estarí­a renunciando al monopolio del uso legí­timo de la fuerza pública; y esa actitud pasiva, denotarí­a la incapacidad estatal para proteger a la sociedad en el sostenimiento del orden público.
Las diversas acciones del gobierno, deben ser incluyentes y prioritarias para la protección del ejercicio pleno de la libertad, el derecho al trabajo y el derecho de propiedad que permiten formar o constituir un patrimonio social, individual o familiar de las personas.
Controlar una crisis que apenas comienza, con efectos económicos negativos en el reordenamiento de la quiebra financiera nacional, producida por la corrupción de gobiernos pasados, representa un gran esfuerzo para el nuevo gobierno empeñado en la construcción de la Cuarta Transformación del paí­s, delineando un nuevo rumbo para la Nación, mediante la Justicia distributiva, la seguridad y tranquilidad social.
Y cuando comenzaban a verse los beneficios que acarrearí­a en favor de los marginados, el desarrollo de los programas asistenciales implantados por AMLO; el proyecto para devolver al pueblo lo robado, se ve interrumpido por la presencia de la Pandemia del COVID-19.
Durante la presente semana, además de las noticias nacionales e internacionales que alertan sobre la prevención y los efectos del coronavirus, se ha informado de diversas acciones de rapiña, perpetradas por la delincuencia urbana, que con toda impunidad y desafiando a la autoridad, ha destruido los accesos a las plazas comerciales y tiendas de conveniencia (como la ocurrida hace 2 dí­as en Oaxaca, en agravio del corporativo “CHEDRAUI”), y antes en el estado de Puebla, CDMX, en 11 municipios del Estado de México y en otras tantas bodegas de empresarios mexicanos en el centro y sur del paí­s, logrando el despojo y apropiación indebida , de electrodomésticos, bienes y dinero, que sirven de mal ejemplo para otros potenciales delincuentes que están dispuestos a lastimar a la sociedad en su conjunto, todo esto, sin que la guardia nacional y los cuerpos de policí­a estatales y municipales, lo impidan.
Resulta urgente un “ya basta” desde el más alto nivel del gobierno federal, para evitar que se imponga como medida de presión, la Desobediencia Civil.