Los cinco campesinos de Actopan desaparecidos desde el 15 de febrero pasado en el penalito de la Pinera cuando acudían a una audiencia ya fueron estigmatizados por el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, quien aseguró que la Fiscalía “investiga” si no se están escondiendo por el proceso penal que tienen en contra y que una de las líneas para aseverar está hipótesis es que “abandonaron” la camioneta en la que se trasladaban ahí en los alrededores del penalito en el Puerto de Veracruz.

El día 15 de febrero, los campesinos, Rafael Montiel Cervantes, de 56 años de edad; Jesús Cervantes Grajales, de 54; David Hernández Aguilar, de 64; José Juan Montiel Cervantes, de 49 años, y Lorenzo Ortiz Báez, de 41, llegaron puntales a la Fiscalía de Veracruz, ubicada atrás del Penalito, en la Pinera, para acudir a una audiencia de rutina, pues sus familiares aseguran que era como la quinceava audiencia a la que se presentaban, tras un viejo litigio por las hectáreas de caña de azúcar.

Y como dicen en el pueblo, acá está pasando algo raro, pues el día que no se reanudó la audiencia por la tarde (15 de febrero) el juez de control y enjuiciamiento, Marco Antonio Rodríguez Lobato, dio vinculación a proceso, luego de la desaparición, seis días después reculó, y determinó una “no vinculación a proceso”, cuando los campesinos ya estaban desaparecidos.

A la abogada que representa a tres de los cinco campesinos desaparecidos, Pía Irene Salazar Santana, le excusó que había sido “un error” en el escrito, el cual ya quedó enmendado; por mientras, los cinco campesinos continúan desaparecidos.

Familiares de los cinco campesinos desaparecidos de Actopan lamentan las desatinas declaraciones del gobernador, Cuitláhuac García: primero que “los andan buscando” y ahora tildan de “absurdo” que digan que sus familiares andan huyendo, sin la camioneta en la que se trasladaban, la cual ahí se quedó cerca de las instalaciones del penalito.

“En la Fiscalía nos traen de un lado para otro, sólo se echan la bolita; emitieron la Ficha de Búsqueda, pero nadie anda investigando, ni qué paso y qué hicieron con nuestros familiares” recrimina Anayeli Montiel Ramírez, hija de Rafael Montiel y familiar cercano de otros dos desaparecidos.

En la congregación de Jareros, en Actopan, todos los integrantes de la familia Montiel y Ramírez traen en su WhatsApp una fotografía que aglutina las fichas de búsqueda de los cinco desaparecidos. Incluso, ironizan que si alguno de ellos se anduviera escondiendo ya hubieran realizado alguna llamada desde un teléfono público. Insisten en que sólo hay evasivas absurdas y ridículas desde la Fiscalía y ahora desde Palacio de Gobierno.

“Era más de quince audiencias a las que habían asistido, ¿cómo porqué habría que huir ahora? Se cuestionan. Jamás les habían puesto medias cautelares o prisión preventiva” sostiene la abogada, Pía Salazar.

Peor aún, reprocha la abogada que ahora la Fiscalía se excusó de que ninguna de las dos cámaras de vigilancia ubicadas en el penalito y en la propia dependencia impartidora de justicia sirve.

Desde hace varias décadas campesinos de la organización General Pinzón se encuentran en la disputa legal de más de 150 hectáreas de caña de azúcar y malanga en el municipio de Actopan; está disputa jurídica ya llegó a convertirse en una desaparición masiva de cinco campesinos y todo apunta, a que podría haber fuerzas del estado involucradas.

El pasado 15 de febrero, los campesinos, originarios de la comunidad de Jareros en Actopan, llegaron a la diligencia muy temprano, arrancó la audiencia, se reportaron a casa, hicieron llamadas, dejaron de contestar varías horas en lo que se llevaba a cabo la audiencia de control. Avisaron a los familiares que se solicitó un receso y que regresarían al desahogo entre juez, fiscalía e imputados a las 3:50 de la tarde.

A la hora de volver a la audiencia nadie lo hizo, los campesinos dejaron de comunicarse con los suyos desde la 1 de la tarde, casi dos horas antes de que se reanudara la diligencia en el penalito,

“Era un pleito añejo, ya viejo, heredado por generaciones, la Asociación General Pinzón se dividió y nuestras familias están peleando unas hectáreas que les heredaron… Nos comentan que ellos salieron después del primer tiempo de audiencia… ok perfecto, presenten las cámaras…Han pasado varios días (una semana al momento de la entrevista) y Fiscalía o no quiere o no puede presentar las cámaras” reitera Anayeli Montiel Ramírez, hija de Rafael Montiel, sobrina de José Juan Montiel y familiar de Jesús Cervantes.

En esta nueva desaparición masiva tal parece que los campesinos desaparecieron en el interior del penalito, pues la misma Fiscalía y empleados administrativos se enredaron en sus aseveraciones, primero que sí los tenían ahí detenidos, luego que ellos se fueron por su propio pie tras el receso y por extraños motivos no volvieron a la audiencia, luego varios empleados de FGE y del PJE cayeron en contradicciones mutuas.

El sábado anterior, al igual que el Juez de Control y Enjuciamiento, la Fiscalía General del Estado cambió su versión, se deslindó por completo y confirmó que no estaban detenidos en el Penalito, ni tampoco habían sido trasladados a Pacho Viejo. En la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) sólo se constriñeron a hacer la quíntuple ficha de desaparición.

“No hay evidencia física ni de video que ya no volvieron a la audiencia. A la 1 de la tarde dejamos de tener contacto con nuestros familiares. Se infiere que les quitaron los teléfonos, porque ya no les entraron WhatsApp ni ellos hicieron llamadas… No quisimos preocuparnos porque han ido a más de quince audiencias y porque pensamos que se habían ido a Santa Rosa (una comunidad de Actopan que carece de señal de teléfono celular a veces ahí se reunían para conversar… No nos quisimos alterar” insiste la hija de Rafael Montiel, Anayeli Montiel Ramírez.

En ningún momento Cuitláhuac García Jiménez ha dado luces acerca de que Policías Ministeriales o Fiscales o elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en investigación por está quíntuple desaparición.

Meses atrás, los hoy desaparecidos habían enviado cartas al gobernador, Cuitláhuac García pidiéndole “ayuda” por amenazas, pues el conflicto interno entre la organización General Pinzón se había salido de control y pululaban las amenazas y las invasiones de tierras, como advirtiendo que tarde o temprano, la sangre llegaría al río.

Este caso de los cinco campesinos desaparecidos en el Penalito remonta al caso de los 7 comerciantes desaparecidos en Ixtaczoquitlán en octubre del 2019, en donde quedó demostrado que Policías Municipales entregaron a los civiles a una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación o a los cinco jóvenes de Xalapa, que desaparecieron en las afueras de un bar en Palo Gacho, a escasos kilómetros de una delegación de la Secretaría de Seguridad Pública en junio del 2020 o los once desaparecidos de Playa Vicente en enero del 2019.

De ninguno de estos casos, hoy en día hay una resolución en concreto.

En el caso de los cinco desaparecidos en Actopan, cómo dicen en el pueblo, “acá está pasando algo raro”.

Artimaña jurídica