Desde hace varias décadas campesinos de la organización General Pinzón se encuentran en la disputa legal de más de 150 hectáreas de caña de azúcar y malanga en el municipio de Actopan; esta disputa jurídica ya llegó a convertirse en una desaparición masiva de cinco campesinos y todo apunta a que podría haber fuerzas del estado involucradas.

El día 15 de febrero los campesinos: Rafael Montiel Cervantes, de 56 años; Jesús Cervantes Grajales, de 54; David Hernández Aguilar, de 64, José Juan Montiel Cervantes, de 49 años, y Lorenzo Ortiz Báez, de 41, llegaron puntales a la Fiscalía de Veracruz, ubicada atrás del Penalito, en la Pinera. Acudieron a una audiencia de rutina, pues sus familiares aseguran que era como la quinceava audiencia a la que se presentaban tras un viejo litigio por las hectáreas de caña de azúcar. Sus familiares pensaron que era una audiencia más de rutina.

Los campesinos, originarios de la comunidad de Jareros, en Actopan, llegaron a la diligencia muy temprano, arrancó la audiencia, se reportaron a casa, hicieron llamadas, dejaron de contestar varías horas en lo que se llevaba a cabo la audiencia de control. Avisaron a los familiares que se solicitó un receso y que regresarían al desahogo entre juez, fiscalía e imputados a las 3:50 de la tarde. Nadie volvió, los campesinos dejaron de comunicarse con los suyos desde la 1 de la tarde; casi dos horas antes de que se reanudara la diligencia en el penalito.

“Era un pleito añejo, ya viejo, heredado por generaciones, la Asociación General Pinzón se dividió y nuestras familias están peleando unas hectáreas que les heredaron… Nos comentan que ellos salieron después del primer tiempo de audiencia… Ok perfecto, presenten las cámaras…Han pasado varios días (una semana al momento de la entrevista) y Fiscalía o no quiere o no puede presentar las cámaras” externa Anayeli Montiel Ramírez, hija de Rafael Montiel, sobrina de José Juan Montiel y familiar de Jesús Cervantes.

En esta nueva desaparición masiva, tal parece, que los campesinos desaparecieron en el interior del penalito, pues la misma Fiscalía y empleados administrativos se enredaron en sus aseveraciones, primero que sí los tenían ahí detenidos, luego de que ellos se fueron por su propio pie, tras el receso y por extraños motivos no volvieron a la audiencia, luego varios empleados de FGE y del PJE cayeron en contradicciones mutuas.

“Nos traen del tingo al tango… Qué vayan a tal y tal Fiscalía y sólo nos traen en vueltas … En un inicio nos dijeron el viernes (16 de febrero) que los tenían detenidos, luego que no, empezamos a quejarnos y sólo nos decían: “Ah no, no están aquí… pero estamos en investigaciones”.

El sábado, la Fiscalía General del Estado cambió su versión, se deslindó por completo y confirmó que no estaban detenidos en el Penalito ni tampoco habían sido trasladados a Pacho Viejo. En la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) sólo se constriñeron a hacer la quíntuple ficha de desaparición.

La abogada que lleva el caso, Pía Irena Salazar Santana, tramitó un amparo en el que exigen que se muestren las cámaras de video del interior y exterior del penalito para saber qué pasó con los cinco campesinos; el próximo martes la Fiscalía tendrá que emitir una respuesta o en su defecto un posicionamiento público.

“No hay evidencia física ni de video que ya no volvieron a la audiencia. A la 1 de la tarde dejamos de tener contacto con nuestros familiares, se infiere que les quitaron los teléfonos porque ya no les entraron WhatsApp, ni ellos hicieron llamadas… No quisimos preocuparnos, porque han ido a más de quince audiencias y porque pensamos que se habían ido a Santa Rosa (una comunidad de Actopan que carece de señal de teléfono celular) a veces ahí se reunían para conversar… No nos quisimos alterar” insiste la hija de Rafael Montiel, Anayeli Montiel Ramírez.

Abogada y familiares de los cinco desaparecidos recriminan que desde sus conferencias de prensa el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, únicamente se constriñó a admitir la extraña desaparición y a soslayar: “Pues los estamos buscando”.

En ningún momento García Jiménez dejó entrever que había Policías Ministeriales o Fiscales o elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en investigación por está quíntuple desaparición.

Meses antes, los hoy desaparecidos, los tres integrantes de la familia Montiel, habían enviado cartas al gobernador Cuitláhuac García pidiéndole “ayuda” por amenazas, pues el conflicto interno entre la organización General Pinzón se había salido de control y pululaban las amenazas y las invasiones de tierras. Como advirtiendo que tarde o temprano la sangre llegaría al río.

Anayeli Montiel insiste que tanto la Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda se “echan la bolita” en un caso más de, todo apunta, desaparición forzada masiva en Veracruz.

Este caso de los cinco campesinos desaparecidos en el Penalito, remonta al caso de los siete comerciantes desaparecidos en Ixtaczoquitlán en octubre del 2019, en donde quedó demostrado que Policías Municipales entregaron a los civiles a una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación o los cinco jóvenes de Xalapa que desaparecieron en las afueras de un bar en Palo Gacho, a escasos kilómetros de una delegación de la Secretaría de Seguridad Pública en junio del 2020, o los once desaparecidos de Playa Vicente en enero del 2019.

De ninguno de estos casos, hasta hoy, hay una resolución en concreto.