Hace varios meses a Marcela Orozco sufrió el secuestro de un hijo en el municipio de Medellí­n de Bravo, a unos 20 minutos del puerto jarocho. Se pagó un rescate, pero los delincuentes no cumplieron y desde entonces se desconoce el paradero del joven. Ese dí­a también perdió a su hijo menor, quien murió a manos de la misma banda de secuestradores, a penas lo sepultó, tomó el exilio y ahora no puede regresar a su hogar.
A Sandra Cortaza le secuestraron a su esposo e hijo. Un grupo de pistoleros los sustrajo con violencia una noche de 2014 en Cosoleacaque, a unos 30 kilómetros del puerto de Coatzacoalcos. Tras varios intentos fallidos por ver de vuelta a sus familiares, ella se exilió para salvar la vida. Permaneció escondida durante un año, y al regresar a Cosoleacaque, su casa estaba ocupada por desconocidos que se niega a salirse. Ahora, en una casita que logró construir sobre un pantano, de madera y lámina de cartón, que se inunda cuando llueve, pasa los dí­as a la espera de justicia. En la miseria.
Una hermana de Rodrigo Hurtado Garcí­a fue ví­ctima de privación de la libertad en el puerto de Veracruz. Vejado y amenazado, se desplazó al DF en busca del apoyo de las autoridades federales pero hay "veces en que no tengo ni para comer, el apoyo de la SEGOB es insuficiente y además indignante".
Marcela, Sandra y Rodrigo son veracruzanos. No se conocen pero se duelen del mismo dolor: tuvieron que abandonar sus lugares de origen después de que algún familiar sufrió un hecho de violencia en el estado de Veracruz, uno de los más golpeados por la violencia generada por las pugnas entre grupos delincuenciales y la colusión de sus autoridades con diferentes facciones de la mafia.
Los tres representan el drama detrás de los casos de desaparecidos en Veracruz, el de los familiares que se quedan a la búsqueda y en algunas situaciones deben recurrir al desplazamiento porque la amenaza no termina con la desaparición del ser querido. En numerosas ocasiones, el riesgo queda ahí­, latente, por si a los seres queridos se les ocurre exigir justicia, o en un derroche de impunidad, los delincuentes, coludidos con autoridades, buscan aplastarlos y arrebatar el último reducto de esperanza y dignidad.

ABANDONADO

En junio de 2015, Rodrigo Hurtado Garcí­a sufrió la privación ilegal de la libertad de su hermana, Nallely, de 23 años. La joven resultó sustraí­da en su domicilio y en donde Rodrigo contaba con un negocio de cibercafé en el infonavit Los Volcanes, de Veracruz-puerto. Sujetos armados irrumpieron con violencia, saquearon y destruyeron el negocio, desde donde además Rodrigo era colaborador de campañas del Partido Acción Nacional (PAN). Desde ese negocio se operaban las cuentas de redes sociales “Guerracruz” y “Veracruz en Red”.
En las dos cuentas se abonaban contenidos altamente “virales” contra las acciones de Javier Duarte de Ochoa y eran benévolas con los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) que en esas fechas contendieron por diputaciones locales y el gobierno del estado en alianza con el PRD.
El 14 de junio de 2016, el grupo de pistoleros ingresó por la fuerza al negocio citado y se llevó a Nallely Hurtado Garcí­a , entonces, comenzó el drama de Rodrigo Hurtado, quien dí­as previos habí­a recibido amenazas virtuales porque era señalado, además, de ser autor del espacio conocido como Notinfomex.com, desde donde se dan a conocer informaciones relacionadas con la delincuencia organizada, con especial énfasis sobre los supuestos abusos del Cártel de Jalisco Nueva Generación, pero la página ha sido menos tendiente a documentar y exponer los atropellos cometidos por la fracción de Los Zetas cuando fueron dejados operar a sus anchas en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán.
En medio de dos frentes Rodrigo Hurtado Garcí­a no supo por dónde vino la agresión a su hermana, y que tras denunciar los hechos, él mismo terminó siendo “levantado” por el mismo grupo de sujetos sospechosos, y pasó varias horas privado de la libertad. Tras la presión en redes sociales y de integrantes del PAN, el fiscal general en ese entonces, Luis íngel Bravo Contreras, logró recuperarlos con vida, pero golpeados.
Después de recuperarse, Rodrigo Hurtado Garcí­a se exilió en Distrito Federal. Apoyado por algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, consiguió un recurso mí­nimo por parte de la Secretarí­a de Gobernación, “que no es un apoyo en efectivo, sólo se trata de una despensa equivalente a 500 pesos”. La misma deberí­a servir para una quincena pero únicamente rinde cuatro o cinco dí­as. En el DF vive desde entonces, sin tener éxito para conseguir empleo, “he tenido que recurrir al empleo informal, “vendí­ todas mis cosas, las que sobraron y no se llevaron los malandros. De mi negocio no me queda nada. He empeñado y vendido hasta lo último”. Ante la desventura en el DF, teme regresar a Veracruz.
Rodrigo y su hermana regresaron de un viaje del cual, por lo regular, no se retorna con vida o para ser visto de nuevo por los familiares. Cientos de mujeres integradas en colectivos de búsqueda de personas, lo saben y lo padecen desde mediados del sexenio de Javier Duarte de Ochoa. Nunca han vuelto a ver a los suyos. No en el Veracruz con más niveles de violencia que Tamaulipas, según datos del Secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), cuyos reportes sobre homicidios dolosos en 2016 hablan de mil 126 ví­ctimas, y secuestros, 115, con lo que estarí­a ocupando el segundo lugar nacional, únicamente superado por el Estado de México.

SIN CASA Y SIN FAMILIARES

Sandra Cortaza vive en una casa de madera y cartón, unas cuantas paredes de ladrillo, y un piso firme de la SEDESOL. Es un espacio oscuro, húmedo, construido con desechos, y que cuando llueve con fuerza, se va a pique. “Acá tenemos que estar sacando el agua porque se nos inunda”, cuando describe los aguaceros, no puede evitar soltar las lágrimas.
Antes de esto, ella habitaba una mejor casa en Cosoleacaque, la cual tuvo que abandonar el 4 de enero del 2014, cuando sujetos armados la allanaron y se llevaron a su esposo e hijo, Jorge Villaseca Hernández y José Eduardo Velásquez Cortaza, de 21. Durante un mes, aproximadamente, recibió diversas amenazas para pagar el rescate de ambos. Vendió todas sus pertenencias, pidió prestado y quedó en deuda de por vida, aportó todas las demandas de los delincuentes, pero sus seres queridos jamás regresaron y las amenazas de que no denunciara, seguí­an. Ella se marchó de Veracruz por más de un año para resguardar a los demás integrantes de su familia. Pasó el tiempo trabajando en el Caribe mexicano, en el comercio y viviendo en condiciones precarias por la falta de dinero. Desde ese sitio, tomaba fuerzas para regresar a Veracruz a exigir justicia y seguir buscando a sus familiares. Valí­a la pena soportar, se decí­a. El contar con un patrimonio seguro en su natal Cosoleacaque le daba ánimos, los cuales se vinieron abajo apenas llegó a donde era su casa, coche en el patio y una familia distinta ocupándola. Cuando pidió explicaciones sólo encontró más amenazas. Ellos no se iban a salir. Todas sus pertenencias almacenadas las comenzaron a usar, otras las vendieron. Al verse sin nada, recurrió a su madre, quien le brindó un pedacito de patio en una propiedad en la zona de pantanos, en medio de marismas y moscos del tamaño de una pasa, culebras y animales salvajes.
Ahí­ comenzó a rehacer su vida, en medio de un grupo de desposeí­dos de la tierra que han rellenado la marisma para alzar sus casas. A Sandra Cortaza como a sus vecinos siempre se les ve corriendo con cubetas, costales de arena y para evitar las inundaciones. Su casa, la despojada, cuenta, la construyeron enviando dinero desde Estados Unidos. Allá Sandra y su esposo ahora desaparecido pasaron una temporada para hacerse de un capital y edificar la residencia para los hijos. Es grande, espaciosa, buen ubicada y un amplio terreno.
“Yo no viví­a así­, no sé porque me pasó esto, qué estoy pagando, me quitaron a mi esposo y a mi hijo y ahora esto, vea cómo vivo, esto no es justo” se duele la mujer que además contrajo diabetes. Su preocupación de estos dí­as es encontrar un nuevo empleo, hace unos dí­as terminó la construcción de una plaza en donde ella vendí­a alimentos. Ahora ha pasado los dí­as lavando ajeno y viviendo de los pocos ahorros. Hace muchos meses que no se compra zapatos ni ropa nueva. Comer un trozo de carne fresca, resulta un lujo ahora. El poco apoyo en estos dí­as lo ha encontrado en uno de los colectivos, Familiares en Búsqueda de Coatzacoalcos; gracias a la presión ejercida desde esa organización de padres con el mismo problema, hace unos dí­as le avisaron que en la fosa Común de Emiliano Zapata, hay un cadáver con las caracterí­sticas de su hijo, apareció en abril del 2015, es decir, un año meses después de la desaparición. Al acudir, lo reconoció. Era él y lo habí­an matado a tiros a más de 400 kilómetros del lugar original de su sustracción. Actualmente está la espera formal del cadáver para darle sepultura y seguir la búsqueda del otro, su esposo. La denuncia contra quienes ocuparon su casa para conseguir el desalojo, no avanza.
Marcela Dionisio, acompañante psicosocial y activista por los derechos de familiares de ví­ctimas de desaparición forzada en Veracruz, coincide que “uno de los impactos en las familias con desaparecidos es la pérdida del patrimonio y la ruptura del tejido social”, y lo peor es que la Ley General de Ví­ctimas no cuenta con medidas para contener este fenómeno creciente.
“A diferencia de otras violaciones graves a los derechos humanos, el desplazamiento forzado no cuenta con una normatividad internacional, convenio o protocolo y mucho menos ley, dejando a las ví­ctimas de opción de exigir algo cuando tienen que salir de su comunidad por estar en riesgo”, dice Marcela Dionisio.

EXILIADA/INDIGNADA

Marcela Orozco cumplirá en marzo próximo tres años exiliada en alguna ciudad lejana de su natal Veracruz. Su hijo Gersón Quevedo Orozco fue secuestrado y aunque se pagó el rescate, los delincuentes no cumplieron. El mismo dí­a del pago, horas después del secuestro, su otro hermano, Alan Quevedo Orozco, parte de las fuerzas básicas de los Tiburones Rojos, y su cuñado, Miguel Eliacim Caldelas, obtuvieron información sobre la casa en la cual se encontraba secuestrado su hermano. Los dos jóvenes se aventuraron a intentar recuperar al familiar, pero a unos metros de la casa de seguridad, los maleantes los identificaron y les dieron muerte.
Ese dí­a, Marcela Orozco regresó a su casa en Arboleda San Ramón Custodiada por la Policí­a, tomó el uniforme de Los Tiburones de Alán para el funeral y algunas pertenencias de ella y sus otros familiares. Fue la última vez en su hogar. Las amenazas y el hostigamiento no pararon, y dos meses después, se marchó de Veracruz, corrieron hasta donde les dio la noche, encontraron una gasolinera, y cuando se sintieron tan lejos de Veracruz, lograron dormir un poco en esa estación de servicio.
En el exilio, las autoridades fueron las últimas en dar el apoyo. Antes el colectivo de la señora Marí­a Helena Herrera le brindó el respaldo para pasar unos dí­as en su casa, “pues no tení­a ni donde vivir”. Mes y medio pasó en ese refugio Maricela y su familia y posteriormente buscaron medios para sobrevivir y tener recursos para seguir buscando a Gerson Quevedo, así­, ella dispuso de algunos ahorros y prestado para montar un pequeño negocio de venta de comida y es así­ como ha ido sobrellevando la situación.
En estos casi tres años, las autoridades han detenido a tres personas relacionadas con el caso de Gerson y Alan, presuntos integrantes del Cártel de Jalisco, pero ninguno ha aportado elementos suficientes para dar con el paradero del joven o hacerle justicia a su hijo y yerno asesinados.
Lamentablemente hay “corrupción metida en todo el sistema, la impunidad, la colusión, la indiferencia y la falta de sensibilidad de parte de los operadores del sistema y también la burocracia”, dijo Anais Palacios, activista y defensora de los derechos humanos de personas con familiares desaparecidos.
Dice que hay una Ley Estatal de Protección a Ví­ctimas, y "técnicamente, la ley lo contempla (el apoyo a los desplazados), hay un marco legal, pero en lo imaginario, en lo utópico, y han tenido que pasar varias semanas, meses, o años para que les den atención. Marcela Orozco actualmente mantiene una lucha legal para ser reconocida como desplazada y acceder a los beneficios del Estado pues prácticamente también perdió todo por las deficiencias de un gobierno responsable de garantizar la seguridad de ciudadanos.
En muchas ocasiones, se tiene que recurrir a autoridades federales, "redes de apoyo establecidas entre propias familias porque las instituciones solicitan muchos requisitos que las familias no pueden cumplir por su condición de desplazamiento" finalizó Palacios.