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Martes 23 abril, 2024

La crisis que se oculta

Raúl Arias Lovillo

Desde hace mucho tiempo insistimos en que el programa de gobierno de la Cuarta Transformación no tenía futuro. Su éxito requiere, como hemos visto en los últimos años, de crecientes cantidades de recursos financieros. Al principio del sexenio no había problema.
Había suficientes reservas financieras de gobiernos anteriores y estaban todos los fideicomisos. Pero poco a poco las obsesiones y las malas decisiones de los proyectos faraónicos (AIFA, Dos Bocas, Tren Maya y la recuperación de Pemex) fueron minando las capacidades financieras del gobierno de AMLO. Se acabaron las reservas y se liquidaron los fideicomisos. Para evitar la rendición de cuentas y la plena transparencia del presupuesto gastado, el gobierno de AMLO decretó todos estos proyectos como un asunto de seguridad nacional. Por ello no es posible conocer, por el momento, las razones de los sobre costos de su construcción y del destino de miles de millones de pesos. Sólo conocemos el enriquecimiento inexplicable de la candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz y el de algunos familiares y miembros de su gobierno.

La construcción del Tren Maya costará más de tres veces de lo inicialmente presupuestado. El proyecto fue calculado en 156 mil millones de pesos y hasta el momento el costo rebasa los 551 mil millones, más de medio billón de pesos en un tren mal construido, con enormes fallas de funcionamiento y destructor de ricos ecosistemas. Sumemos además los recursos usados en la cancelación del NAICM, la construcción del AIFA, la refinería de Dos Bocas, el billón y medio destinado a apoyar a Pemex para pagar la enorme cantidad de pasivos que tiene como la petrolera más endeudada del mundo. Se tiene, en suma, una gigantesca cantidad de recursos públicos dilapidados y sin un manejo transparente.

A estas alturas del sexenio ya es inevitable seguir ocultando la enorme crisis financiera que arrastra la gestión del gobierno de AMLO. La evidencia más reciente de esta crisis financiera es el atraco de las Afores. La necesidad de recursos ha llevado al gobierno y a su partido Morena a violentar la Constitución; el gobierno no tiene derecho a administrar el dinero de las Afores pues se trata de recursos privados, no de dinero público. Adicionalmente, la propuesta de Morena para capitalizar el Fondo de Pensiones para el Bienestar, se funda en tomar supuestas utilidades del Tren Maya, del AIFA, de Mexicana de Aviación, etc. Esto es una descarada mentira porque estas empresas estatales no generan utilidades, sino al contrario, son financiadas en su propia operación cotidiana con recursos públicos. Consecuentemente, de aprobarse la iniciativa constitucional sobre las pensiones, el gasto presupuestal de este rubro se incrementaría de 5.8% actualmente a 7.8% del PIB en 2030, según la estimación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), comprometiendo aún más las finanzas públicas en el futuro.

Existen dos indicadores mas que muestran la crisis financiera del gobierno actual, el déficit fiscal y la creciente deuda gubernamental.

El primero aparece cuando los gastos del gobierno son mayores a sus ingresos; la administración pública de AMLO cerrará el año 2024 con un déficit fiscal del 5.9% del PIB, cifra que representa el mayor déficit fiscal registrado en un año electoral en al menos cuatro sexenios y es el más alto desde el año 2000. Recordemos que el último déficit fiscal del gobierno de Peña Nieto fue del 1.0%, quiere decir que el creciente monto de gastos del gobierno actual ha alcanzado la histórica cifra actual.

En cuanto a la deuda contraída por el gobierno de AMLO, pese a su sistemática negación, de acuerdo a cifras oficiales en los últimos cinco años el saldo de la deuda pública federal aumentó en un total acumulado de 3,314 billones de pesos, es decir, un incremento del 39.9%.

“El sol no puede taparse con un dedo” dice el dicho popular. Hoy ya no se puede encubrir, ya no solo la crisis financiera, sino la enorme mediocridad de un gobierno que no cumplió sus promesas, que dilapida los recursos públicos con absoluta irresponsabilidad y que sigue vendiendo ilusiones para comprar la voluntad de la ciudadanía.


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