Claudia Sheinbaum Pardo ha manifestado un compromiso explícito con la salud pública, abordando problemáticas que los gobiernos pasados relegaron durante décadas. Como parte de su programa, instauró los lunes de la “Mañanera del Pueblo” como el día oficial para informar sobre temas de salud; en su momento subrayó que México vive una epidemia de hipertensión, diabetes y obesidad, la cual exige atención prioritaria. Esta preocupación se sustenta en las cifras oficiales de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2020-2023, que revelaron que 5.7 millones de niñas y niños de cinco a once años padecían de obesidad, mientras que el número ascendió a 10.4 millones en el grupo de 12 a 19 años.

No obstante, los esfuerzos para combatir esta problemática han encontrado un obstáculo constante en las corporaciones que distribuyen productos ultraprocesados, cuya principal motivación radica en proteger sus millonarias ganancias, a costa del bienestar colectivo y la salud pública. De acuerdo con datos de Liliana Bahena, coordinadora de la campaña “Mi escuela Saludable”, existen más de 16 amparos de las industrias refresqueras contra los lineamientos establecidos, estrategia que refleja su resistencia a todo aquello que limite su riqueza comercial.

Es necesario que estos recursos legales se rechacen, ya que la salud de las infancias no puede estar sujeta a las fluctuaciones del mercado ni a los intereses corporativos que buscan normalizar el consumo de productos dañinos.

Con el fin de implementar correctamente esta legislación, el gobierno federal determinó que, del 21 de marzo al 4 de abril, llevará a cabo capacitaciones dirigidas al personal académico y a los expendedores de alimentos de las distintas instituciones educativas del país, para socializar el temario de los productos permitidos y prohibidos. Sin embargo, esta medida no exime al Estado de su responsabilidad de realizar monitoreos constantes para asegurar el cumplimiento de la norma, por ello, resulta imperativo que las autoridades fortalezcan los mecanismos de vigilancia y apliquen sanciones a quienes incumplan las disposiciones vigentes.

La instauración de esta normativa trasciende de ser solo una medida sanitaria orientada a eliminar la presencia de alimentos no saludables en las escuelas; también representa un acto de justicia social que requiere la asistencia de las autoridades de los planteles educativos y de las madres y padres de familia, en ellos recae la responsabilidad de impedir que estos productos continúen circulando entre los menores. Es hora de que el Estado asuma un papel activo y garantice entornos escolares libres de alimentos que solo ponen en riesgo la vida y el futuro de las nuevas generaciones.