El periodista José N fue vinculado a proceso por un juez que estima que las acusaciones de la Fiscalí­a son suficientes para asentar que tuvo participación en el homicidio de su compañera, Marí­a Elena Ferral; sin embargo reporteros de esa región afirman se le deberí­a dar trato de "preso polí­tico" y pues con su detención el gobierno busca dividir al gremio.
En una carta dirigida a la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), reporteros del norte del estado exigen que Pepe N sea acogido por los beneficios legales que da este organismo autónomo y evidenciaron que sospechan de la mala fe de la Fiscalí­a General del Estado.
La carta circula desde el pasado jueves en el norte del estado por medio de redes sociales y fue enviada horas antes de que iniciara la audiencia de vinculación a proceso donde el juez de control Jorge Luis Mappel dictó medida cautelar de un año de prisión preventiva y cuatro meses de investigación complementaria.
Asdrúbal Pantoja, abogado defensor de José N, dijo que durante la audiencia la Fiscalí­a presentó tres indicios como pruebas para vincular a su cliente al homicidio de la reportera, las cuales en ningún momento son contundentes, y aún así­, el juez las pasó por buenas para que se quede en la cárcel al menos un año.
Pantoja comentó ví­a telefónica que la Fiscalí­a ofreció durante la audiencia, celebrada este viernes, tres testigos para inculpar a José N, entre ellos el testigo de identidad resguardada 006/2020, "pero en toda su declaración, la testigo no menciona a Pepe en ninguna parte", dijo.
El segundo testigo, de apellido Zaleta, quien es uno de los cinco detenidos hasta el momento, acepta su participación en los hechos, y narra quienes participaron, pero "tampoco dice en qué momento Pepe estuvo con ellos o cómo es que participa".
El tercero es Pedro Manuel Castillo, un mando de la Fuerza Civil quien presuntamente sostení­a una relación sentimental con la reportera finada, el defensor de José N indicó que es quien aporta las pruebas de los supuestos mensajes con Maria Elena Ferral con los cuales involucran al reportero.
"Ese testigo dice que Marí­a Elena le manda unos mensajes donde le dice que el pinche gordo de La Opinión la habí­a puesto, que iba a la notarí­a, pero que ahí­ estaba el pinche gordo de La Opinión".
El abogado indica que en esos mensajes no hay indicios suficientes para culpar al ahora preso, pues en ninguna parte se refiere con su nombre completo o descripción a José N. Además, en los mensajes igual se menciona a otro representante de otro medio de comunicación al que ella se refiere de forma despectiva.
Durante su detención -dijo- se dieron vicios suficientes para sostener que sus garantí­as fueron violentadas, igualmente se le permitió hacer declaraciones durante las primeras horas de encierro.
Con esos datos vagos e imprecisos, es que el juez del caos dicta la medida cautelar que lo mantendrá 12 meses en el penal de Papantla. La defensa indicó que buscarán medidas legales para liberarlo lo más pronto posible y que se demuestren los abusos por parte de la Fiscalí­a.

ES PRESO POLíTICO
En su misiva, los periodista de Poza Rica y de Papantla se dirigen a Ana Laura Pérez Mendoza, Presidenta de la CEAPP; y a Jorge Morales Vázquez, secretario Ejecutivo, para pedirles medidas de protección para José Cárdenas, además, modificar la postura oficial mostrada en un comunicado expuesto por la CEAPP el 27 de abril a propósito de las primeras detenciones por el caso Marí­a Elena Ferral.
En ese comunicado, básicamente, la CEAPP se pone al margen de la detención de José N, y pide al gremio dejar correr el curso de las investigaciones.
Los comunicadores de Poza Rica reprochan la postura de la CEAPP y le conminan a cambiarla, pues "han dado a conocer diversos posicionamientos de los varios integrantes de la CEAPP que distan mucho de apoyar al compañero periodista, y en lugar de respetarle la presunción de inocencia se le ha retirado el apoyo como un periodista más atacado por el Estado, un estado que ha fracaso en seguridad pública preventiva".
En el documento los firmantes concluyen la "presunción que tanto el homicidio como la detención son por el ejercicio periodí­stico con clara intención de dañar al gremio, un gremio ya de por si ensangrentado".
En el escrito señalan su desconfianza en la "autonomí­a" de la Fiscalí­a General del estado de Veracruz, pues hay una “encargada a modo” que depende totalmente del poder del ejecutivo estatal y del partido en el poder".
Es por ello que al no haber pruebas claras ni contundentes, "la CEAPP debe brindar atención y protección a José Cárdenas como preso polí­tico por ser periodista".
"Vemos la posibilidad de que la detención sea para enviarnos un mensaje en particular y que como gremio intenten dividirnos, además, de exhibirnos ante la opinión pública de que entre nosotros nos agredimos y hasta nos matamos".
Colegas presentes en la audiencia describen que a José N, reportero de la Opinión de Poza Rica, y del medio Papantla al Momento, "lo exhibieron como el peor de los criminales", encadenado de pies y manos, como si mostrara un gran riesgo a escaparse.