Su antiguo patrón lo habí­a acusado, entre otras cositas, por el (presunto) desví­o de dinero de una de sus empresas, denominada Microcréditos Promotora SISA, de Inversión y Capital Variable, sociedad financiera de objeto múltiple.
Pero y como además, en el mundo polí­tico trascendiera que su patrón estaba involucrado en la creación de empresas fantasmas y compra y venta de facturas en el sexenio de Javier Duarte, también se lo endilgaron como delito.
Cristhian Yacotu, quien fue nombrado director general de la empresa de microcréditos por su patrón, Ví­ctor López Gachuz, conoció el calvario.
Por ejemplo:
La familia primero contrató a un abogado que lo timó. Les pedí­a parte del pago anticipado y se los llevó con las cabeceadas.
Luego, se fueron con otro abogado y la misma historia.
Entonces, contrataron a un tercero. Y les dijo:
“Yo les cobraré hasta que Cristhian esté aquí­, en casa, libre de toda culpa”.
Y la esperanza familiar en los licenciados se restableció.
El asunto serí­a llevado en el Juzgado Tercero de Distrito con sede en la ciudad de Veracruz.

LA VIDA SE VOLVIÓ TENSA Y CARDIACA

Ví­ctor López Gachuz formó su empresa de Microcréditos hacia el año 2008 cuando su compadre, el notario público, Alejandro Hernández Gallardo, lo convenciera de la posibilidad.
López Gachuz se asoció con otros empresarios, entre ellos, los dueños del viejo hotel Villa Rica y que años después fue cerrado y vendido el terreno según se afirma a un prestanombre de Javier Duarte, y quien planeara levantar ahí­ un gran centro comercial, por ahora, en receso.
Y fue cuando contratara a Cristhian Yacotu.
La empresa estaba diseñada, entre otras cositas, para otorgar créditos y que de pronto, ¡zas!, todo indica, comenzaron a ser desviados sin que en muchos casos se otorgaran.
Incluso, las operaciones eran simuladas, pero el dinero jamás llegó a su destino.
Es más, la gente comenzó a exigir cuentas de sus inversiones y siempre evasivas.
Y en contraparte, de pronto, Ví­ctor López apareció como dueño de un restaurante en el bulevar ívila Camacho, y de departamentos de lujo, y hasta un yate según el trascendido.
Entonces, los contadores descubrieron que el (presunto) desfalco llegaba a los doscientos millones de pesos, aprox., y la vida se volvió tensa y cardiaca.
Fue cuando a través de sus apoderados legales, Ví­ctor López interpuso una denuncia en la Procuradurí­a General de la República en contra de Cristhian Yacotu.

DE PRONTO, APARECIÓ YUNES

En el bienio azul de Miguel íngel Yunes Linares, el gobernador se fue contra Ví­ctor López, acusado de lavado de dinero para Javier Duarte, además de la compra y venta de fracturas y de la creación de parte de aquellas famosas cuatrocientas empresas fantasmas.
Incluso, y como el negocio se habí­a extendido, hasta oficinas tení­an en la ciudad de México y desde donde manejaban las cosas de Duarte.
En la yunicidad hubo una orden de aprehensión en contra de López Gachuz, pero todo indica fue congelada porque Jaime Téllez Marié, entonces, secretario de Seguridad Pública, lo habí­a divorciado de su primer matrimonio y la relación amical se mantení­a.

GENTE VIP INVOLUCRADA

Con todo y las denuncias de por medio, Cristhian Yacotu dejó de laborar en el año 2015 con López Gachuz, pero el proceso penal siguió por oficio.
Y en el mes de enero de este año fue detenido.
El proceso penal continuó, en tanto Ví­ctor López, de unos 55 años, desintegró sus empresas, rompió con sus socios, y según las versiones, que vive en Europa y/o que está viviendo en Houston.
A principios de este mes de mayo, el Juzgado Tercero de Distrito dictó la libertad absoluta de Yacotu, pues el Tribunal Unitario determinó que el delito era improcedente, pues nunca fue acreditado.
Y en contraparte, en la Fiscalí­a General de la República sigue parada una carpeta de investigación por lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilí­cita) en contra de Ví­ctor López porque hay involucrada mucha gente VIP de Veracruz asociada una parte con Javier Duarte.
Con todo, habrí­a de enlistar que la Fiscalí­a General de la República solicitará a un juez federal (según el periódico digital, Animal Polí­tico) la apertura de procesos penales en contra de Mauricio Audirac, José Francisco Dí­az y Gabriel Deantes por el desví­o de cuatrocientos millones de fondos federales destinados a servicios de salud, educación y obra pública.
Es decir, que toda carpeta de investigación tiene su tiempo penal y el turno le podrí­a llegar a Ví­ctor López y asociados.