El 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el conglomerado brasileño Odebrecht y su filial petroquí­mica Braskem, aceptó su culpa por haber sobornado a polí­ticos y funcionarios de 11 paí­ses entre 2011 y 2016, y aceptaron pagar multas por tres mil 500 millones de dólares, la mayor suma jamás desembolsada para resolver un caso de corrupción extranjero en las cortes de ese paí­s, que serí­a entregada a los paí­ses que participaron en la investigación, Brasil, Estados Unidos y Suiza. Lo que nunca se hizo público es que México habí­a participado en las pesquisas y que en ví­speras de que se hiciera público el caso, el gobierno del presidente Barack Obama, excluyó al gobierno mexicano de colgarse la cuarta parte de la medalla.

Personas que conocen el caso dijeron que los propios ejecutivos de Odebrecht que estaban negociando cómo llegar a un acuerdo con los cuatro paí­ses, se mostraron sorprendidos porque el gobierno mexicano fue excluido, por lo que hicieron contactos con la PGR para tratar de llegar a un acuerdo bilateral similar, que evitara que les congelaran sus obras en este paí­s y actuaran eventualmente contra sus ejecutivos. De acuerdo con documentos de la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, Odebrecht pagó sobornos por más de 10 millones de dólares a funcionarios mexicanos entre 2011 y 2014 para asegurar que les dieran obra pública, con lo cual obtuvo un beneficio de 300 por ciento.

Uno de los casos que resaltó la Corte, como se describió en este espacio el 23 de diciembre, se referí­a a un evento en octubre de 2013, donde Odebrecht “aceptó pagar un soborno a un alto funcionario de una empresa paraestatal mexicana, controlada por el Estado, a cambio de ayudarla a ganar un proyecto. Entre o alrededor de diciembre de 2013 y finales de 2014, Odebrecht pagó a ese funcionario seis millones de dólares”. El conglomerado brasileño tiene un largo historial de negocios en México, al igual que su filial Braskem, y es posible ver sus actividades a través del portal de Transparencia del gobierno mexicano.
En 2014, el año que usa la Corte en Brooklyn como ejemplo de la corrupción en México, Odebrecht ganó la licitación de Pemex, a través de su filial Tag Pipelines”“, del tramo dos del colosal desarrollo del gasoducto Los Ramones, que recorre los estados de Nuevo León, San Luis Potosí­ y Tamaulipas. El contrato fue de 935 millones de dólares. No existe en esta documentación ningún indicio de que este es el contrato por el cual se pagó el soborno.

Sin embargo, por las fechas señaladas, los documentos de la Corte neoyorquina sugieren que se dio durante la licitación del gasoducto Los Ramones, ganada por Tag Pipelines, que desde un principio levantó oposición y crí­ticas por que el proyecto llevaba un sobreprecio de 60%, así­ como la exigencia que se frenara al entonces secretario de Energí­a en el gobierno de Felipe Calderón, Jordy Herrera, que conoció con detalle la obra cuando fue previamente director de Pemex Gas y Petroquí­mica Básica, el área que supervisó Los Ramones. Nunca pasó nada. Cuando Herrera dejó el cargo en Pemex, lo sustituyó Alejandro Martí­nez Sibaja, quien fue el primer funcionario que removió bruscamente José Antonio González, cuando sustituyó a Lozoya en la dirección general de la empresa. Oficialmente, Martí­nez Sibaja pidió su jubilación.

Los documentos de la corte neoyorquina no identifican a ningún funcionario corrupto, pero personas que conocen a ex empleados de Pemex estrechamente vinculados al ex director de la empresa, Emilio Lozoya, señalaron que uno de los más nerviosos por el escándalo de Odebrecht es Froylán Gracia Garcí­a, coordinador ejecutivo de la Dirección General en la administración anterior. En este espacio se publicó en octubre de 2015 que una investigación en la Secretarí­a de Energí­a ”“que nunca fue reconocida oficialmente- buscaba comprobar acusaciones en su contra por actos de corrupción. La PGR también ha recibido información en los dos últimos años de que el ex director de Procura y Abastecimiento, Arturo Henrí­quez Autrey, presionaba a empresarios para que pagaran montos multimillonarios especí­ficos que, dijeron a las autoridades, se entregarí­an a Lozoya. El ex director de Pemex ha reiterado en varias conversaciones a lo largo del tiempo, que las imputaciones son falsas y que sus colaboradores nunca participaron de actos de corrupción. Tampoco hay acciones en su contra.

La ruta de la corrupción de Odebrecht en México iba a ser dibujada por sus ejecutivos cuando se acercaron a la PGR, en busca de una negociación fuera de tribunales. De acuerdo con personas que fueron informadas de lo que querí­a intercambiar la empresa brasileña para que les permitieran seguir trabajando en México, eran detalles de cuánto dinero invirtieron en campañas polí­ticas en Veracruz y Tamaulipas, en qué años y a quiénes. La relación de la empresa con funcionarios veracruzanos en particular, es estrecha. La embajadora en Brasil, Beatriz Paredes, incluso le organizó una visita a Sao Paulo al ex gobernador Javier Duarte, para hablar con los ejecutivos del emporio de la construcción latinoamericano.

Lo que ha pasado con la corrupción de Odebrecht en México es un misterio. Dejaron de buscar un acuerdo de colaboración con la PGR, pero tampoco han tenido problemas para seguir trabajando en este paí­s. En todo caso, a diferencia de lo que sucede en Latinoamérica, donde van apareciendo más polí­ticos involucrados en su corrupción, en México no pasa nada.