Se cumple hoy un mes de la masacre en la colonia Obrera, 13 personas, entre ellas un bebé de 12 meses, fueron asesinadas por la delincuencia organizada.
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, prometió el primer destacamento de la Guardia Nacional para Minatitlán y con eso ofrecer al pueblo que "no están solos".
Sin embargo, antes del mes, los federales ya habí­an regresado a sus cuarteles, y en el estado se suman nuevas masacres.
Hay tres detenidos, pero ni uno está acusado formalmente por el multihomicidio.
Las tres personas que han sido señaladas por el gobierno de Veracruz de ser lí­deres de la delincuencia organizada, y haber participado en dicha masacre, están encarcelados por delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Hasta el momento la Fiscalí­a General de del Estado que encabeza Jorge Wí­nckler Ortiz, tampoco ha enderezado alguna acusación formal contra el trí­o de presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que la Fiscalí­a General de la República estarí­a investigando por la trama criminal.
"La fiscalí­a no trabaja bajo presiones polí­ticas, lleva sus propios tiempos", dijo Wí­nckler la última vez que se refirió a los cuestionamientos lanzados desde el gobierno morenista.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac Garcí­a Jiménez, no se ha parado en Minatitlán.
Sólo lo hizo el pasado 27 de abril, cuando se dio el arribo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para anunciar la presencia de la Guardia Nacional.
Y así­, todos los involucrados y responsables en buscar justicia para los 13 finados y sus familiares, han quedado a deber.
Peor aún, el caso, en manos de las autoridades Veracruzanas del nuevo gobierno de MORENA, lo han polarizado y politizado para emplearlo como cachiporra contra Wí­nckler Ortiz.
El grupo de policí­as militares incluso ya no se miran en las calles de Mina, en la entrada principal a la ciudad, el dí­a que llegó el Presidente, aguardaba un gran retén de marinos y soldados.
Un par de semana después se quitaron. Actualmente en Mina solo operan unos 50 oficiales de la Guardia Nacional, pues el Presidente anunció mil 59 efectivos para Mina, sin embargo, ese dí­a no aclaró que también serí­an distribuidos en Coatzacoalcos y Cosoleacaque.
Damara Gómez, regidora del ayuntamiento de Minatitlán por el PRI, dijo que es evidente que las calles ya no son vigiladas por la Guardia Nacional.
Acusó que los oficiales federales solo estuvieron unos dí­as, en lo que se calmaban las cosas, y se marcharon.
Además aclaró que en Minatitlán sólo hay 50 efectivos que se supone están realizando rondines, pero ni se ven ni se sienten.
Recalcó que es evidente que las autoridades locales en Minatitlán esperan que sea el gobierno federal quien venga a resolver la crisis por la violencia ante la incapacidad del gobierno municipal.
Por el momento, los esfuerzos del municipio para contar con una policí­a propia, han sido magros. La necesidad es de más de 400 efectivos municipales, lo logrado por ahora, no llega ni a la mitad, dijo.

ACUSACIONES MEDIíTICAS

El 3 de mayo, acompañado de su familia, al salir de su trabajo, fue detenido Adrián N, alias El Pelón, supuesto integrante del CJNG implicado de manera material en la masacre. Una célula de la Agencia de Investigación Criminal lo agarró cuando intentaba refugiarse en el C4 de Cosoleacaque.
Las versiones al respecto, indican que si El Pelón intentó esconderse en ese lugar, más que una complicidad con la policí­a, era para contar con muchas cámaras de vigilancia que aseguraran las imágenes de la detención, y evitar la siembra de armas o droga.
El Pelón quedó vinculado a proceso por delitos contra la salud y otros delitos, hasta ahora las autoridades no han informado de manera oficial qué le decomisaron al Pelón.
El 5 de mayo igual fue detenido El Mingo, Ernesto N, hermano de Jesús N, alias El Lagarto. El Mingo también quedó vinculado por delitos contra la salud.
Y el nueve de mayo pasado, en Campeche, quedó bajo arresto Jesús N, El Lagarto, quien serí­a el jefe criminal que dio la orden de jalar del gatillo, según los comunicados del gobierno estatal.
Los tres sujetos cuentan con investigaciones por delitos federales, y los periodos otorgados de cárcel para investigarlos, se relacionan a delitos federales contra la salud y por portar armas.
“Con la detención de Jesús N suman tres los arrestos por el ataque en el salón de fiestas “Los Potros”, el pasado 19 de abril, por la disputa entre grupos delincuenciales por controlar la venta de drogas”, insistió la SSP de Veracruz en el comunicado por la captura de El Lagarto.
Fuentes del Poder Judicial de la Federación, que han pedido anonimato, indicaron que las vinculaciones a proceso contra estas personas, se relacionan a delitos del fuero federal.
No cuentan con señalamientos formales por el multihomicidio en el salón Los Potros.

POLITIZAN TRAGEDIA

Más allá del dolor de las familias, el gobierno de Veracruz ha tomado el caso para vapulear al fiscal Jorge Wí­nckler, contra quien hay una cruzada para orillarlo a presentar su renuncia al cargo.
Tras la captura de El Lagarto, el secretario de Gobernación, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, acusó que el criminal se moví­a en vehí­culos de la fiscalí­a General del Estado, y por ello lo dejaban andar libremente cometiendo toda clase de delitos.
Sin presentar pruebas o alguna denuncia, Patrocinio Cisneros hizo la acusación más seria hasta el momento contra el abogado de los veracruzanos.
“Es evidente que el fiscal Wí­nckler les estorba. Les estorba para encubrir sus compromisos con Javier Duarte de Ochoa y el grupo de presuntos delincuentes que lastimó gravemente a Veracruz”, respondió el fiscal.

LA REALIDAD PESE A AMLO

Durante una marcha pací­fica, empresarios y ví­ctimas de la masacre, el 23 de abril demandaron justicia a las autoridades, que se repare el daño y se ofrezca tratamiento sicológico a las ví­ctimas indirectas.
Hasta ahora, nada de eso se ha logrado, las familias ni si quiera han sido incluidas en el registro estatal de ví­ctimas, “no los voy a dejar solos”, prometió el Presidente durante su visita a Minatitlán donde presentó a la Guardia Nacional, asegurando que serí­a en Mina el primer lugar de México donde se pondrí­a en marcha.
Los comentarios entre los asistentes ase evento eran de júbilo y contento, pues sentí­an el apoyo presidencial. Hoy las calles de Mina lucen sin presencia de militares.
Netzahualcóyotl Albarrán, coronel de infanterí­a a quien se designó la coordinación de la Guardia Nacional en Mina, ni si quiera ha dado algún informe sobre los resultados de sus labores. Las autoridades en la región tampoco tienen noticia de algún encuentro con él. Se la pasa metido en el cuartel.
Esos mil 59 efectivos de la guardia, según la estrategia de protección ciudadana en Minatitlán -difundida por el gobierno de la república- constarí­a de ocho sectores y una coordinación general.
Al momento no se tiene noticia de instalaciones, oficios o el arranque de obras para construir esas demarcaciones donde se supone estarí­an alojados efectivos militares de la GN, confirmó la regidora Damara Gómez.
Los efectivos de la PF arrobados a Mina para la estrategia lanzada por el Presidente, se alojan en hoteles de la avenida Justo Sierra, precisamente, esos efectivos protagonizaron un escándalo al interior de un bar el pasado 3 de mayo, que terminó con tres cadáveres. Dos eran de policí­as.
Las autoridades terminaron confirmando que elementos de la Policí­a de Veracruz y federales se liaron a disparos, al parecer por una confusión originada al interior del bar La Bartina.
Sobre los lesionados, todos fueron dados de alta, menos uno, de identidad resguardada, que presenta estado catatónico.
De un mes a hoy, suman nuevas masacres en Veracruz, los cinco comerciantes en Tuzamapan, Coatepec; los chicos baleados anoche en Acultzingo, con saldo de dos muertos; tres jóvenes asesinados en Vega de Alatorre, los linchados en Las Choapas y los jóvenes masacrados durante una misa de XV años, dos en total, está semana en Córdoba.