Y en una de las conclusiones dice de manera textual: “El Estado se ha venido financiando a través del IPE”.

Y advierte: “Es necesario generar un convenio en términos viables para el Estado (a largo plazo) y que a la vez otorgue al IPE certidumbre en la recuperación de adeudos así­ como el compromiso de aportación fija para perí­odos futuros. Esto permitirá que el IPE pueda planear con mayor certidumbre sus flujos”.

En el capí­tulo de “Situación actual” dice: “La falta de pago de las cuotas por parte del Ejecutivo Estatal y los Organismos, además de ser una violación a la legislación vigente, reduce el perí­odo de suficiencia del IPE”™”™.

Y en un apartado del “Diagnóstico Financiero Preliminar” establece lo siguiente: “Al cierre de abril del 2012, los adeudos del Estado al IPE ascendí­an a 3 mil 673.2 millones de pesos”.

El documento resulta así­, tan contundente como categórico.

El IPE ha sido, es, una especie de caja chica y fondo revolvente para el gobierno del estado.

Y el IPE, hoy, enero 2013, está quebrado, limitado, en declive, con grandes angustias mensuales para el pago de pendientes, entre ellos, las pensiones.

Por eso tantas marchas de pensionados en el tiempo del contador Gonzalo Morgado Huesca como director, pues, además, peleador callejero al fin, intimidaba a los lí­deres de los jubilados diciendo que para el primer trimestre de este año, el IPE tronarí­a, mejor dicho, colapsarí­a, y ni modo, todos ellos quedarí­an a la deriva.

Por eso es que sexenio tras sexenio, el IPE ha quedado acorralada entre la espada y la espada, sin que ninguna gobernador haya tenido voluntad polí­tica, voluntad social, para aplicar una operación quirúrgica económica y financiera definitiva.

COLAPSO “EN BREVE PLAZO”

El despacho Evercore dice en otro rubro: “El Instituto se encuentra en una débil posición financiera. Tomando en cuenta el nivel de reservas, en el corto plazo el IPE no podrá hacer frente al pago de las pensiones”.

Desde luego, Evercore omite anotar lo que significa “corto plazo”, pero la alerta ahí­ está.

Dice: “El IPE debe cambiar la estructura de su sistema de pensiones, la cual debe estar en lí­nea con la viabilidad financiera del Estado”.

Entonces, en el apartado de conclusiones plantea “medidas de corto plazo”, entre otras, las siguientes:

Una: “Realizar un análisis puntual de su posición financiera. Dicha evaluación deberá estar dividida por actividad comercial, de manera que se puedan identificar las áreas de oportunidad, y en su caso, considerar eliminar servicios y/o prestaciones que presionen de manera importante las finanzas de la institución”.

Dos: “Recuperar al máximo la cartera vencida de los préstamos de corto y mediano plazo, con el fin de incrementar lo más posible los ingresos percibidos por este concepto”.

Tres: “Continuar con el esfuerzo de vender los bienes inmuebles que posee el IPE para recuperar liquidez. Debido al elevado número de predios en breña, es posible que muchos de ellos se rematen y se reciba un pago considerable por debajo de lo evaluado”.

Cuatro: “Es irrelevante implementar un cambio en el registro contable del IPE que refleje de manera transparente la posición del Instituto. En este sentido se deberán registrar el total de aportaciones en los ingresos y los pagos por concepto de pensiones, jubilaciones y prestaciones en los egresos, no sólo el déficit resultante”.

Cinco: “La principal medida a tomar en el mediano plazo es la elaboración de una nueva reforma a la ley de Pensiones”.

Seis: “Se deben establecer criterios que en todo momento sean sustentables de acuerdo a las finanzas del Estado. Incrementar los criterios de retiro y abandonar la incursión en actividades mercantiles no rentables, aprovechando todo tipo de eficiencias administrativas. Debido al costo financiero del sistema implementado, la Reforma deberá ser solidaria.

Siete: “Solicitar el apoyo del gobierno Federal, Estatal y de los propios trabajadores (sindicatos), tomando en consideración que por sí­ solo el sistema es inviable”.

Ocho: “El Fondo de Apoyo a la Reforma de Pensiones (FARP) se otorga en tanto las reformas realizadas se asemejen a su equivalente federal (ISSSTE). Sin embargo, a la fecha no existen antecedentes de apoyo financiero brindado a una institución estatal, por lo cual se debe desarrollar un esquema de financiamiento alternativo que no dependa exclusivamente de esta ayuda”.

Presionó Estado al IPE en ingresos

•Disminución de subsidios financieros al Instituto de Pensiones se efectúa de manera discrecional, lo que “impide una correcta proyección de las finanzas”
•Cada gobernador de Veracruz ha influido en el manejo de los recursos del IPE, violentando, incluso, la ley número 20: diagnóstico del Evercore

Luis Velázquez/II
24 de enero de 2013

El solo diagnóstico financiero preliminar y propuestas de corto y largo plazo del Instituto de Pensiones, aplicado por el despacho Evercore, muestra y demuestra la forma con que en cada sexenio el gobierno de Veracruz le ha dado en la torre a las finanzas del IPE.

Y si el IPE ha estado quebrado se debe a la polí­tica sexenal de cada grupo gobernante que ha aterrizado en el poder de manera irresponsable, prepotente y autoritaria.

En sus propias palabras, Evercore escribe lo siguiente:

1.-“Al mes de marzo de 2012, el Instituto de Pensiones (IPE) cuenta con un total de 93 mil 289 derechohabientes en activo y con 22 mil 660 pensionados, que incluye a ambas generaciones de trabajadores.

2.-Con un sistema de beneficios definidos, lo anterior implica que por cada pensionado, existen solo 4 trabajadores aportantes, estadí­stica que se deteriorará en el tiempo, debido al cambio demográfico en la nómina. Dicha disminución en aportantes incrementará las aportaciones estatales necesarias a largo plazo.

3.-Debido a la capacidad del IPE de realizar actividades mercantiles, éste cuenta con edificios para proveer servicios, los cuales han demostrado no ser rentables

4.-Adicionalmente, el Estado ha tratado de cubrir sus adeudos con el IPE a través de la cesión de terrenos, lo cual ha incrementado el activo fijo, restringiendo la liquidez del Instituto. Sin embargo, la venta de los activos suele requerir de esfuerzo administrativo adicional y, dependiendo de su estado, podrí­an venderse en un precio menor al evaluado.

5.-El patrimonio inmobiliario del IPE es alto, considerando que no es un instituto que provea de servicios de salud.

6.-La naturaleza deficitaria de las leyes de Pensiones implica una necesidad en el corto plazo de solidaridad intergeneracional.

7.-La ley número 20 establece la existencia de tres fondos:

a) La Reserva Técnica Especí­fica, donde se reservan los ingresos para el pago de prestaciones de los trabajadores contemplados bajo la ley número 20 (nueva generación), la cual deberá tener al menos el 20% de las aportaciones de los trabajadores que ingresaron al IPE después de 1997.

b) El Fondo de Fortalecimiento de la Reserva Técnica, que intenta cubrir los gastos de la generación de trabajadores y pensionados jubilada bajo la ley número 5 (generación anterior).

c) El Fondo Global, que sirve para la recepción y erogación de los beneficios contenidos en la ley a favor de los derechohabientes”.

DIAGNÓSTICO FINANCIERO PRELIMINAR

8.-“Los ingresos totales se han deteriorado significativamente, con un decrecimiento real entre 2006 y 2011 del 27.4 por ciento, es decir, con una Tasa Media Anual de Crecimiento en el periódico de -6.2%

9.-Dicha contracción se debe a la reducción de los subsidios por parte del Estado, ya que tanto los ingresos de operación como las cuotas patrimoniales, se han elevado en el mismo periodo. La naturaleza discrecional de los mismos impide una correcta proyección de las finanzas del IPE.

10.-Los subsidios realizados por el ejecutivo estatal tienen el fin especí­fico de atender las erogaciones derivadas del pago de pensiones de la generación anterior, debido a la insuficiencia del Fondo de Fortalecimiento de la Reserva Técnica.

11.-Los egresos totales registrados se derivan, en su mayorí­a, del Costo por Déficit en Pensiones. Lo anterior refleja la gran presión en los egresos que ocasionó el rompimiento de la solidaridad intergeneracional, de acuerdo a lo estipulado por la Ley número 20.

12.-El principal componente registrado en los egresos del IPE es el costo por déficit en pago de prestaciones institucionales, que se refiere a las erogaciones ocasionadas por la generación anterior que no se cubrieron con sus propias aportaciones. En teorí­a, este rubro deberí­a ser la contraparte en el gasto de los subsidios provistos por el Estado.

13.-El costo por déficit, aunque ha observado una trayectoria decreciente, con una TMAC 06-11 de -2.5%, ha representado en promedio el 87.9% de las erogaciones del IPE.

14.-Se muestra un ligero crecimiento en los gastos por operación y administración del IPE, que debido a la consolidación de las áreas de negocios, no permite la identificación a detalle de áreas de oportunidad en el control del gasto de administración.

15.-Uno de los principales problemas para la evaluación de las finanzas del IPE es la falta de registro de ingresos y egresos correspondientes a las pensiones, los cuales se registran como movimientos en el Estado de Posición Financiera, pero no pasan por los registros de flujo.

16.-Actualmente se está trabajando en la elaboración de una valuación actuarial con Valuaciones Farell, cuyos flujos podrí­an aclarar la evolución de la dinámica del pago de pensiones y los ingresos por aportaciones.

17.-Si se considera que los registros del IPE son los erogados por éste, es observable como el Costo por Déficit derivado de la Generación Anterior resulta la carga más significativa”.

Trastupije polí­ticos-IPE en Veracruz

•Cada gobernador ha pagado cuotas de la burocracia al Instituto de Pensiones con edificios, estacionamientos, hoteles, cinemas, locales comerciales y predios en breña
•Según el estado en que se encuentran “podrí­an venderse en un precio menor al valuado” advierte despacho Evercore
•Un IPE tronado porque atrás del colapso financiero hay culpables, un Congreso local y un ORFIS sumido y, por tanto, impunidad

Luis Velázquez/y III
25 de enero de 2013

Desde 1967, cuando fuera creado el Instituto de Pensiones de Veracruz, IPE, nació con los vientos adversos, pues la ley número 5 que lo rigió “contempla un esquema muy desbalanceado, favorable para el trabajador y en contra del gobierno del estado”.

Un año después, la ley número 5 fue modificada. Y el IPE pudo realizar “actividades mercantiles para incrementar sus ingresos”. Pero “la rentabilidad de estas actividades ha sido nula, constituyendo una carga más a las finanzas del Instituto”.

Y una carga fue, entre otras, que “el gobierno del Estado ha tratado de cubrir sus adeudos con el IPE a través de la cesión de terrenos, lo cual ha incrementado el activo fijo, restringiendo la liquidez del instituto”.

Así­, de un gobernador a otro se fueron haciendo cambalaches entre el Estado y el IPE. El góber en turno pagaba las cuotas del aparato burocrático, incluidos los organismos, con predios, predios lotificados, predios de uso comercial, edificios, estacionamientos, hoteles, cinemas y locales comerciales.

Y lo peor, terrenos en breña. Vil monte. Sin ningún servicio público. Como si fueran parcelas ejidales en zonas urbanas. Campos para el pastoreo de ganado desde vacuno hasta caballar.

Y el IPE fue tronado desde el gobierno del estado.

Y nunca nadie puso un alto. Ni siquiera, vaya, los diferentes titulares que han pasado por el IPE, ni los lí­deres sindicales. Tampoco, los diputados locales, todos sumisos ante el jefe del Poder Ejecutivo.

Así­, al menos, se deriva del “Diagnóstico Financiero Preliminar y Propuestas de Corto y Largo Plazo” elaborado por el despacho Evercore, que ha solucionado el problema de las pensiones en veinte entidades federativas del paí­s.

Y cuando el IPE despertó a la realidad, un simple coletazo del dinosaurio llamado “déficit de pensiones” bastaba para aniquilarlo, pues “en el corto plazo no podrá hacer frente al pago de” las jubilaciones, ni tampoco, vaya, de los otros pendientes.

Incluso, y dada las circunstancias, dependiendo del estado de los terrenos, “podrí­an venderse en un precio menor al valuado”.

ACTIVOS DEL INSTITUTO DE PENSIONES

Una bitácora de los bienes inmuebles propiedad al IPE, al mes de noviembre 2012, arroja el siguiente resultado:

-En Xalapa, el IPE es dueño de 15 terrenos; en Banderilla, de cuatro; en Emiliano Zapata, dos.

-En el puerto jarocho, uno; en Boca del Rí­o, dos; Alvarado, uno; Chalcatianguis, otro.

-Córdoba, uno; Fortí­n, cinco; Minatitlán, uno; Coatzacoalcos, dos.

Así­, si se considera la disparidad geográfica de los municipios donde cada gobernador fue pagando con terrenos las cuotas al IPE se advertirá, además de como observa Evercore, “una violación a la legislación vigente”, el manejo polí­tico que en el transcurso de los sexenios han dado a la institución.

Con todo el libertinaje del mundo.

Y más, por lo siguiente: existe hasta un local comercial y/o habitacional de 252 metros cuadrados, como en Alvarado, cuyo costo es de 430 mil pesos 416 centavos.

Y en contraparte, en Minatitlán está el predio Matagarrapata, calle Tonatiuh número 42, colonia Cualipan, de 14 mil 886 metros, cotizado en 14 millones 86 mil pesos.

En el puerto jarocho, hay un predio en breña en la calle Elena V. del Toro y Marí­a Malard, colonia Rébsamen, de mil 831 metros, cotizado en 915 mil 530 pesos.

Y en Fortí­n hay un predio lotificado, en las calles Margarita y Av. San Marcial, colonia San Marcial, de 973 metros valuado en 993 mil 270 pesos.

Un edificio del IPE, donde funcionaria en la calle Leandro Valle, zona centro, tiene una superficie de 878 metros cuadrados y se cotiza en 89 millones 192 mil 147 pesos con 40 centavitos.

Otro edificio, conocido como Garnica, en la carretera Xalapa-Veracruz, con superficie de 75,645 pesos fue cotizado en 254 millones 578 mil 354 pesos.

Otro más, el CENDI en la calle Margarita Maza de Juárez, esquipa Primera Privada de Paricutí­n, con superficie de 514.42 metros está cotizado en 3 millones 89 mil 875 pesos.

El hotel Chachalacas, en la playa Chachalacas, con una superficie de 27 mil 160 metros está evaluado en 79 millones 251 mil 222 pesos con 30 centavitos.

El hotel Xalapa, en Xalapa, con superficie de 15,341 pesos valí­a, hacia el 21 de noviembre del año anterior, 241 millones 311 mil 879 pesitos.

Seis locales comerciales en Agua Santa, calle 20 de noviembre, esquina Maestros Veracruzanos, locales 1, 2, 4, 5, 6 y 7, fueron cotizados en 5 millones 257 mil 117 pesos.

En Banderilla, predio en breña, en la calle Cedro, unidad habitacional Magueyitos, de 5 mil 433.38 metros, vale 15 millones 553 mil 639 pesos con 60 centavitos.

En Coatzacoalcos, un predio en breña de 660 metros cuadrados, ubicado en la reserva territorial Duport Ostion, camino a Barrillas, se cotiza en 681 millones 615 mil 894 pesos.

En Boca del Rí­o, un predio de uso comercial, en la avenida Veracruz, esquina bulevar Miguel Alemán, de 2 mil 516 metros fue evaluado en 17 millones 25 mil 331 pesos con 50 centavitos.

Y así­ por estilo.

Bienes inmuebles activos “que necesitan un esfuerzo administrativo adicional para venderse… a un precio menor al valuado” dice Evercore.

DESPIERTAN CODICIA PRIISTA BIENES DEL IPE

Pero que al mismo tiempo, y dado el tráfico de influencias entre los polí­ticos y la servidumbre del Congreso local y la elite priista ejerciendo el poder con sentido patrimonialista, dueños que se creen de la tierra y del mar, edificios, estacionamientos, hoteles, cinemas, locales comerciales, predios en breña, pueden despertar la codicia hasta del más santo de todos ellos…

Y más, si ya de por sí­ el Estado cambalacheando los bienes inmuebles con el IPE restringió su liquidez.

Y más, si ya de por sí­ muchos edificios, cinemas, hoteles (casos Tuxpan y el puerto jarocho, otros más quizá) ”˜”™han demostrado, dice Evercore, no ser rentables”™”™.

Y más si la ley fue ultrajada, restando suficiencia al IPE, y todos los secretarios y subsecretarios de cada gabinete estatal, los asesores, los partidos de oposición, guardaron silencio… a cambio, sin duda, de una “salpicadita”.

Y si de por sí­ el IPE nació bajo la ley número 5 “con un esquema muy desbalanceado”.

Y si de por sí­ “la rentabilidad de las actividades mercantiles ha sido nula, constituyendo una carga más a las finanzas”.

Y si… “el elevado número de prestaciones y las bajas aportaciones hicieron deficitario el sistema de pensiones en Veracruz”.

Y si… “en noviembre de 1996 fue promulgada la ley número 20, que mantuvo el esquema de beneficios definidos, y con lo que se crearon dos generaciones de trabajadores deficitarias”.

Y si… “parte importante de los activos del IPE provienen de otras cuentas por cobrar, es decir, de las aportaciones no transferidas por el Estado de Veracruz”.

Y si… “a pesar de constituir un registro del empleo de recursos, las recuperaciones por realizar… también se encuentras ligadas a un pasivo contingente”.

Evercore dice en el capí­tulo “Ingresos por Aportaciones”:

A pesar de todo, “el IPE se ubica como una de las instituciones de pensiones con mayor contingencia del paí­s”.

Es decir, es como cuando un doctor dice al paciente: “le tengo dos noticias. Una buena y una mala. La mala que está usted enfermo; la buena, que no morirᔝ.

HAY CULPABLES E IMPUNIDAD

Atrás de la ruina económica y financiera del IPE hay culpables.

Directores del IPE: Gonzalo Morgado Huesca, Abel Cuéllar, Antonio Bení­tez Lucho, José Kuri, Emilio Ruz ívila, Jorge Neri Morales, Manuel de León Maza y Óscar Rodrí­guez.

Lí­deres del Congreso local:

1.-De 2000 a 2004, Ignacio González Rebolledo, alternando con Armando José Raúl Ramos Vicarte, José Luis Salas Torres y Alfonso Gutiérrez de Velasco.

2.-De 2004 a 2007, Juan Nicolás Callejas Arroyo, alternando con otros diputados en la Comisión de Vigilancia, Alfredo Valente Grajales, Silvio Lagos Martí­nez, Ramiro de la Vequia y Atanasio Garcí­a Durán.

3.-De 2007 a 2010, Héctor Yunes Landa, alternando en la Comisión de Vigilancia, con Erick Lagos Hernández, Raúl Zarrabal Ferat, íngela Marí­a Perera Gutiérrez, Ví­ctor Alejandro Vázquez Cuevas, Freddy Ayala González y el ex priista Gonzalo Guí­zar Valladares.

4.-2010-2013, Jorge Alejandro Carvallo Delfí­n y Eduardo Andrade Sánchez en la presidencia de la Comisión de Vigilancia.

5.-Directores del ORFIS (Órgano de Fiscalización Superior): Mauricio Audirac y René Mariani Ochoa.

Hay culpables, y también, impunidad.