con la descalificación a medios y periodistas que difundían informaciones adversas, que nunca por cierto desmentía.

Desde el púlpito presidencial se acusó de manera cotidiana –y prepotente, abusiva— no sólo a los intelectuales y analistas críticos sino también a informadores, reporteros de medios más o menos independientes de estar al servicio de los ricos y poderosos, de los “adversarios” de la autollamada cuatroté. Con generalizaciones que agraviaron a nuestro gremio, además, se les tildó de "fifís", "neoliberales", “corruptos”, "ardidos por el chayote perdido".

Por años, esta estrategia de comunicación, lanzada desde las conferencias matutinas del Presidente, funcionó como un escudo impenetrable: cualquier investigación o reportaje crítico era automáticamente descalificado como un mero "ataque" orquestado por la "mafia del poder", anulando la necesidad de desmentir los hechos con información cierta.

La fórmula ha sido seguida --sin igual habilidad-- por la sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo. Con menos encono, es cierto, se ha calificado otra vez como “ataques” todas las informaciones lesivas a su Gobierno. A menudo escapa acaso con el expediente fácil del “vamos a investigar”, a sabiendas de que la supuesta indagatoria no llegará a ninguna parte.

Sin embargo en el último año esta fórmula ha encontrado su límite. La acumulación de evidencias de corrupción y despilfarro ha alcanzado una masa crítica que la retórica ya no puede contener. Las revelaciones que el gobierno calificó de "dolosas" y "falsas" se están confirmando una a una, socavando la credibilidad del proyecto en sus cimientos.

El quiebre más dramático se observa en la erosión de la fe en las instituciones de seguridad. El escándalo del "Huachicol Fiscal" es el ejemplo paradigmático: la corrupción no sólo sobrevivió a la transferencia de las aduanas a la Secretaría de Marina (Semar), sino que la penetró a los niveles más altos de una institución antes valorada por su solvencia moral. Las detenciones de un vicealmirante y otros marinos en activo, inmersos en una red de contrabando masivo de combustible, confirman que el problema es estructural y no una invención periodística. La contundencia de estos hechos judiciales ha demostrado no sólo la gravedad de involucrar a las Fuerzas Armadas en misiones que les son ajenas, sino también la inutilidad de la estrategia gubernamental de desviar la atención hacia la prensa, pues la evidencia del fraude multimillonario, que golpea directamente las finanzas públicas, ha emanado de las propias estructuras del Estado.

Tras las detenciones de marinos y exfuncionarios de Aduanas vinculados al contrabando de combustible, la investigación se extendió a posibles redes de protección. Se reportó que esta línea de investigación implicaba a individuos del círculo cercano a los hijos del expresidente. En este contexto se conoció de la solicitud de un amparo para los hijos del exmandatario, lo que no ha quedado suficientemente aclarado a pesar de la rotunda negativa de los involucrados, en los que cada día menos creen.

Este fenómeno de colusión de alcances sin precedente, que aún no conocemos del todo, se suma a otro escándalo: el caso Tabasco, la cuna política del movimiento, el terruño de López Obrador. Las acusaciones contra Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad Pública de la administración de Adán Augusto López Hernández como Gobernador de ese estado por proteger y encabezar a un grupo criminal, han expuesto una vulnerabilidad grave en la cadena de mando, que se confirman con su detención y procesamiento. El asunto se complica –o adquiere pleno sentido- con el hecho de que Adán Augusto fue Secretario de Gobernación de AMLO y luego impuesto por éste como actual coordinador de la bancada oficialista en la Cámara de Senadores.

El tráfico de influencias que ha rodeado a los hijos del expresidente, Andrés y Gonzalo López Beltrán es una crítica persistente y documentada que ha comprometido como pocos temas la promesa de austeridad. Medios independientes han expuesto la existencia del llamado "Clan," una red de amigos cercanos, donde sobresale la figura de Jorge Amílcar Olán Aparicio, que habría operado como facilitador de contratos millonarios en obras prioritarias como el Tren Maya, aprovechando su cercanía al poder. Otro miembro de esa red sería el empresario Daniel Asaf Manjarrez, exjefe de ayudantes de AMLO, ojo, hoy Diputado Federal.

Esta actividad lucrativa se complementa con la evidencia de un estilo de vida bien ajeno a la "pobreza franciscana”, exhibido en viajes a destinos exclusivos, asistencia a restaurantes y otros sitios de alto nivel, y la posesión y ostentación de artículos de lujo. Es esa la otra gran grieta en la narrativa es la incongruencia moral del círculo de poder. La bandera de la "Austeridad Republicana" ha quedado reducida a una frase vacía por la ostentación de los cuadros del gobierno y sus familiares.

Las investigaciones que detallan los viajes a destinos exclusivos (como Japón), las propiedades de lujo, las colecciones de relojes de alta gama y el uso de artículos de diseñador por parte de funcionarios de alto nivel y los hijos del expresidente han confirmado que la austeridad no fue una norma de conducta.

La prensa documentó la existencia del "Clan" y el presunto tráfico de influencias familiar en proyectos federales, y la respuesta sistemática fue el ataque a los mensajeros; hoy, esa evasión no logra ocultar la evidencia de un enriquecimiento que resulta inexplicable con los ingresos de la función pública. Las investigaciones sobre el "Clan", que detallan el presunto tráfico de influencias y la red de amigos que obtuvieron contratos millonarios en obras federales prioritarias —un esquema negado y calificado de "ataque" en su momento—, no han cesado.

Finalmente, la controversia sobre Beatriz Gutiérrez Müller y España simboliza el colapso discursivo. La solicitud de la nacionalidad española bajo la Ley de Memoria Democrática, un acto que requiere jurar fidelidad a la Corona, entra en contradicción directa con el activismo de la académica para exigir la disculpa del rey por la Conquista. Que la esposa del líder que más criticó al Reino de España se acoja a sus beneficios legales para facilitar la posible residencia de su hijo en Madrid y sus estudios en la Universidad Complutense, es una incongruencia que no necesita ser probada por la prensa para ser evidente. La realidad de la acción, al ser legalmente verificable, ha hecho irrelevante la defensa gubernamental, dejando al descubierto que la austeridad y la convicción ideológica han resultado ser un estándar flexible para los miembros de la clase política que prometió el cambio.

Afloran también, cada vez con mayor precisión, cifras del sobrecosto documentado en las obras prioritarias del Gobierno anterior. El presupuesto inicial para el Tren Maya, por ejemplo, se estimó entre 120 mil y 156 mil millones de pesos al inicio del sexenio. Las estimaciones más recientes de organismos independientes y cifras reportadas por la propia Secretaría de Hacienda elevan el costo total a más de 500 mil millones de pesos, --¡medio billón!--, lo que representa un sobrecosto de más del 228 por ciento respecto a la cifra original.

Este incremento exponencial de los costos se dio en un contexto de opacidad administrativa, ya que la información del proyecto fue clasificada como de "seguridad nacional," lo que blindó de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del escrutinio público los contratos, y las razones de las modificaciones al trazo y la ingeniería.

En esencia, la estrategia de descalificación sistemática se aproxima a su a su fecha de caducidad. Los hechos —las detenciones, las acusaciones judiciales, la ostentación documentada y las acciones personales incongruentes— demuestran ser más fuertes que cualquier epíteto lanzado desde el poder. Gran parte de lo que se llamó "ataque" o "falsedad" no era sino un reporte preciso de la persistencia de la corrupción estructural en la clase política que prometió combatirla.

Y lo que nos falta por saber. Válgame.