Entonces, los reporteros se lanzaron a la resistencia pací­fica y durante 4 horas bloquearon la autopista reclamando justicia, de igual manera como antes, Marí­a Elena Ferral (treinta años de reportera, 3 tiros causaron su muerte) habí­a participado en una marcha de protesta por el crimen del reportero Leobardo Vázquez Atzin, quien fue señalado por el gobernador de que era un taquero.
La lista de agravios contra trabajadores de la información es la siguiente:
Uno. El homicidio de Marí­a Elena Ferral.
Dos. El asesinato del reportero Leobardo Vázquez. Impune.
Tres. El atentado a la directora editorial del periódico La Opinión, Mireya Ulloa Valencia. Impune.
Cuatro. El atentado al entonces director editorial de La Opinión, Armando Arrieta Granados, y quien luego se retiró del oficio periodí­stico. Impune.
Cinco. El atentado a la comunicadora Lucí­a López. Impune.
Y sexto. Los atentados contra las instalaciones del semanario Presente.
De paso, demandaron resultados de la Comisión Estatal de Protección y Atención a Periodistas, cuya presidenta es la columnista Ana Laura.
Y si no pueden, dijeron, que renuncien los comisionados y quienes cobran 40 mil pesos mensuales con la única obligación de asistir a Xalapa una vez al mes para levantar el dedo en todas las sesiones.
Y de vez en vez publicar una columna periodí­stica hablando maravillas del gobierno de Veracruz, y/o de ellos mismos.