La dicha del gobernador Cuitláhuac Garcí­a Jiménez después de festinar la captura de un presunto responsable, ahora sí­, de la masacre del Caballo Blanco, se diluye mientras descansa en hombros de una fiscal con negro historial.
El mandatario festejó el viernes la detención, por parte de la SEMAR, de un sujeto quien según sus dichos está vinculado a la masacre que ha marcado a su gobierno.
Y horas previas a primer visita del 2020 del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Ejecutivo estatal lanzó campanas al vuelo para saborear la detención de Daniel N, un presunto operador del Cártel de Jalisco Nueva Generación, que estarí­a implicado en esa matanza pero al que sin embargo no se le han fincados cargos en relación a ese expediente.
Después de su detención, Daniel N, El Calavera, fue llevado al Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, y entregado a la Fiscal Olivia Reyes Castellanos, con las pruebas en su contra, varias dosis de cocaí­na y piedra.
Ayer domingo, Daniel N, El Calavera, fue llevado a audiencia de imputación ante un juez de procedimientos orales en Coatzacoalcos, lo están selañando por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, y en la audiencia, no se mencionó nada al respecto de los dichos del gobernador Cuitláhuac Garcí­a Jiménez de que estarí­a implicado en la matanza.
Por esta captura, Garcí­a Jiménez felicitó al personal de la Marina “que lograron la detención de uno de los probables autores intelectuales del multihomicidio en el bar El Caballo Blanco de Coatzacoalcos”.
Sin embargo, la Marina no consignó a Daniel N, ni a su coacusado, Gustavo N, a la Fiscalí­a General de la República (FGR), que es donde está la carpeta con todos los elementos de la investigación.
Según sus familiares, que hablaron con este reportero bajo anonimato, El Calavera resultó asegurado en Coatzacoalcos el pasado dos de diciembre, cerca de las 10:30 PM, por elementos de la Policí­a Naval que iban en una sola patrulla. La 3252.
Daniel N viajaba a bordo de una camioneta placas YHY 5876, del estado de Veracruz, (según las fotos de la SEMAR) acompañado de familiares y de Gustavo N.
El viernes pasado, diario Milenio y otros medios nacionales dieron conocer que autoridades federales habí­an capturado a Daniel N y a Gustavo N por su presunta implicación en la masacre del bar El Caballo Blanco, en la que murieron 30 personas.
El reporte de Milenio dice que “Daniel Ortega Castillo, El Meca y/o El Calavera, presunto jefe criminal del Cártel de Jalisco Nueva Generación, muy cercano a Jesús Adolfo Baños Salomón, El 50, fue detenido en Coatzacoalcos, Veracruz”, y citando fuentes ferales, afirma que acusaron al 50 de haber sido “señalado como responsable del ataque armado al bar El Caballo Blanco en agosto de 2019”.
Inmediatamente, el gobernador Cuitláhuac Garcí­a Jiménez secundó la versión en sus redes sociales y en una entrevista en Emiliano Zapata, durante una entrega de obras.
Sin embargo, al momento de emitir el comunicado oficial, la Semar afirmó que Daniel N y Gustavo N habí­an sido asegurados por “posesión de presunta droga y un vehí­culo”.
Familiares de los imputados confirmaron que durante la audiencia, celebrada en la sala de juicios orales del Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, se acusó a Daniel N de portar 300 dosis de droga y a Gustavo N, de llevar otras 30.
En entrevista, la esposa de Daniel N expresó que desde el momento de la detención el dí­a dos, hasta una de la mañana del tres, los dos estuvieron desaparecidos y en ningún sector policial le daban razones sobre su paradero.
Fue cerca de la una, que los encontraron en la base policial de Palma Sola, y eso porque al asomarse al patio de la comandancia, a distancia, reconoció la camioneta que les habí­an asegurado, y advirtió al encargado del portón que si no le mostraban a su familiar, traerí­a a la prensa.
La mujer relató que al momento de la captura por parte de los navales, iban a comprar unos boletos para el ADO, pues al dí­a siguiente viajarí­an al puerto de Veracruz, y en el camino, pasaron a visitar a una amistad, cerca del centro de la ciudad, y que no portaban drogas.
Cuando al fin la dejaron ver a su esposo, “me dijo que lo habí­an torturaron, que le pegaron mucho y que lo llevaron al monte, donde le introdujeron un aparato por detrás, que lo violaron”.
Expuso que quiso denunciar esos abusos, así­ como la desaparición de su marido, ante la Fiscalí­a, y en la guardia estaba Olivia Reyes Castellanos, pero “no quiso recibirme y me trató mal, me dijo que no tení­a nada que hacer ahí­”.

FISCAL BAJO SOSPECHA
Se trata de la misma fiscal que le recibió los detenidos a la Policí­a Naval, integrando el proceso penal 02/2020, la mañana de ayer domingo, fue la fiscal que presentó los cargos ante el juez del sistema oral de Coatzacoalcos.
Entre ví­ctimas del delito, la historia de Olivia Reyes Castellanos es turbulenta. En enero del 2018 fue denunciada en la Fiscalí­a Especializada en Combate a la Corrupción por Marí­a de Jesús Zapor Valenzuela, madre de un empresario que asesinado el 16 de septiembre de 2017 en Coatzacoalcos.
Ello consta en la carpeta FESP/277/2018/IV-04, en la cual igual señaló al fiscal de Distrito de entonces, Jair Paredes Hernández. En la denuncia, así­ como en una queja formal que llegó al despacho principal de Jorge Winckler, los dos servidores públicos son acusados de no dar resultados en la investigación referida por la denunciante, quien reprochó que pese al tiempo transcurrido, y todas las pruebas aportadas por ella, el caso no caminaba.
Peor aún, sugirió que se protegí­a a los perpetradores, a su juicio, claramente identificados, una pareja sentimental de su hijo, así­ como el esposo de ésta. La mujer señala haber entregado pruebas sólidas para al menos investigar a la pareja, y no se ha hecho nada, pues el caso persiste en la impunidad.
Tanto Olivia Reyes como Jair Paredes resultaron exonerados por el fiscal que los investigó, Sergio Abel Verdejo Muñoz, quien recibió nombramiento de encargado de la Fiscalí­a Regional de Xalapa, ya bajo la administración de Verónica Hernández Giadans, y en un claro revés a su ex jefe, Marcos Even Torres Zamudio, quien actualmente lucha por evitar su captura.
Otro punto en el historial de Olivia Reyes Castellanos, es el expediente de la joven Jessica Luis Lara, desaparecida el 22 de octubre de 2013, y encontrada en una fosa clandestina cinco años después, en la colonia San Silverio, de Coatzacoalcos.
Tanto la denuncia de la desaparición, como el hallazgo del cadáver cinco años después, para mala suerte de los padres, recayó en Olivia Reyes Castellanos.
El predio donde la menor de edad apareció, es el mismo donde los padres de Jessica Luis Lara pidieron muchas veces que se investigara.
El cadáver apareció gracias a la casualidad, pues un vecino dio con la fosa clandestina cuando realizaba una construcción y avisó a la policí­a.
“Órale, se me van a bañar para que les dé tiempo de irse a Xalapa para que se hagan las pruebas de A.D.N. pues su hija ya fue localizada”, palabras más, palabras menos lanzó Olivia Reyes Castellanos a los dolidos padres, quienes no daban crédito a los dichos de la funcionaria, que de nueva cuenta se cruzaba en sus vidas, y sin ningún tacto ni preparación, daba esa noticia a los deudos que al no encontrarla albergaban la esperanza de encontrarla viva algún dí­a.
Fue gracias a la intervención del colectivo Belén González, que los padres Jessica Luis Lara contaron con un acompañamiento adecuado y dejaron de ser victimizados por Olivia Reyes Castellanos.
En su última visita a Coatza para reunirse con colectivos, el 30 de septiembre de 2019, madres de desaparecidos se quejaron tanto con Cuitláhuac Garcí­a Jiménez como con Marcela Aguilera Landeta, encargada del despacho de Investigaciones Ministeriales, de las prácticas de Olivia Reyes Castellanos, y exigieron su cambio.
Cuitláhuac Garcí­a, dijeron madres asistentes a ese encuentro, dijo “lo vamos a revisar” y no hizo nada. Ahora en el pecado llevará la penitencia pues su tan anhelado detenido por la masacre Caballo Blanco, están manos la fiscal señalada.

EXONERADO
En octubre del 2017, durante una celebración a San Judas Tadeo, elementos de la Policí­a Federal ingresaron a un salón de fiestas en la colonia Puerto México de Coatzacoalcos, donde detuvieron a unas 30 personas, después de investigarlos, solo se consignó a cuatro por portación de armas de fuego, entre ellos estaban Daniel N, quien estuvo en la cárcel poco tiempo, y alcanzó su libertad al parecer por abusos cometidos en su contra, que confirmaron violaciones a su debido proceso.
Posteriormente, es detenido y acusado de homicidio doloso y robo de auto en febrero del 2018 en el mercado de El Tomito, en Cosoleacaque.
El 26 de febrero de ese año, es detenido por personal de la Fuerza Civil momentos después de que es asesinado Gustavo Pérez Pérez, de 26 años, un supuesto cobrador de cuotas que habí­a llegado a extorsionar a los comerciantes de ese tianguis en Cosoleacaque.
Eran cuatro detenidos en total: José Antonio Acopa Hernández, Daniel Ortega Castillo, Érik Santiago Clara Hernández, Martí­n Ramos Leyva, en la audiencia de vinculación a proceso, se les dieron dos años de prisión preventiva oficiosa.
Sin embargo, en una audiencia intermedia, la juez del caso, Glenda Mariela Zúñiga Meza, analizó todas las pruebas presentadas por la fiscalí­a, como periciales, balí­stica, entrevistas a los policí­as que los detuvieron, y una a una fueron siendo desechadas por la togada, quien concluyó que ninguna era suficiente para mantener a los detenidos tras las rejas.
Según el proceso 16/2018-J, en diciembre del 2018, Glenda Mariela Zúñiga Meza dictó la sentencia absolutoria pues incluso los testimonios presentados por los policí­as que los detuvieron, en ningún caso los oficiales reconocen haber visto de manera flagrante el momento en que alguno de ellos disparaba contra la ví­ctima.
Los casquillos colectados en la escena, no correspondieron a las dos armas que les fueron encontradas al momento de la la detención, la policí­a tampoco logró acreditar que el coche en el que se transportaban, era robado, un Cruze placas YKM7767 del estado de Veracruz.