En la Ciudad de México, en cambio, el silencio es más rentable. La gentrificación, contra lo que dicen las autoridades, no sólo es tolerada, es cortejada, impulsada y, en algunos casos, premiada.

La gentrificación no es un concepto europeo. Tampoco es exclusivo de Berlín, que ha vivido varios procesos de renovación urbana desde finales de la Segunda Guerra Mundial, o Nueva York, con Soho y el barrio de Meatpackers como sus íconos, o Barcelona, donde las Olimpiadas de 1992 transformaron al medieval Barrio Gótico.

La gentrificación es el nuevo rostro del despojo urbano, donde las grandes ciudades han convertido barrios populares en zonas de moda, con el desplazamiento silencioso de quienes los habitan, y gobiernos que, entre su retórica social y la rentabilidad turística, prefieren mirar hacia otro lado.

Aunque llegamos tarde al fenómeno –apenas en los 90–, no fue sino hasta el viernes pasado cuando una protesta de vecinos de las colonias Roma, Condesa y Doctores, donde más ha sufrido el tejido comunitario, tuvo expresiones xenofóbicas contra estadounidenses y de violencia. Lo cosmético ha escondido el fondo. Son inaceptables esas manifestaciones –que no son ajenas al mundo–, pero su condena no debe esconder el porqué de su frustración.

La explosión del fenómeno comenzó en las colonias de clases medias, bajas y obreras, con Andrés Manuel López Obrador, que cinco días después de asumir la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2000, emitió el Bando 2 que prohibía la construcción de conjuntos habitacionales y desarrollos comerciales en nueve de las entonces delegaciones (Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco), con el fin de preservar zonas de conservación y acuíferos, y autorizaba y promovía el desarrollo urbano en otras cuatro (Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza), con la intención de repoblar el gran centro de la capital, que había perdido 1.2?millones de habitantes en 30 años.

López Obrador lo planteó como un instrumento para “revertir el crecimiento desordenado” de la mancha urbana, “preservar suelo de conservación” y promover la vivienda social en las zonas centrales. No fue así. Provocó un boom inmobiliario en el centro, con un fuerte aumento del valor del suelo urbano y desarrollo vertical masivo, principalmente de vivienda media y alta, desplazando a la población de menos recursos.

Los costos se volvieron inaccesibles para las clases populares, que fueron expulsadas a municipios conurbados con el Estado de México e Hidalgo, a vivir en ciudades dormitorio. El bando buscaba generar vivienda popular, pero alrededor de 95% de los nuevos desarrollos fueron de interés medio o alto, y sólo un restante 5% realmente social.

La gentrificación modifica profundamente las caras de las ciudades. En Berlín, los barrios Neukölin y Kreuzberg, oscuros y lúgubres cuando el muro establecía sus límites, son zonas en donde jamás se imaginaría el terror que causaban, hoy transformadas con hoteles, restaurantes y tiendas de lujo, entretenimiento y cafés inaccesibles para sus pobladores originales, como sucedió en los barrios de Barcelona que fueron regenerados, expulsando a los obreros y adultos mayores que los habitaban. En Soho, lo que antaño fueron bodegas, hoy son costosos lofts, galerías, restaurantes y tiendas de lujo.

En todos lados, la mecánica de la gentrificación es la misma: abandono del Estado, llegada de capital privado, un discurso de modernización, aumento de la plusvalía y desplazamiento. Incluso en China, donde la gentrificación ha sido administrada e impuesta por el régimen, la conversión de sus ciudades ha sido salvaje, como en el barrio Dashilan, al suroeste de la Plaza Tiananmén, en Pekín, donde los hutongs de la era de la Dinastía Ming, renacieron en tiendas de lujo, galerías y restaurantes para la burguesía local e internacional. Lo que se ha presentado como regeneración urbana es, en realidad, un proceso sistemático de exclusión disfrazado de cosmopolitismo.

Es el doble discurso de la gentrificación. Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al fenómeno y dijo, correctamente, que era producto de la especulación inmobiliaria. Pero, como jefa de Gobierno de la capital, firmó un convenio con Airbnb en 2022 para impulsar el “turismo creativo”, que atrajera a los nómadas digitales. Tuvo éxito: en cinco años, el valor de las propiedades y alquileres se incrementó en 50% en las colonias de donde salió la protesta el viernes, y lo que antaño una persona pagaba al mes, ahora se cobra al día.

Sin embargo, la gentrificación en sí misma, no es negativa. Al aumentar la inversión privada y elevarse la oferta cultural y gastronómica, hay mayor vigilancia, sube el empleo y la inversión en infraestructura. Pero para evitar desplazamientos y dejar a quienes menos tienen en la intemperie, se requieren políticas públicas, no discursos cosméticos y clientelares, como estamos escuchando estos días.

En Berlín, el Estado frenó a las grandes inmobiliarias, limitó Airbnb a residencias principales, congeló rentas por cinco años y apoyó un referéndum para expropiar más de 200 mil viviendas en manos de corporativos.

En Barcelona, se prohibieron alquileres turísticos para 2028. En 2023, una asesora de Sheinbaum dijo que no había evidencia de que Airbnb desplazara a los habitantes en las zonas donde había más oferta, y se congelaron regulaciones para las plataformas. En abril de 2024, el Congreso aprobó una serie de medidas para contrarrestar el fenómeno, mediante un padrón de anfitriones, un límite de tres propiedades por persona y un tope de seis meses de renta anual. Pero no se ha aplicado.

Las tres ciudades comparten una tensión fundamental: ¿La vivienda es un derecho o un activo financiero? Berlín y Barcelona han intentado defender lo primero. La Ciudad de México aún no se decide. Los gobiernos federal y capitalino presumen su vocación social, pero protegen con sigilo los intereses del mercado. El resultado es una ciudad cada vez más desigual, más vacía en sus barrios centrales y más expulsiva para quienes ganan en pesos.