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Miércoles 20 enero, 2021

"Da gracias de que no te matamos"


Acusan de extorsión y tortura a funcionarios de Seguridad Pública

El Secretario Técnico de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP), Carlos Eslava Buitrón y la Asistente del titular de SSP, Ivana Alejandra León Vargas fueron denunciados -Carpeta de Investigación 4124-2020 ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada...

Noé Zavaleta/Tomado de Proceso

en Combate a la Corrupción -Carpeta de Investigación 644-2020- por los delitos de robo, tortura, lesiones, amenazas y privación ilegal de la libertad en agravio del microempresario, José Osorio del Campo.
La denuncia puesta en septiembre del 2020, se encuentra estancada en ambas instancias porque ambos funcionarios son cercanos al Secretario de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, integrante de la cuarta transformación y del régimen político al que pertenecen la Fiscal, Verónica Hernández y la Fiscal Anticorrupción, Clementina Salazar. El afectado, José Osorio asegura que quiso dejar “las cosas en paz”, pero qué con amenazas e intimidaciones de policías de la SSP, es que decidió poner denuncias en octubre del 2020 y hacerlo público hasta ahora, pues teme por su vida.
De acuerdo a la denuncia de hechos -en poder de Proceso- narra que, en septiembre del 2020, José Osorio del Campo se desplazaba en su vehículo, un Mercedes Benz clase E 2014 (placas YER-661-A), en Pedregal de Las Ánimas cuando fue interceptado en la calle Artículo 123 por las patrullas SP-3470 Y SP-3467, unas camionetas Ford pertenecientes a la SSP: “Solo escuche que por radio los policías pedían instrucciones de ¿A dónde lo llevamos?, al cuartel de San José o a El Lencero. Tuve mucho miedo”.
El 27 de octubre del 2020 en el cuartel policiaco de San José en Xalapa, murió el comerciante Gustavo Ortiz Hernández, de 35 años. Familiares protestaron con su ataúd frente a Palacio de Gobierno, “murió golpeado por los policías”, reprocharon, la Fiscalía continúa investigando “las causas de muerte”. El 3 de mayo pasado, ingresó a los separos el rapero y grafitero, Carlos Navarro Landa de 33 años, un día después falleció en las celdas del cuartel. La SSP boletinó que Navarro había fallecido de “un infarto”.
En el caso de la academia de policía de El Lencero, ahí fue torturado y quemado con descargas eléctricas, el cantante de la Voz México, Gibrán Martiz; su cuerpo con impactos de bala fue hallado en enero del 2014 en la carretera Huatusco-Conejos, con esos antecedentes de la policía estatal veracruzana, el pavor de José Osorio era más que entendible.
La denuncia de hechos de José Osorio narra que no fue llevado ni a celdas, ni al departamento jurídico, sino a un cuarto pestilente, lleno de colchonetas y con un olor muy fuerte a humedad. Ahí, lo empezaron a golpear policías estatales enfrente de los dos funcionarios cercanos al titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado.
“Me pidieron que me hincará, me asfixiaron en varias ocasiones, me golpearon en las costillas, en el cuerpo. Dos policías fueron los que más se enseñaron, mientras otro más grababa la golpiza con una cámara de video. Quienes me torturaban le pedían a Carlos Eslava instrucciones de como continuar la golpiza, dirigiéndose a él como “jefe”.
De acuerdo con la querella 644/2020, José Osorio del Campo solo fue intermediario para que la asistente de Hugo Gutiérrez, Ivanna León comprará un Audi Q5 con el vendedor, Mario Rivas Soto, éste a su vez contactó con un tercero de nombre, Iván Zúñiga para cerrar la venta de la Q5. Seis días después, la camioneta de lujo salió con reporte de robo, por lo que la funcionaria León le exigía mediante tortura policíaca que le regresará el importe total de la camioneta.
“Me tenían en el cuartel de San José, y qué por sus huevos (sic) le tenía que pagar lo que le había costado la camioneta. El Mercedes lo tenían en un corralón en custodia de SSP, me hicieron endosarles la factura bajo amenazas de muerte. Me dijeron que me iban a dejar en claro quiénes eran ellos”.
De regreso al cuartel de San José, José Osorio se enteró que sería puesto a disposición de un juez por el delito de vehículo en posesión de robo, para lo cual le sembraron una Doge Caravan blanca de modelo antiguo. José Osorio ingresaría al penal de Pacho Viejo un par de días, sin embargo, con el Informe Policial Homologado (IPH) mal estructurado y con una deficiente integración de la carpeta de la Fiscalía, Osorio sería liberado por la juez, Mónica Segovia al día siguiente.
“La juez, en la etapa de control de detención, muy rápido detecto que era ilegal mi detención, por lo que ordeno mi libertad”, manifiesta Osorio, quien sostiene que cuando pensó que ahora tendría que venir una lucha legal por recuperar su vehículo y conseguir un abogado. La pesadilla apenas empezaba.
“Estando en los separos de la Policía Ministerial de Las Trancas me visitó (sic), Carlos Eslava, fue al medio día del 23 de septiembre y me dijo textualmente: “Déjate de pendejadas, nos vas a pagar lo que pagó Ivana por la camioneta y una lana más (sic), ya que gracias a mi intervención no te mataron los policías. Está te la pasamos y tu sabes si se la cobras a Iván Zúñiga o la pagas tú”.
El empresario, José Osorio del Campo señala que en este infierno que ha estado viviendo, hay otro personaje clave en la historia, Grecia Alvarado Absalón -también incluida en la denuncia 414-2020-, quien un tiempo fue su inquilina en un departamento y es amiga cercana de Ivana León, de hecho, fue quien presentó a Osorio del Campo con la asistenta del titular de SSP.
“En los últimos meses en que no he podido tener paz, e indagando porque a mí me paso esto. Grecia Alvarado ya había estado metida en problemas de similar índole, tal parece que Grecia fue la que me puso el dedo (sic) con los policías”.
En noviembre pasado, la amenaza de Carlos Eslava se cumplió, tras varías intimidaciones de elementos policiacos quienes seguían a José Osorio, éste les entregó 40 mil pesos en efectivo en un café de la avenida Maestros Veracruzanos, cerca de la sede del Congreso Local.
Osorio del Campo recuperó su vehículo Mercedes Benz el 30 de diciembre, tras una larga tramitología con el corralón, Tránsito del Estado y la propia Fiscalía. Lo vendió hace unos días y se compró otro. Tras la venta, las intimidaciones policíacas han regresado.


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