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8 Columnas
Viernes 17 octubre, 2025

País desamparado


Francisco Ortiz Pinchetti/Tomado de Sin Embargo

Decir que México y los mexicanos vivimos en el desamparo es hoy mucho más que una figura retórica o un recurso efectista para la crítica. Me parece que la primera quincena de este octubre ha marcado un punto de inflexión en la vulnerabilidad social e institucional del país,...

determinada por la simultaneidad de tres crisis estructurales: un desastre hidrometeorológico de gran escala, una violencia criminal política sin contención, y una modificación legislativa que restringe las garantías constitucionales.

Esta triple emergencia ha configurado un estado de indefensión ciudadana.

La crisis climática, si bien originada por fenómenos naturales, ha manifestado la insuficiencia de la infraestructura y graves omisiones en la previsión gubernamental. Los sistemas de baja presión y la influencia de remanentes tropicales han generado lluvias torrenciales que en la última semana causaron, además de daños materiales incalculables y la pérdida de su patrimonio a miles de familias, 70 personas fallecidas y 72 desaparecidas, confirmadas por las autoridades federales hasta el 16 de octubre. Luego del “no digas municipios afectados” ordenado por la Presidenta al Secretario de Salud, se supo que fueron 111 municipios, con más de 100 mil viviendas afectadas (cifra preliminar), según las propias fuentes presidenciales.

Y ya no hay Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), porque lo suprimió AMLO en 2021. Sus fondos remanentes (alrededor de 25 mil millones de pesos) fueron transferidos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), donde… se diluyeron.

El impacto de la devastación del fin de semana anterior se concentró geográficamente, con Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí como las entidades más golpeadas, donde miles de viviendas han resultado dañadas y se han documentado cortes en la red carretera federal y estatal. La magnitud de la emergencia demandó la activación del Plan DN-III-E y la intervención masiva de las Fuerzas Armadas.

El estado de Guerrero ha figurado prominentemente también –otra vez-- en la lista de entidades afectadas. En el municipio de Zihuatanejo se registró una precipitación máxima puntual de 151 milímetros, lo que saturó rápidamente el sistema de drenaje y provocó inundaciones en zonas urbanas y costeras.

La autoridad estatal se vio obligada a decretar la suspensión de clases en diversas regiones, una medida preventiva que subraya el riesgo de deslaves e inundaciones, y a mantener el cierre de puertos ante el incremento del oleaje. Los daños materiales exponen la falta de inversión en obras de mitigación y prevención, haciendo que cada temporada de lluvias se traduzca en una crisis humanitaria predecible.

La respuesta al desastre se vio opacada por la intromisión del crimen organizado. Organizaciones delictivas han sido documentadas, inclusive con fotografías, distribuyendo ayuda y donaciones a los damnificados en varias zonas afectadas. Este acto, si bien reviste la forma de auxilio social, constituye una afrenta directa al Estado y una demostración de control territorial efectivo, obligando a la población a reconocer una autoridad paralela. La cooptación de la asistencia es un síntoma de la fragilidad institucional y del vacío de gobernanza que el crimen aprovecha para consolidar su base social. Digo.

Paralelamente a la emergencia climática, la crisis de seguridad mantuvo una escalada de violencia política que subraya la fragilidad del pacto social. El país sigue registrando un alto índice de homicidios dolosos, más de medio centenar cada día, en promedio. La contundencia de esta crisis se manifestó con la ejecución de Gabriela Mejía, exalcaldesa (2021-2024) y actual regidora del municipio de Cuauhtémoc, Colima. La política, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue asesinada a balazos el martes 14 de octubre de 2025 en un ataque directo, incrementando la cifra de funcionarios y aspirantes a cargos públicos víctimas de violencia.

Reportes de organizaciones civiles como Integralia Consultores y Data Cívica indican que, en el año 2025, se han documentado más de 136 asesinatos de figuras políticas o aspirantes a cargos de elección. Este patrón de ejecuciones de alto perfil en entidades como Colima, que persiste sin una estrategia de contención eficaz, evidencia la capacidad del crimen organizado para influir y desestabilizar la vida pública.

A todo lo anterior se suma nuestro desamparo en el ámbito legal, a raíz de una aberración jurídica que a juicio de los especialistas compromete las garantías procesales. La Cámara de Diputados aprobó, en la madrugada de este miércoles 15 de octubre, la controvertida reforma a la Ley de Amparo promovida desde la Presidencia de la República. Esta modificación, que ya fue aprobada también por el Senado, tiene como objetivo principal la restricción de la suspensión provisional y definitiva con "efectos generales" cuando se impugna la inconstitucionalidad de una norma.

La restricción implica que la defensa legal de un ciudadano contra una ley que considera violatoria de la Constitución se limitará al caso individual, impidiendo que la resolución judicial beneficie a toda la población afectada por la misma norma. La reforma afecta directamente controversias de alta sensibilidad pública, incluyendo aspectos de recaudación fiscal, deuda pública y el congelamiento de cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La premura y la contundencia de esta acción legislativa, en un contexto de crisis, han sido criticadas no sólo por legisladores y dirigentes de la oposición, sino también por juristas y académicos reconocidos, al considerar que se vulnera la función esencial del Juicio de Amparo como un mecanismo de control de constitucionalidad y defensa colectiva.

Esta limitación del recurso legal representa un nuevo repliegue del Estado de Derecho, restringiendo la capacidad de la ciudadanía para frenar actos de autoridad que se consideran arbitrarios o inconstitucionales.

La suma de una catástrofe humanitaria con fallas de previsión, la impunidad en las ejecuciones de alto perfil que desestabilizan el orden político, y una reforma legal que acota las herramientas de defensa ciudadana, configura un escenario de máxima vulnerabilidad social.

El ciudadano mexicano, en octubre de 2025, se encuentra en la intersección de una crisis multidimensional que requiere acciones correctivas urgentes y de fondo en materia de inversión en infraestructura, seguridad y respeto a los equilibrios jurídicos institucionales. Literalmente, vive des-amparado. Válgame.

DE LA LIBRE-TA

CAMINITO DE PALENQUE. También en materia de comunicación social, la Presidenta ya sigue puntualmente la línea trazada por el patrón tabasqueño. Pa’pronto desestimó las críticas de medios, intelectuales y especialistas a la reforma de la Ley de Amparo, descalificándolas por ser "campaña de calumnias" y "golpeteo político". Adoptando la retórica de su antecesor, en lugar de desmentir con datos ciertos y comprobables la mandataria afirmó que la oposición a la ley proviene de "los que tienen más recursos económicos" y "grandes deudores fiscales" que buscan "abusar del amparo" para retrasar la justicia, desdibujando así las preocupaciones técnicas y legales como una simple defensa de privilegios. Más de lo mismo, pues.


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