Murieron hombres y mujeres que disfrutaban de una fiesta de cumpleaños, incluso un bebé que pocos dí­as antes habí­a cumplido un año de vida, Santiago N, cuya muerte fue ocasionada por una bala de AK-47 que le destrozó la yugular.
Aunque no estaban involucradas en las drogas, la mayorí­a de las ví­ctimas presentaba el tiro de gracia.
Ese dí­a actuó un comando de al menos cinco sujetos fuertemente armados, que irrumpieron cuando la fiesta estaba en pleno apogeo, y las personas disfrutaban del ambiente, esto hace que la tragedia cobre las mismas proporciones de la masacre de Villas de Salvacar, ocurrida durante el sexenio de Felipe Calderón, en Ciudad Juárez, afirma el abogado de las ví­ctimas, Alan Domí­nguez Muñoz.
Y pese a que hay claros elementos de la participación de la delincuencia organizada, y de graves violaciones a los derechos humanos, la Fiscalí­a General de la República (FGR) rechazó atraer el caso, con lo que las ví­ctimas tendrí­an más oportunidad de acceder a la justicia expedita y a fondos de recursos para poder atender las secuelas, sobre todo las sicológicas.
Domí­nguez Muñoz dijo en entrevista que como representante de una parte de los deudos de la masacre, fue notificado que la FGR no quiso ejercer su capacidad de atracción de la carpeta porque "dicen que no hay elementos para suponer que es delincuencia organizada, como que no habí­an sido blando de cobro de cuotas o algo así­".
Para el defensor especializado en defensa de los derechos humanos, la masacre en Minatitlán cumple con todas las agravantes para que la PGR investigue, el principal, que se emplearon armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y la posible implicación de grupos delictivos.
En este tenor, el caso ha sido de tan poco interés para las instancias federales, que ni si quiera se ha podido integrar a los deudos al padrón de ví­ctimas de la Comisión Ejecutiva para la Atención de Ví­ctimas (CEAV).
Domí­nguez Muñoz explicó que la primera solicitud para ingresar a sus representados al padrón de la CEAV, la efectuó en octubre pasado, desde entonces no avanza, "ya está en rezago".
Al no estar en dicho padrón, los sobrevivientes a ese ataque, que fueron expuestas a un hecho traumatizante, tienen menos oportunidades de retomar sus proyectos de vida por la profundidad de las secuelas sicológicas.
Y en caso de que algunos estén tomando terapias para superar el trauma por su cuenta, no eximen a la CEAV de la responsabilidad de cubrir esos gastos de consulta pues es una de las obligaciones si estuvieran en el padrón.
La CEAV, que preside Mara Gómez Pérez, se ha visto envuelta en escándalos durante el 2020 por la falta de atención a las ví­ctimas del delito, especialmente a familiares que buscan a desaparecidos, por la reducción notoria de los apoyos.
Esto también se evidencia con el caso Palapa Los Potros, ya que la petición de reparación del daño, al mismo organismo, tampoco muestra avances.
El abogado comentó que es viable que sus representados reciban el beneficio de la reparación del daño, por la muerte de sus seres amados a manos de la delincuencia, y así­ acceder a una indemnización para que retomen sus proyectos de vida, ya que el Estado debe pagarles por sus fallas en materia de seguridad.

SÓLO UN DETENIDO
En un año, solo una persona ha sido acusada formalmente por el multihomicidio, Adrián N, alias El Comandante Pelón, fue detenido por personal especializado de la Fiscalí­a General de la República en mayo del 2019, pero fue la Fiscalí­a General del Estado la que le llevó ante tribunales aportando dos pruebas en su contra.
Según la carpeta SUIPJ/ DXXI/SUBMINA/F6/527/2019, donde obran los señalamientos, a Adrián N lo ubican en la escena por huellas dactilares y balí­stica, ya que presuntamente una de las armas que le aseguraron durante su detención, coincide con una de las que se dispararon el 19 de abril el dí­a de la palapa.
Poco después de la masacre, también resultó detenido Jesús N, alias El Lagarto, en Campeche, a quien la FGR imputó por delitos contra la salud y portación de arma de fuego. Hasta ahora, no ha sido señalado de manera formal por el multihomicidio, todo fue mediático.

INVESTIGACIÓN EN LA OPACIDAD
Tras la salida de Jorge Wí­nckler Ortiz como fiscal general del estado de Veracruz, la información sobre el caso de la Palapa Los Potros dejó de circular de manera oficial. Semanalmente, el ex fiscal daba a conocer detalles sobre los hechos sangrientos en Veracruz mediante su rueda de prensa.
Este ejercicio ya no fue retomado por su sustituta, Verónica Hernández Giadadns, quien ha preferido la opacidad total, más remarcada, luego de que estallara el escándalo de su relación familiar con una presunta jefa de la delincuencia organizada.
Incluso, tampoco emite informes sobre la otras masacres, como la de El Caballo Blanco, los feminicidios ni la lucha contra el secuestro.

CONTEXTO DELINCUENCIAL
El sur de Veracruz es un importante corredor para la delincuencia organizada, la ciudad más relevante, Coatzacoalcos, durante años operó bajo el control del Cártel del Golfo, incluso, conocido es que Osiel Cárdenas Guillén, capo del Golfo extraditado a Estados Unidos, vivió tranquilamente en este puerto durante una temporada cuando se escondí­a de la cacerí­a en su contra.
Al romper el Golfo y Los Zetas, Coatzacoalcos queda en manos de los ex militares sanguinarios, que durante años operaron a sangre y fuego el robo de hidrocarburos a Pemex, el secuestro, la extorsión, y algo que volvieron un negocio trasnacional, el secuestro y cobro de cuotas a extranjeros de Centroámerica.
En su primer informe sobre la situación de los derechos de los migrantes en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ubicó a Coatzacoalcos como la capital del secuestro de centroamericanos.
Pero a mediados del 2017, resultó detenido Hernán N, alias el Comandante H, supuesto jefe regional de Los Zetas que estaban asentados en Coatzacoalcos, con poder para controlar las actividades delictivas de todo el sureste mexicano.
Su captura fue por delitos contra la salud y portación de armas de fuego, sin embargo, la cacerí­a en su contra se activó presuntamente por haber dado la orden del multihomicidio contra una familia completa en la colonia Nueva Calzadas, de Coatzacoalcos. Cuatro niños y sus dos padres fueron masacrados posiblemente por una venganza ordenada por el capo, pero hasta ahora, no hay acusación formal en su contra por este delito.
Su captura generó una desarticulación en la estructura Z que dominaba el sur, y el surgimiento de otras células, como Zetas Vieja Escuela y la Espada Vengadora.
Ello alentó al Cártel de Jalisco Nueva Generación a buscar más posiciones en el corredor desde Las Choapas hasta Coatzacoalcos, lo que elevó exponencial mente los homicidios especialmente en Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.
Actualmente la zona se encuentra en una dinámica muy marcada donde es el CJNG el que domina los territorios. Durante el 2019, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz se ubicó a nivel nacional como el número uno en secuestros y feminicidios, gran parte de estos delitos se cometieron en ciudades del sur del estado.
Además, en Coatzacoalcos y Minatitlán los dos grupos más fuertes, Zetas y CJNG, comenzaron a imponer cuotas a negocios de todo tipo, especialmente a giros negros, llegando al grado de asesinar a los dueños, atacar a su clientela o quemar el local, sino pagaban mensualmente.
En este contexto, se dio el surgimiento de grupos de autodefensas en ciudades periferias de Coatzacoalcos, especialmente municipios dedicados al a crí­a y venta de ganado, ya que eran blanco del secuestro y cuotas.
Desde Las Choapas, Agua Dulce, Minatitlán, Hidalgotitlán, Uxpanapa, San Juan Evangelista y Jesús Carranza, comenzaron a nacer grupos de autodefensas organizados contra la delincuencia que, en caravanas, comenzaron a exhibir los rostros de los jefes de la delincuencia, así­ como sus principales actividades.
El gobierno del estado ha lanzado diversas incursiones y operaciones especiales para diezmar a la delincuencia, pero pocas han dado resultados.