no se consideraban como urgentes por el exceso de trabajo” afirma Marí­a quien fue asistente de trabajadora social en la Fiscalí­a Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia,Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas.
En el caso del departamento de trabajo social de la Fiscalí­a, cuenta Marí­a a quien le colocamos un nombre falso para proteger su identidad, las trabajadoras públicas se ven en la necesidad de pedirles a las usuarias que les ayuden yendo por ellas en su vehí­culo particular, o que le den el recurso económico para visitar su domicilio en taxi.
Debido a que algunas usuarias no tienen la capacidad de apoyar a la trabajadora social con el costo para realizar la cita, o brindarles el transporte, la visita se pospone hasta que se reúnan varios casos de denuncias en la misma colonia o fraccionamiento; de este modo la trabajadora social podrá hacer varias visitas gastando solo en un medio de transporte que corre por dinero de su bolsillo.
Eso genera en algunas ocasiones el retraso de la cita y el proceso judicial dado que entre más tiempo tarde en realizarse la consulta, más tardara en llegar el acta al fiscal.
La abogada litigante, Esmeralda Lecxiur, advirtió que esta falta de recursos es evidente en todas las áreas lo que provoca que el personal no pueda atender a las usuarias como debiera y por lo tanto que se dificulte el acceso a la justicia.
“No basta con que en teorí­a exista una psicóloga, una trabajadora social, una médica legista, sino también hay que preocuparse si son suficientes (…) para una persona tener mil carpetas de investigación y que en tus guardias te vayan cayendo detenidos y luego denuncias”, señaló.
La unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalí­a Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas en el estado de Veracruz no ha aportado el reporte solicitado desde antes que la contingencia sanitaria se diera lugar con el que se podrí­a conocer las carencias que tiene, según la abogada Adriana Fuentes Manzo perteneciente al equipo feminista de Equifoní­a.
“La información por parte de la una Unidad de Análisis y Contexto de la fiscalí­a puede rendirnos cuenta sobre lo que está pasando en el interior de la misma, informarnos sobre la integración de las propias investigaciones y de la profesionalización que se le puede brindar al personal”, dijo
“No han brindado esa información para saber si es la falta de recursos humanos o la falta de recursos materiales lo que demora la investigación de las carpetas, y demostrar cual es el atraso que tiene la fiscalí­a y desde cuándo”, añadió sobre la unidad creada a raí­z de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
Además comentó que el tema de las carencias de las que no tienen datos exactos continúa afectando a las usuarias, debido a que la dependencia no brinda asesorí­a jurí­dica gratuita y algunos de los costos de esta corren por cuenta de la ví­ctima y/o sus familiares.
Por ejemplo, señaló que la carga de trabajo que se acumula en las fiscalí­as conlleva en que las usuarias entreguen sus oficios, dado que los notificadores de la dependencia esperan a que todos los oficios estén reunidos y debido al marcado de rutas que debe seguir y los horarios entorpecen el proceso de efectividad.
Y aunque el reglamento de la fiscalí­a señala en el capí­tulo dos de los principios rectores que en lo referente a la gratuidad, los servicios que se proporcionan durante la investigación y persecución de los delitos son absolutamente gratuitos, la situación a la que ha orillado la dependencia a las trabajadoras genera ciertas inconsistencias.
“Hasta las hojas les pedí­amos a los usuarios para poder hacerles sus entrevistas, porque hasta eso hace falta, y para hacer las visitas domiciliarias se pide ya sea para el gasto del transporte o que ellos nos lleven, pero es algo que no está permitido”, contó Marí­a.
El costo de que la fiscalí­a especializada cuente con un personal recortado acarrea otras prácticas de corrupción y violencia contra las mujeres, aseguró Lecxiur.
Explicó que el problema estructural del sistema de justicia generado desde un Estado incapacitado quebranta los derechos de las usuarias comenzando con malas condiciones en las que se brinda el servicio.
Agregó que las instalaciones de las fiscalí­as son precarias y poco dignas ya que no cuentan con medias como la ludoteca ni cámara de gesell que son espacios marcados por los estándares internacionales.
“La privacidad, confidencialidad y trato digno, así­ como la protección integral no existe y es ahí­ cuando las fiscales y las abogadas trabajan con lo que tienen, pero tenemos que exigir mejor condiciones para no formar parte de ese hilo de corrupción”, comentó.
En el año 2019 uno de cada 5 feminicidios en el paí­s fue cometido en el estado de Veracruz y aunque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se declara en contra de cualquier acto que pudiese representar la violencia feminicida (Artí­culo 21 de la ley de acceso), la falta de fondos dirigidos al proceso penal de las denuncias entorpece los procesos.
Otra de las consecuencias en las deficiencias presupuestales de la fiscalí­a ha sido la falta de personal para cubrir las visitas de asistencia social, en donde se verifica el entorno familiar y económico de quienes acuden a levantar sus denuncias.
En respuesta a esto las trabajadoras sociales han tomado como medida de evaluación para ubicar como cita de primera necesidad la manifestación de lesiones graves en el cuerpo de quien denuncia y así­ darle prioridad a la visita de ciertos casos en especí­fico.
Para el proceso de la demanda, la entrevista con la trabajadora social es de vital importancia para el dictamen por parte del fiscal, en esta se toman los datos personales, datos de su familia primaria y secundaria, se levantan los antecedentes de la historia previa con la persona a la que se le está denunciando y por ultimo una narración breve del hecho que provoca la denuncia.
“Una vez una conocida fue al departamento para la entrevista y que le agendáramos la cita, cuando se fue yo le pregunte a mi compañera cuando le tocaba, pero me dijo que iba tardar porque solo era un denuncia de acoso, me quede pensando, porque conozco al hombre que la ha estado molestando que es su ex pareja y sí­ está bastante loco”, narró Marí­a.
Lecxiur señaló que se desconoce cuántas carpetas de investigación lleva cada fiscal especializada o cuantos casos deben atender las psicólogas o trabajadoras sociales, pero que se trata de una cantidad importante lo que dificulta su trabajo pero también que las mujeres accedan a la justicia.
En ocasiones, comentó, esta falta de personal genera que una fiscal tenga dos audiencias a la misma hora lo que provoca que le sea imposible acudir.
“Hay una abundante necesidad de personal, de mecanismos, hay muchí­simas mujeres que ponen denuncias y tienen que esperar largas jornadas porque es imposible para una persona que está atendiendo a una mujer ví­ctima de violencia o una niña o niño (…) es muy difí­cil estar atendiendo a una gran cantidad de personas con los pocos materiales que se tienen”, aseguró.
Detrás de la ejecución de protocolos también hay personas, y debido al exceso de labores asignadas a un reducido equipo de trabajo y sin los recursos necesarios el resultado no podrí­a ser otro que empleados gubernamentales que no prestan la atención necesaria a los usuarios, aseguró Marí­a.
“Lo más importante en este trabajo es tener tacto con el usuario, pero debido a la falta de personal y el sentimiento de hartazgo te vuelves como una máquina, no le prestas tanta atención a la persona, tienes que realizar tu labor sin que se te acumule el papeleo, considero que se pierde un poco el sentido humano ya que empiezas a normalizar la violencia”, dijo la asistente de trabajo social de la fiscalí­a.