Desde hace cuatro años, Agustín Pérez Merchant, un profesor jubilado de 64 años de edad, y con ambas piernas amputadas, se las arregla para sobrevivir con mil 580 pesos al mes, el monto que las financieras Procasa e Intermercado le dejan en su cuenta bancaria, tras descontarle las mensualidades de dos créditos.

En 2018, Pérez Merchant solicitó un crédito con la financiera Ciep Procasa de Xalapa S.A. de C.V. por 130 mil pesos. Y cuando apenas llevaba un año de pagos, la empresa le llamó por teléfono para ofrecerle un refinanciamiento por 230 mil pesos, por el cual recibiría en su cuenta bancaria 64,737.75 pesos, mientras que el resto: 159,794.25 pesos irían al pago del crédito pendiente de liquidarse.

El refinanciamiento ofrecido por Procasa contemplaba una tasa de interés anual de 31.11 por ciento y un CAT –Costo Anual Total– de 36.7 por ciento, con la proyección de un monto total a pagar por 499 mil 414.80 pesos, en 60 mensualidades de 8 mil 323.58 pesos.

Pero también se aplica al salario de Pérez Merchant un descuento por 4 mil 645.68 pesos por un crédito con Intermercado contratado en 2017. Y paga 305.66 pesos de un préstamo sindical con FigloSnte56, que aunado a las aportaciones sindicales y un seguro de vida, sólo le dejan 1,580 pesos en la bolsa.

Mario Alberto di Costanzo Armenta, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, señala que como en el caso de Pérez Merchant, las entidades financieras promueven el sobreendeudamiento de los trabajadores, al otorgar créditos sin considerar la capacidad de endeudamiento de las personas —la recomendación de Banxico es que un trabajador no se endeude más de un 30 por ciento de sus ingreso—.

“Yo puedo ir a otra y otra casa o entidad financiera a solicitar otro y otro y otro crédito de nómina sin ninguna restricción, comprometiendo mi capacidad de pago más allá de mis posibilidades. Con esta forma de operar de estas nomineras, muchos trabajadores están cobrando cero pesos”, señala di Costanzo Armenta.

Otra experta en el tema, Teresa Carbajal Vázquez, advierte que es común que un deudor en dificultades acceda a los refinanciamientos, aunque estos sean en condiciones de desventaja para ellos, con tasas altas de interés, pago de comisiones y servicios que sólo incrementan el monto y el plazo de la deuda.

En un principio, Pérez Merchant y su familia sobrevivían con las ganancias que dejaba una tienda que había improvisado en la fachada de su casa. Pero cuando la pandemia por covid-19 se hizo presente, tuvo que cerrar la tienda. Y la situación se agravó después, cuando le amputaron las dos extremidades entre 2020 y 2022, por complicaciones de una diabetes.

Pérez ha pensado en revisar su caso con la Condusef, pero dice que se ve imposibilitado por su movilidad y por la falta de recursos, ni siquiera tiene teléfono. En los cinco años que lleva pagando los créditos con estas dos financieras, nunca ha recibido copia de los créditos contratados, de los refinanciamientos o de los estados de cuenta de los pagos de su deuda.

En 2018, la Condusef emitió un pronunciamiento público en el que hizo un llamado a la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina A.C. (Amden) para que corrigieran las malas prácticas y proporcionaran a los acreditados toda la información relacionada con la apertura de su crédito: el contrato de adhesión, la tabla de amortización, los estados de cuenta y en su caso comprobantes de operación. Tener estos documentos les daría seguridad jurídica a los acreditados.

El organismo también pidió revisar la capacidad crediticia de los usuarios para evitar el sobreendeudamiento y revisar las tasas de interés.

Entrevistado para esta investigación, Gustavo Martín del Campo, presidente de la Amden, aseguró que todas las recomendaciones de la Comisión han sido atendidas por las integrantes de la asociación que encabeza. Y que han establecido un código de ética y lineamientos para corregir los señalamientos.

Aseguró que debido a los requerimientos impuestos para conseguir fondeo y para prevenir de lavado de dinero, “todos los expedientes se tienen que reunir, de manera que las instituciones que yo represento tienen toda la información física y electrónica”.

También, el presidente de la Amden –que en diciembre de 2019 reportó una cartera de 76.9 mil millones de pesos–, argumentó que sus afiliados no generan sobreendeudamiento porque “nosotros lo que revisamos es el talón del trabajador de los últimos tres meses para saber qué otros descuentos tiene. Revisamos si pagan una cuota de alimentos a sus hijos o a su exmujer, si tiene un crédito INFONAVIT (...)”.

Dijo que los agremiados de la Amden aplican la regla “30-20”, a partir de la cual no se otorgan créditos que impliquen descuentos superiores al 30 por ciento del sueldo de una persona, y que después de aplicar los descuentos totales al trabajador le debe quedar al menos el 20 por ciento de su sueldo para vivir.

Sobre las quejas que acumulan sus agremiados ante la Condusef, Martín del Campo comentó que aunque esos números pareciera que son gigantes, “no son ni el uno por ciento de los créditos que otorgamos, entonces la comparación se hace un poquito más pequeña, o vamos le resta importancia”.

Y continuó: “La problemática aquí y déjame decirlo, aunque sean palabras fuertes, pero hay mucha gente que lo que no quiere es pagar. Por ejemplo, te puedo decir que tenemos varios casos de algunos vivalillos que piden un crédito con un INE y luego tres semanas después se presentan con otra INE y dicen ‘esa no es mi firma’(...) yo en lo personal considero que el tema de las quejas debería ser administrado de una manera diferente”.

A pesar de que Martín del Campo asegura que han acatado las recomendaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las reclamaciones de usuarios crediticios no disminuyen y la tendencia es al alza.

Del análisis de datos de anuarios estadísticos de la Comisión, se observa que en 2018, año en que se realizó la recomendación a la Amden, se registraron 27 mil 021 reclamaciones de usuarios y para el año siguiente la cifra aumentó pasando a 32 mil 991. Aunque disminuyó en 2020 con un registro de 21 mil 699 reclamaciones, para 2021 la cifra volvió a aumentar con 33 mil 623 quejas.

Entre las multas que ha aplicado la Condusef, las entidades financieras que otorgan créditos de nómina con cobranza delegada también tienen un papel protagónico, ya que pertenecen a los sectores más sancionados por la Condusef, con un 43.81 por ciento del global de las multas (34,210). Entre 2014 y 2021, se registraron 15,603 multas a sofomes por un total de 447 millones de pesos.

El costo al erario

La maestra Alma Mireya Muñoz Sánchez tomó la palabra y, frente a las autoridades mexicanas, señaló: “Muchos maestros vivimos con ingresos quincenales insuficientes (...) por los descuentos que nos aplican debido a las muy altas tasas de interés. Nuestros cheques no alcanzan para solventar los gastos más elementales de nuestras familias y de nosotros mismos”.

Las palabras de la profesora fueron escuchadas por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto; el secretario de Hacienda, Luis Videgaray; y el de Educación, Emilio Chuayffet, que aquel noviembre del 2013 decidieron presentar el Programa de Refinanciamiento de Crédito a Trabajadores de la Educación Vía Descuento de Nómina (BANSEFI-REFIN). Y más tarde, en octubre de 2014, pondrían en marcha el Subprograma de Compra de Cartera, que sólo operó para el estado de Veracruz.

Mediante ambos programas, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) –ahora Banco del Bienestar– refinanció 35 mil 923 créditos, de los cuales 23,807 créditos fueron por el Subprograma de Compra de Cartera que operó en Veracruz, y 12,116 créditos mediante el Programa BANSEFI-REFIN.

Durante la presentación del programa, el Gobierno mexicano admitió que lanzó estos programas ante los casos de sobreendeudamiento y de asfixia salarial que enfrentaban más de 300 mil maestros, que habían solicitado créditos de nómina con cobranza delegada.

El entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reconoció casos como el de “un maestro de la Sección 39 en Colima, que por un crédito por 110,252 pesos está pagando una tasa de 43 por ciento, lo que ocasiona un descuento mensual en su recibo de nómina de 6,945 pesos, es decir casi 7,000 pesos”.

Explicó que de adherirse al programa, de inmediato podía lograr que el descuento se reduzca de 7 mil pesos a sólo 4 mil 500 pesos, sin aumentar un solo peso su deuda y su crédito”. En aquel evento oficial, Videgaray adelantó que para operarlo se crearía un fideicomiso en Bansefi que iniciaba en ese momento con un fondeo de 5,000 millones de pesos.

Sobre este programa que operó entonces Bansefi, Martín del Campo explicó que desconoce las razones políticas que hayan motivado su implementación y aunque participó ni el 10 por ciento, lo consideró “una muy buena idea a lo mejor mal implementada. En ese momento, Bansefi no tenía ni los sistemas ni el personal para hacer algo de esta envergadura”.

Martín del Campo además aseguró que en realidad el programa no benefició a las entidades financieras que operan estos préstamos, pues la compra de los créditos no compensó el trabajo que hicieron las empresas para conseguir los fondos ni buscar colocar los créditos: “Hubo pérdidas, porque en el crédito de nómina se le da al vendedor una comisión por la venta que hace, entonces de entrada tienes que descontar la comisión que hiciste, entonces por ese simple hecho, si te lo compran en el primer año del crédito, seguramente va a ser un crédito con pérdida”.

Una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del 2016 evidenció que el programa se operó con diversas fallas, que iban desde el deficiente sistema informático hasta la falta de convenios de colaboración con dos entidades federativas, encargadas de retener los pagos de 186 créditos, por 6 millones 054 mil 800 pesos. Hasta la falta de evidencia de entrega de expedientes de 103 créditos, por 3 millones 927 mil 400 pesos.

A consecuencia de las deficiencias en la originación, administración y recuperación de estos créditos el Comité de Riesgos del BANSEFI detuvo el refinanciamiento a los trabajadores de la educación el 29 de octubre de 2015.

Para esta investigación, se presentaron diversas solicitudes de información a Banco el Bienestar –antes Bansefi– quien confirmó que, a través del programa BANSEFI REFIN, y el subprograma que se operó en Veracruz, se benefició a 15 entidades financieras, aunque se reservó las identidades de estas.

A nueve años de aquel rescate, el doctor Gustavo del Ángel Mobarak, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) especializado en el sistema financiero, expresó: “Esperamos que no vuelva a ocurrir porque tiene un alto costo fiscal y realmente acaban rescatando a deudores con dinero público, pero esto depende de muchas situaciones políticas”.

Menos optimista fue Alberto García, asesor parlamentario en temas relativos al trabajo y la seguridad social, que alertó que el episodio del refinanciamiento de créditos con recursos públicos podría volver a repetirse, pero ahora en dimensiones monumentales. “En la actualidad vamos directo a otro Profeproa (nombre popular con el que se conoció al programa estatal que refinanció los créditos de profesores con varias Sofomes), pero en proporciones bíblicas, porque es nacional, está creciendo, cualquier trabajador al servicio de alguna administración en un estado, tienen necesidades de crédito, y a la hora de la hora pagan tres o cuatro veces el monto que les fue prestado, y continúan debiendo”.

“Estamos en foco ámbar, porque siguen dándose estos créditos, se sigue cobrando excesivamente, hacia allá vamos, y no en mucho tiempo”, insistió.


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Créditos

Coordinadora: Eirinet Gómez
Investigación: Eirinet Gómez (Veracruz) y Tania Rivera (Veracruz).
Apoyo en investigación: Diana Manzo (Oaxaca) y Mariana Morales (Chiapas)
Fotógrafo: Sergio Hernández
Ilustraciones: Alejandra Saavedra
Acompañamiento editorial, diseño y multimedia: Equipo CONNECTAS

Los créditos que acorralan a los mexicanos
Es una investigación de:
La Jornada, NV Periodismo de Investigación y Connectas
Con el apoyo de:
ICFJ
En el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas