Unidos sin pruebas ni evidencias, porque les beneficiaban. Pero al utilizarse el mismo recurso para imputar a los suyos, como sucedió la semana pasada cuando el Departamento del Tesoro acusó a Vector, la casa de bolsa ligada a Alfonso Romo, de lavar dinero para los cárteles de las drogas, la presidenta no sabe cómo salir. Terminó una pésima semana para Sheinbaum frente a Estados Unidos, pero hoy inicia una más, donde nadie sabe si el gobierno de Donald Trump volverá a la carga, le pondrá un bálsamo, o le regale unos días de respiro para recomponer su figura.

El gobierno de Trump le dio un golpe contundente al régimen al vincular por primera vez al Cártel de Sinaloa con un funcionario del círculo íntimo del expresidente López Obrador. Romo, que durante años fue el enlace y recaudador de fondos para López Obrador con el sector privado, fue recompensado con la jefatura de la Oficina de la Presidencia al arrancar su sexenio. Vector Casa de Bolsa, que compró y sigue siendo parte de un grupo de empresas del que es presidente honorario, fue imputada de haber lavado dinero del crimen organizado y facilitado el tráfico ilegal de fentanilo de China a Estados Unidos.

Sheinbaum intentó una batalla pírrica para neutralizar la acusación, utilizando los mismos recursos de su antecesor: negó todo, lanzó campañas en las redes sociales para desviar la atención, e incluso, pese a que durante meses se deslindó del debate sobre el pago de impuestos del empresario Ricardo Salinas, aduciendo que estaba en la cancha de la Suprema Corte de Justicia, le dedicó el viernes un largo espacio en su mañanera, y 10 láminas sobre su ingeniería financiera. No valió de nada. La relación Romo-López Obrador sigue en el centro de la conversación pública y ese vínculo ha sido destacado en la prensa internacional.

Sheinbaum se ha quedado sin palabras persuasivas. Las que repite casi todos los días, se han vuelto un galimatías que deja cejas levantadas. ¿Alguien puede explicar cómo lanzó un discurso sobre soberanía, independencia, acompañada de la frase trillada de que “a México se le respeta”, como reacción al Departamento del Tesoro, cuya acusación fue a tres instituciones privadas? Sin embargo, no fue su única salida fallida en la semana donde agarraron a su gobierno de punching bag.

A una pregunta sobre el peligro de Irán para Estados Unidos en una audiencia en el Senado, Pam Bondi, la fiscal general que fue parte del equipo legal de Trump cuando el gobierno de Joe Biden lo quiso meter a la cárcel, respondió que ese país, como Rusia, China y México, eran “adversarios” de Estados Unidos. Sheinbaum respondió que estaba mal informada, y para demostrarlo, su gobierno difundió un comunicado sobre el encuentro de los secretarios de la Defensa y la Marina con el jefe del Comando Norte una semana antes. Aunque Bondi resultó no ser la desinformada: tras esa reunión, el Comando Norte agregó dos zonas bajo control militar cerca de la frontera con México, en Texas y Arizona, contra la migración indocumentada y el tráfico de fentanilo.

Cuando Sheinbaum defendió a las instituciones financieras imputadas, aseguró que no había pruebas y que por la misma razón, en el primer mandato de Trump, tuvo que liberar al general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa, acusado de recibir sobornos del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. En realidad, al general no lo liberaron por falta de pruebas, sino, como dijeron los fiscales que llevaban su caso, por razones políticas –un ultimátum de López Obrador de que o lo liberaban, o cortaría toda la cooperación en materia de seguridad, que de cualquier forma hizo–, pero que no cancelarían la investigación.

Lo que ha alegado Sheinbaum a favor del general y las tres instituciones financieras, es lo contrario a lo que dijo sobre el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado y sentenciado a partir de los testimonios de los criminales a los cuales encarceló, que no aportaron ninguna prueba a sus dichos, que se contradijeron y cometieron perjurio. A él, condenado con los mismos alegatos endebles empleados contra Cienfuegos y Romo, la presidenta lo juzgó. Ahora grita injusticia ante lo que está pasando.

Negar siempre lo que afectaba su narrativa y cuestionaba al gobierno resulta en todos los casos, salvo cuando se trata de temas relacionados con el narcotráfico y señalamientos que involucran a las figuras del obradorismo, que es lo que sucedió con los golpes repetidos de la semana pasada. No sólo pegaron debajo de la línea de flotación, sino que colocó en el centro del escenario a López Obrador, por la vía de Romo y Vector. El gobierno quiso blindar a Vector, pero no pudo. No lo incluyó en el primer anuncio de la Secretaría de Hacienda que había intervenido a CIBanco e Intercam, bajo el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito que no se aplica a casas de bolsa, pero se vio forzado a actuar también contra Vector, bajo la Ley del Mercado de Valores.

La vinculación de López Obrador con Romo y el señalamiento que lo liga con el Cártel de Sinaloa, sea cierto o no, pegó en el núcleo duro de la cuatroté. La maquinaria de propaganda del régimen, que maneja Jesús Ramírez Cuevas, exvocero presidencial y actual coordinador de asesores de la presidenta, se enfocó en la relación entre García Luna y Vector –una estupidez estratégica que se mostrará en este espacio–, y en un nacionalismo acartonado que se convirtió en búmeran. Lo más significativo, el mini editorial de La Jornada en su contraportada, Rayuela, que apuntó el jueves: “Todo lo que hay que hacer –posible o imposible– con tal de quedarse Estados Unidos con el negocio del narcotráfico en México”. La traducción empírica sería: el negocio no es de Estados Unidos sino del gobierno de México. Parecería que sí, aunque en realidad no lo sea.