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A Mil por Hora
Jueves 27 agosto, 2020

Matanza del Caballo Blanco: un año sin culpables

Treinta muertos quedaron en el centro social
•Ni un solo detenido a la fecha
•Tampoco órdenes de aprehensión
•Muchas denuncias... sin respuesta oficial


IGNACIO CARVAJAL

Al cumplirse un año de la masacre en el bar el Caballo Blanco, donde perdieron la vida 30 ví­ctimas y un perpetrador del atentado, no hay un solo detenido ni se tiene noticias de órdenes de aprehensión giradas contra presuntos culpables.
Alán Domí­nguez Muñoz, abogado de las ví­ctimas, denunció que pese a las múltiples peticiones para acelerar el caso la carpeta no avanza; por si fuera peor, el caso está entrampado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

  • Un año de la matanza en Caballo Blanco. Impune

  • Un año de la matanza en Caballo Blanco. Impune

  • Después del incendio, autoridades achacaron el caso a Ricardo N, alias La Loca, quien él mismo, en un video, salió a decir que no tenía nada que ver con eso, incluso la FGR lo exculpó

  • A principios de enero del 2020, la Marina detiene en Coatzacoalcos a Daniel N, alias Calavera, presunto jefe el Cártel de Jalisco Nueva Generación en Coatzacoalcos, y también, mediánicamente, le achacan el multihomicidio; fue internado en un penal de Oaxaca por narcomenudeo, donde quedó libre tiempo después

  • Documento en el cual la FGR admite que no hay órdenes de aprehensión giradas por caso Caballo Blanco en Coatzacoalcos

Las ví­ctimas -dijo-necesitan que la CNDH emita un dictamen de que fueron ví­ctimas del delito para que los deudos puedan acceder a la reparación del daño y a las medidas de no repetición, verdad, y justicia.
Actualmente, las madres e hijos de las bailarinas y clientes que fueron masacrados ese dí­a, reciben 4 mil pesos mensuales por parte de la Comisión Nacional de Atención a Ví­ctimas por concepto de fondo de ayuda, asistencia y alimentación.
Recurso que no es suficiente para el gran gasto que representa mantener a los huérfanos, incluso, muchas de esas madres aún deben los gastos funerarios.
El abogado indicó que representa a 14 de las 30 ví­ctimas y es importante que la CNDH avance en la integración de ese dictamen, que es necesario para la reparación del daño, la aplicación de medidas de no repetición, el derecho a la verdad y una disculpa pública.
En medio de las medidas que se estarí­an implementando -agregó- se busca que las autoridades federales y estatales monten un memorial.
Es decir, un monumento en el cual se recuerde lo que pasó hace un año en el bar el Caballo Blanco, la primera masacre de este gobierno de la república, y que sirva para que no se repita.
Alán Domí­nguez Muñoz dijo que al tratarse de violaciones graves a los derechos humanos, los deudos están en todo su derecho de reclamar que haya un monumento en su nombre, para soportar la memoria de esos hechos terribles, sin importar que se trataba de un centro nocturno.
De no hacerlo -explicó- se estarí­a condenando a las ví­ctimas a la criminalización, y no acceder al derecho humano de la memoria para las ví­ctimas de la violencia.

SIN DETENIDOS
La investigación inicial, fue abierta por la Fiscalí­a General del Estado, encabezada en ese entonces por el Fiscal Jorge Wí­nckler Ortiz -quien lucha desde la clandestinidad por demostrar su inocencia-, quien a su vez dio desglose a la Fiscalí­a General de la República (FGR) por los temas de delincuencia organizada, y la presencia de armas largas durante el ataque.
A la fecha, la investigación sigue en poder de la FGR, que la mantení­a trabajando con el Ministerio Público, la Subprocuradurí­a Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITATA).
La FGR respondió a una solicitud de información (0001700528019) a este reportero, en donde confirmó que al buscar en sus archivos no tienen registro de solicitudes de órdenes de aprehensión contra implicados en la masacre del 27 de agosto del 2019.
Alán Domí­nguez Muñoz, en el mismo tenor, confirmó que han sabido de detenidos, pero sólo se les relaciona mediáticamente, sin que se vinculen los expedientes, tal como pasó con Ricardo N, alias La Loca; y Daniel N, alias Calavera.
En distintos momentos, los dos presuntos operadores del Cártel de Jalisco Nueva Generación,fueron señalados por el gobierno, en medios de comunicación, de ser los responsables de la masacre, pero ninguno está acusado formalmente.
Vaya, ni uno de los dos está encarcelado en la actualidad.
Después del incendio autoridades achacaron el caso a Ricardo N, alias La Loca, quien él mismo, en un video, salió a decir que no tení­a nada que ver con eso, incluso, la FGR lo exculpa.
A principios de enero del 2020, la Marina detiene en Coatzacoalcos a Daniel N, alias Calavera, presunto jefe el Cártel de Jalisco Nueva Generación en Coatzacoalcos, y también, mesiánicamente, le achacan el multihomicidio, fue internado en un penal de Oaxaca por narcomenudeo, donde quedó libre tiempo después.
El abogado indicó que saben que hay un detenido que tiempo después cobró el carácter de testigo protegido, se trata de un menor de edad que participó en esos hechos, quien fue localizado por la policí­a ya que llegó a una farmacia de la zona, al consultorio médico, a atenderse las quemadas que sufrió en ese atentado.
El defensor indicó que hasta ahora no conocen que este supuesto testigo protegido haya aportado algo para esclarecer el caso, sobre todo, para definir quiénes son los culpables.

EL TRASFONDO, COBRO DE PISO
Karina Hernández Flores era la persona que en ese entonces estaba al frente del bar, ella, una mujer adulta, que ya habí­a regenteado otros centros nocturnos en Coatzacoalcos, como el Jafra, tení­a poco tiempo de haber relanzado este negocio que durante años fue propiedad de Gonzalo Lastra Jiménez, El Gato.
Hernández Flores, luego de conocer y trabajar para Lastra Jiménez durante años, decidió independizarse tomando las riendas del negocio Caballo Blanco que ya tení­a varios meses cerrado.
Dí­as antes al atentado, un allegado a ella, que lo tení­a trabajando en ese negocio, habí­a recibido la llamada de un sujeto que se acreditó como jefe de plaza para el Cártel de Jalisco Nueva Generación, y se estaba comunicando para pedir su cuota, pues se sabí­a que al menos a Los Zetas, ya les estaban retribuyendo el famoso impuesto de guerra conocido como "piso".
En las investigaciones, a las que tuvo acceso este reportero salió a relucir que el negocio ya pagaba cuota a un grupo, Los Zetas, y estaba pendiente la correspondiente al CJNG --este tipo de negocios, en Coatzacoalcos, por lo regular solventan a los dos grupos- y en la llamada que recibió ese allegado presuntamente, ya se habí­a acordado el pago y fecha de depósito y así­ se hizo en diversas ocasiones en que se estaba pagando esa cuota.
Pero se trataba de un engaño, realmente la llamada de primero que se hizo pasar por mando del CJNG fue efectuada desde un penal del norte del paí­s y los que estuvieron cobrando el dinero que correspondí­a al cártel no eran los verdaderos dueños de la plaza, sino internos de ese penal que sacaron buenos dividendos.
Cuando los verdaderos advirtieron esto fue cuando vino la molestia de este grupo delictivo que a la fecha sigue bajo investigación porque desde los primeros dí­as han sido señalados como autores del incendio.
Karina Hernández Flores se mudó de la ciudad, el ayuntamiento de Coatzacoalcos no la investiga sobre las presuntas omisiones que se dieron al momento del ataque en la salida de emergencia, pero el dí­a de los hechos ella perdió a una hija, quien también era empleada del centro nocturno.


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