Yanga, Ver.- Diversos errores y omisiones cometidos en los casi tres años de gobierno prií­sta en el municipio de Yanga, provocaron el descontento social de varios sectores de la población, dando lugar a choques entre grupos polí­ticos que se han gestado en la zona. Un basurero a cielo abierto, la autorización para la instalación de un gaseoducto de una alcoholera y el desinterés por atender una epidemia de chikungunya, que ha dejado cientos de enfermos, junto con otras irregularidades, han provocado la rebelión de la población contra el alcalde Gerson Morales Villanos.

Además, el presidente municipal, amigo del gobernador Javier Duarte de Ochoa, también ha sido criticado por otros asuntos como imponer el cobro de la basura a los propietarios de terrenos, la compra de patrullas último modelo para la Policí­a Municipal, con valor de 1 millón de pesos y el embellecimiento de la ciudad, que aspira a ser Pueblo Mágico, frente a las necesidades de las cerca de veinte localidades con las que cuenta el municipio, muchas de las cuáles reclaman, por ejemplo, dotación del servicio de agua.

En contraparte, el ex alumno del Instituto Tecnológico de Orizaba, también criticado por sus años de activismo de lucha estudiantil, y por haber incluido en su equipo de trabajo a mucha gente de Orizaba y Córdoba, antes que emplear a los vecinos del municipio, se ha defendido con varias obras como la construcción de una escuela para el Centro de Estudios Cientí­ficos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECITEV), para el cual los ejidatarios de la localidad San Joaquí­n donaron un terreno de 2 hectáreas.

También, el dragado del rí­o Seco, que en tiempos de lluvia crece y se desborda, poniendo en riesgo a decenas de familias asentadas en los márgenes, pero además, la inversión en el embellecimiento de la ciudad, que constantemente es visitada por turistas nacionales y extranjeros, muchos de ellos descendientes de razas negras que aún le guardan respeto al Negro Yanga, que encabezó la rebelión de los esclavos contra el yugo español hace 406 años.

A esta zona llega gente que se interesa por las zonas arqueológicas, así­ como las antiguas ex haciendas y un museo con piezas originales, algunas llevadas y traí­das de regreso al continente europeo por los dí­as del conflicto entre Francia y México, por la detención de la ciudadana Florence Cassez. El museo, ubicado en la localidad Palmillas, fue edificado en la administración panista de la ex alcaldesa y ex Comisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí­genas, Sara Marí­a López Gómez.

RECHAZO TOTAL AL GASEODUCTO DE LA ALCOHOLERA

El mes pasado, la alcoholera “Central Energética de Atoyac” y “Destiladora del Golfo, S.A. de C.V.”, propiedad del diputado Salvador Romero Valencia, de Jiquilpan, Jalisco, inició la obra del gaseoducto para abastecerse de gas natural, de los ductos de PEMEX que se ubican en Omealca, provocando el descontento de pobladores de localidades de Yanga, tales como La Concepción o La Concha, y San José del Corral o J.J. Baz.

La alcoholera “Zapopan” inició el proyecto para la introducción de un gasoducto de 6 pulgadas, con una longitud de 22 kilómetros, que la conectará con la estación de Pemex en el municipio de Omealca.

Aunque las autoridades municipales intervinieron para obligar a la empresa a que no instale el ducto a través de la mancha urbana de las localidades mencionadas, existe preocupación e inconformidad de la población, ante el temor a los riesgos que conlleva el proyecto. Desde el mes de marzo pasado, cuando se conoció el proyecto, empezó el malestar de los pobladores de la localidad La Concha.

Según el director de Protección Civil y comandante de la Policí­a Municipal de Yanga, Carlos Samuel Hernández Martí­nez, la empresa “Gasoductos y Estaciones del Norte S.A. de C.V.” habí­a dado a conocer que contaba con todos los permisos para la introducción de un ducto de seis pulgadas de polietileno, que conducirá gas natural desde un ducto de Pemex que se encuentra en Omealca.

Inicialmente, el ducto estaba planeado desde Omealca sobre el derecho de ví­a de la carretera estatal, para a cruzar la comunidad de San José del Corral, llegar a la desviación de Omealca, pasar por Yanga hacia la alcoholera de Zapopan hasta la comunidad La Concepción y continuar hasta la carretera Córdoba-Atoyac, para llegar a la alcoholera.

El pasado 27 de agosto, ejidatarios de La Concha pararon la obra de la construcción del gasoducto, argumentando que aunque la empresa tiene los permisos, ellos temen que ocurra una desgracia cuando quemen los cañales que hay en la zona.

El gasoducto, según explicaron representantes de la compañí­a constructora, no pasará por las comunidades, sino por un tramo federal y no afectará las parcelas. Sin embargo, los ejidatarios pararon la obra, hasta que alguna autoridad cancele los trabajos.

El tubo de seis pulgadas, que a decir de las autoridades municipales cumple con las especificaciones técnicas, y tendrá una vida útil de 35 años, pero también serán instaladas válvulas de seguridad cada 5 kilómetros.

“Queremos que un representante se comprometa a que si sucede algo con nuestras tierras se harán responsables. Cuando quemamos la caña eso es un peligro, el pueblo está a menos de cinco minutos y no queremos desgracias aquí­”, explicó la agente municipal, Santa Barragán Cruz, quien aclaró que hace unos meses el proyecto se habí­a cancelado, pero se reiniciaron los trabajos.

Barragán Cruz, aseguró que el bloqueo seguirá hasta que la empresa realice las peticiones del pueblo, pues “se están metiendo a tierra ajena y no pueden mandar en decisiones que le competen al ejido”.

Los ejidatarios, acusaron que sin autorización de ellos, los trabajadores de la empresa constructora hicieron perjuicios en varias parcelas, como la de Gerardo Barragán, y engañaron a los parcelarios, diciéndoles que la comisariado ejidal, Miguelina Beristáin Rueda, y la agente municipal, Santa Barragán, ya tení­an conocimiento de los trabajos en las parcelas.

OBLIGAN POBLADORES AL ALCALDE A UNIRSE A SU LUCHA CONTRA LA GASERA

Cansados de no ser escuchados, este lunes habitantes de las localidades San José del Corral y La Concepción, así­ como de la cabecera municipal, llegaron al Palacio municipal, para manifestarse y obligar al presidente municipal a que se una a la lucha en contra el proyecto de instalación del gaseoducto de la alcoholera. También pidieron la clausura de un basurero a cielo abierto que se ubica en el campo “Francisco de la Matosa”, y que se atienda el problema de la proliferación del chikungunya, ya que tan sólo en una localidad hay hasta 130 casos de esa enfermedad.

Desde las 11:30 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, decenas de vecinos se apostaron frente al Palacio Municipal, donde con pancartas y una manta de rechazo al gaseoducto, lanzaron consignas contra el gobierno que encabeza Gerson Morales Villanos, a quien acusaron de haber autorizado la obra, que según los afectados será una "bomba de tiempo", que atentará contra sus familias, escuelas y niños.

Tras más de dos horas de permanecer en el sol, los inconformes fueron invitados a pasar a la parte alta del Palacio, para entablar el diálogo.

Varios de los inconformes expusieron los peligros del ducto, al estar enterrado sólo a unos metros de profundad en lugares como la carretera y cañales, que son incendiados para el corte de caña en tiempo de zafra.

Una mujer le reclamó al presidente “ustedes dicen que no hay problema, me dijeron que nos iban a dar un seguro de vida, yo lo que quiero es vivir, no morirme”. Otro manifestante, la secundó “para qué buscan problemas, van a querer pagar la muerte de un padre, un hijo, un hermano o un abuelo”.

Al reprocharle que debe velar por los intereses del pueblo, los inconformes prácticamente obligaron al presidente municipal a manifestarse en contra del proyecto, y aunque argumentó que se trata de un asunto que fue autorizado por el gobierno federal y pidió la presencia de un ingeniero encargado de la obra, para que explicara el proyecto, al final el alcalde tuvo que aceptar que se sumaba a la demanda ciudadana.

“Si ustedes dicen que me sume a su demanda de no al gaseoducto, pues me uno”, comentó el alcalde, mientras uno que otro le recriminaban “no lo decimos nosotros, lo tienes que decir tú, convencido, que eres nuestro representante”.

También, se comprometió a resolver el problema del basurero y a intervenir en las campañas para combatir al mosco chikungunya.

Durante el movimiento, los inconformes amenazaron tomar el Palacio, o destruir con maquinaria la tuberí­a del ducto, que ya fue instalada.

"Si no nos pone atención la autoridad, vamos a tomar cartas, el pueblo ya tiene preparado todo, vamos a garrar la maquinaria y romper la tuberí­a, también nosotros tenemos ingenieros y maquinistas", aseguró, Joaquí­n Zamudio Caballero, vecino de Yanga.

Por su parte, Jorge Huerta González, quien encabezó el movimiento, expuso que "los ciudadanos de Yanga no hemos tenido respuesta del Ayuntamiento, porque quieren introducir el gasoducto que es una bomba de tiempo, los vecinos no quieren eso; lo único que queremos es que se tome en cuenta al pueblo, no nos oponemos al progreso, sino que queremos que cuando vayan a hacer algo nos avisen. Aquí­ se requiere un parque industrial, y si van a hacer obras que hagan buenas obras, el alcalde ha estado embelleciendo la cuidad, pero eso no es prioritario".

Indicaron que el basurero a cielo abierto que se ubica de la unidad deportiva infantil “Francisco de la Matosa, es un foco de infección, es una vergí¼enza que vayan niños a jugar ahí­ y esté el basurero, queremos que lo remuevan; y que la cuadra principal del parque de Yanga se reabra, para la gente se estacione cuando viene a hacer sus compras, porque no tenemos donde estacionarnos y aquí­ no es una ciudad tan grande como para que prohí­ban estacionarse frente al parque".

INAUGURARON CAMPO INFANTIL DE BÉISBOL, JUNTO A BASURERO

El 10 de noviembre del año pasado, fue inaugurado el campo infantil de béisbol en la unidad deportiva “Francisco de la Matosa”, ubicada a un costado de la carretera federal Córdoba-Veracruz. A unos 50 metros, se encontraba un basurero a cielo abierto, creado por el gobierno municipal, con miras a establecer un relleno sanitario.

Los olores fétidos y la presencia de aves de carroña, evidenciaron el tiradero, ante los Cientos de personas, entre civiles, autoridades locales, estudiantes de diversas escuelas y niños de los equipos de béisbol infantil, de la Liga “Aguilitas”, que participaron en el evento encabezado por del gobernador Javier Duarte de Ochoa, el senador Héctor Yunes y funcionarios federales, entre ellos la diputada por el distrito de Tierra Blanca, Marcela Aguilera Landeta.

Según las autoridades municipales y estatales, el nuevo campo de béisbol infantil valuado en 2.7 millones de pesos, cuenta con pasto sintético, y es el primero de este tipo en la región, para el cual la Secretarí­a de Desarrollo Agrí­cola, Territorial y Urbano (SEDATU) invirtió el 60 por ciento de los recursos, y fue proyectado para ser una unidad deportiva en conjunto con el campo antiguo que se ubica cerca.

Ese dí­a estuvieron presentes funcionarios de Gobierno estatal, personal de la Secretarí­a de Desarrollo Agrí­cola, Territorial y Urbano (SEDATU), del Comité Regulador de la Tenencia de la Tierra (CORETT) y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO).

NO HA APORTÓ AYUNTAMIENTO LA BRIGADA DE SALUD CONTRA DENGUE

A pesar de que las autoridades sanitarias ordenaron el arranque de la campaña preventiva contra el dengue y el llamado chikungunya, las autoridades municipales no aportaron la brigada para realizar la limpieza de patios y fumigación de casas, según dieron a conocer fuentes cercanas a la Jurisdicción Sanitaria número VI de Córdoba.

Información obtenida, señala que tras descubrirse dos casos de dengue hemorrágico en la localidad J.J. Baz o San José del Corral -donde actualmente los vecinos afirman que la cifra llegó a unos 130 casos-, además de otros brotes en la cabecera municipal, el departamento de epidemiologí­a de la Jurisdicción Sanitaria número VI, decretó un cerco preventivo por lo que emitió una alerta y solicitó la intervención de las autoridades para emprender las acciones de combate a la enfermedad.

Por parte de las autoridades sanitarias, fue proporcionado material consistente en abate, para el tratamiento de las aguas de uso doméstico, y también se requirió que el ayuntamiento integrara una brigada de cuando menos cinco elementos, pagados por él mismo, a fin de realizar las acciones de limpieza de patios y descacharrización de predios urbanos, para combatir la proliferación y reproducción del mosco Aedes Aegypti o “mosco transmisor del dengue”.

Sin embargo, al transcurso de las semanas y meses, las autoridades municipales no habí­an dispuesto del personal de brigada, ni de los apoyos para el combustible de los vehí­culos que serán utilizados en las labores de fumigación de los predios y viviendas.

Una fuente del sector salud estableció que “lo que se pidió al Ayuntamiento fue una brigada de cinco personas; pero no la han aportado, sólo informaron que apoyarí­an con gasolina y una camioneta que irí­a detrás del camión recolector, recogiendo las llantas usadas, pero hasta el momento hay brigada”.

La misma fuente, que solicitó el anonimato, estableció que a diferencia de Yanga, en otros municipios las autoridades han colaborado incluso con la compra de varias bombas fumigadoras, para el mejor desempeño de las brigadas anti-dengue.

EN DICIEMBRE, ALCALDE COMPRÓ DOS CARROS ÚLTIMO MODELO PARA PATRULLAS

El 28 de diciembre del año pasado, dos dí­as antes de rendir su informe de labores, el alcalde de Yanga, Gerson Morales Villanos, compró dos vehí­culos de lujo para utilizarlos como patrullas; un Camaro y una Cheyenne que fueron compradas por recomendación de la Secretarí­a de Marina Armada de México.

Pero, además, el muní­cipe reconoció que pagaron un millón 50 mil pesos por las dos unidades, ello a pesar que su presupuesto anual aprobado por el Congreso del Estado es de tan sólo 32 millones de pesos.

“Son vehí­culos con mayor potencia, por recomendación de la Marina, debido a que es necesario contar con patrullas más potentes, porque muchos de los auxilios son en la carretera federal y los vehí­culos convencionales que funcionan como patrullas no logran alcanzar los vehí­culos de los delincuentes“ justificó.

Entrevistado luego de haber rendido su primer informe de Gobierno, afirmó que las dos unidades serí­an pagadas con las partidas presupuestales en los meses de febrero y marzo del año 2015 y aclaró que la compra la realizó porque “no escatimarí­a recursos para la seguridad”.

“En total son un millón 50 mil pesos, y serán destinados al área de Seguridad Pública; estos vehí­culos fueron escogidos para la Policí­a, porque son de respuesta rápida, en esta zona han ocurrido varios hechos delictivos, por eso se requiere que la Policí­a llegue en menos de 15 minutos“ aseguró.

En esa ocasión, medios de comunicación nacionales criticaron al muní­cipe, al señalar que Yanga es un pequeño municipio rural de no más de 17 mil habitantes, asentado en la zona montañosa central de Veracruz, con una gran población indí­gena y vocación agrí­cola, y a pesar de eso el muní­cipe adquirió el Chevrolet Camaro y una Cheyenne para utilizarlos como patrullas.