y como señalamientos de mal gusto hacia la prensa veracruzana.
Tan sólo en 2015, delincuentes arrebataron la vida de los periodistas Moisés Sánchez Cerezo, Armando Saldaña Morales, Juan Mendoza Delgado y Rubén Espinosa, todos habiendo recibido amenazas de muerte que no fueron atendidas por las autoridades.
Al año siguiente en Poza Rica, el 14 de mayo de 2016 la muerte de otro periodista se sumarí­a a la trágica estadí­stica. El periodista Manuel Torres González, fue asesinado de un disparo en la cabeza frente a la delegación de Tránsito del Estado.
El caso de Torres González quedó en la impunidad.
Como también ocurrió con las amenazas que la directora del semanario Lí­der de Poza Rica, Claudia Lucero Reyes Acosta, sufrió el cinco de abril de 2008 y que radican en la denuncia que ella presentó (PZR4/185/2006).
O con un periodista de La Opinión de Poza Rica, de la corresponsalí­a de Martí­nez de la Torre, que el nueve de febrero de 2016 escuchó al otro lado de la lí­nea telefónica “Deja de publicar mamadas, porque si no te puede pasar algo a ti o a tu familia”.

ORO NEGRO Y SANGRE

Desde 2009 Poza Rica es investigado por la PGR como paso obligado en la ruta de venta ilegal de combustible robado a Petróleos Mexicanos, como publica el diario La Jornada en agosto de ese año.
La procuradurí­a encontró que tan solo la oferta de diésel de procedencia ilí­cita, se origina en esta ciudad veracruzana. El tráfico estaba ligado al Cártel del Golfo y al de Los Zetas.
El robo de hidrocarburos de los ductos de PEMEX que atraviesan la región, sin embargo, era una actividad que apenas unos años antes era ajena a las actividades de los cárteles de la droga.
En julio de 2005, en Houston, Estados Unidos, Martí­n Rojas López y lí­der de la banda conocida como Los Chupaductos, fue detenido. Además de robo de combustible, fue encontrado culpable de lavado de dinero. El rastro de sus negocios ilí­citos llegaba hasta Poza Rica, donde era propietario de varios comercios y empresas ligadas a la industria petrolera.
El control por la zona entre grupos criminales, permanece a la fecha y sus consecuencias, continúan alcanzando a sus habitantes.
El 19 de septiembre de 2016, Alejo Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Suárez de la Cruz, sacerdotes de una iglesia local, fueron secuestrados y horas después encontrados sin vida, dejando a la comunidad impotente y dolida.
Meses antes, otro crimen habí­a cimbrado a Veracruz y todo México. José de Jesús Jiménez de 56 años de edad, perdió la vida buscando a su hija, Jenny Isabel Jiménez, desaparecida desde el 21 de mayo de 2011, junto con otros tres jóvenes.
Por la estudiante de enfermerí­a, José de Jesús y su esposa Francisca Vázquez, habí­an dejado todo para encontrarla. En 2016 vislumbraron una esperanza en su lucha al unirse a la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que en abril de 2016 habí­a descubierto fosas clandestinas en Amatlán de los Reyes.
Participarí­a como buscador en la segunda brigada, que se realizarí­a el 15 de julio de ese año y mientras tanto organizaba al colectivo Familiares en Búsqueda Marí­a Herrera en Poza Rica.
El 22 de junio de 2016, una camioneta le cerró el paso a él y a su esposa. Con una ráfaga de balas le quitó la vida y la oportunidad de reunirse una vez más con su hija. A su mujer, la dejaron gravemente herida.
Los quién y los por qué del crimen continúan sin ser esclarecidos por las autoridades.