pues ahora lo más importante para el nuevo gobierno que encabeza el triunfador Joe Biden, tendrá que ser el control inmediato de la pandemia, la recuperación de la economí­a y el fortalecimiento de las instituciones, que sí­ merecen el respeto de los vecinos del norte, a diferencia del desprecio con que en México, el gobierno de la 4T insiste en mandarlas al diablo.

La pretensión de influir en el voto de los México- americanos y migrantes latinos radicados en Estados Unidos, haya sido a iniciativa del Presidente López Obrador, del Canciller Marcelo Ebrard, o del equipo del presidente en funciones, Donald Trump, lo cierto es que no causó el efecto esperado y por el contrario se notó más la buena relación que pervive entre Felipe Calderón Hinojosa, y el ex vicepresidente con Obama, el demócrata Biden.

Hoy las noticias generadas por la solicitud de extradición de Genaro Garcí­a Luna, para ser investigado y acusado por la Fiscalí­a General de la República (cuyos trámites también corren a cargo del Canciller Marcelo Ebrard) han despertado suspicacias en el mundo de la polí­tica, pues no se sabe si correrá la misma suerte que el General Salvador Cienfuegos, de recobrar su absoluta libertad al llegar a México, o si Garcí­a Luna tendrá que “devolver al pueblo” los 27 millones de pesos que le ha detectado la Fiscalí­a, puesto que de todas las imputaciones hechas al ex Secretario de Seguridad de Calderón, ésta última es la menor y resultará un simple pretexto para otorgarle su liberación, sin ví­nculo alguno con grupos criminales o con el tráfico y distribución de drogas en territorio norteamericano.

Dato curioso es que la montaña de imputaciones hechas al ex Presidente Calderón, las improcedentes descalificaciones a su cónyuge Margarita Zabala, y la negativa del registro del INE, a su partido “México libre”, parece que correrán la misma suerte que las imputaciones a Genaro, pues por lo que se ve, caerán por su propio peso.

Los detalles de la extradición para bien o para mal, tendrán que ajustarse al tratado internacional suscrito por México y Estados Unidos en 1978, aprobado por el Senado y elevado a rango constitucional.