Veracruz, el gigantesco fosario de México
•Cientos de cuerpos en fosas que han aparecido por donde quiera
•Los cementerios clandestinos, ubicados en más de 10 municipios, son llamados “campos de exterminio”
•El 10 de mayo del 2016, las mujeres del colectivo Solecito recibieron un mapa que las llevó a Colinas de Santa Fe
Colinas de Santa Fe, en municipio de Veracruz; Arbolillo, en Alvarado; Cerro de Los Arenales, en Río Blanco; y predio La Guapota, en Úrsulo Galván, así como el penal de Coatzacoalcos, dan de qué hablar
•Fosas que guardaban no solo muertos, sino también historias de complicidad oficial, terror y dolor de las familias
Por ANTONIO OSORIO OJEDA/Primera parte
En pocos años Veracruz se convirtió en un fosario, con cientos de fosas clandestinas que han aparecido en diversas regiones del estado, evidenciando no sólo el destino de hombres y mujeres que fueron víctimas de la violencia, sino también la incapacidad de las autoridades y hasta la complicidad de las corporaciones policiacas para detener la pesadilla que laceró y sigue atormentando a los familiares de los desaparecidos.
Se calculan que podrían ser más de 600 cuerpos, en más de 10 “puntos” que poco a poco fueron descubiertos y que pusieron en jaque a las administraciones estatales del priista Javier Duarte de Ochoa, el panista-perredista Miguel íngel Yunes Linares y al morenista Cuitláhuac García Jiménez.
Las fosas más grandes, y que hoy colocan a Veracruz como uno de los estados que ocupan los primeros lugares en fosas clandestinas, han sido descubiertas principalmente con el trabajo de colectivos de búsqueda de desaparecidos, que tienen como meta no descansar hasta encontrar a sus familiares, desaparecidos recientemente o a lo largo de una década.
Desde el 2011 surgieron los primeros hallazgos humanos que en los años posteriores se diversificaron, ante la proliferación de grupos criminales; luego, aparecieron las primeras fosas masivas y aunque las autoridades trataron de ocultar los hechos, salieron a la luz pública.
Del 2015 a la fecha un “estallido” social, motivado por el reclamo de integrantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos, destapó los cementerios clandestinos que hoy son considerados como auténticos campos de exterminio.
En los últimos meses han sido ubicadas fosas no solo en sitios apartados como laderas de cerros, cañales, predios baldíos en zonas cercanas a núcleos de población, sino también en reclusorios, como el de Coatzacoalcos, donde las autoridades están a la espera de incursionar.
Una “radiografía” del fosario en que prácticamente se ha convertido la entidad, sugiere que entre las regiones donde se han registrado inhumaciones clandestinas destacan los municipios como Tres Valles, Tihuatlán, Ixtaczoquitlán, Xalapa y Martínez de la Torre, cobrando relevancia en los últimos meses Veracruz, Alvarado, Úrsulo Galván, Río Blanco y Coatzacoalcos.
Por ejemplo, en la fosa de Colinas de Santa Fe, en Veracruz, fueron rescatados 300 cuerpos; en Arbolillo, municipio de Alvarado, fueron encontrados alrededor de 47 cadáveres; en la zona de “Los Arenales”, en Río Blanco, han sido recuperados 16 cuerpos; en el predio “La Guapota”, en el municipio de Úrsulo Galván, se detectaron alrededor de 60 “puntos”, y en el interior del penal Duport Ostión, de Coatzacoalcos, recientemente quedó al descubierto lo que podría ser otra fosa con presencia masiva de cadáveres.
En este proceso, han jugado un papel determinante las jornadas de búsqueda emprendidas por los colectivos de desaparecidos, que de víctimas se convirtieron en exploradores y supervisores permanentes de las investigaciones en campo, ante la incapacidad y las omisiones de las autoridades.
Además, ha sido en los movimientos de lucha, donde los miembros de los colectivos, de manera anónima y a través de mapas, han recibido pistas de los sitios donde yacen cuerpos enterrados, que de otra forma no podrían localizar.
En el año 2016, la Brigada Nacional de Búsqueda, encabezada por el Colectivo de Familiares de Búsqueda de Desaparecidos de la zona Córdoba-Orizaba, llegó a la zona centro de la entidad, donde apoyados por la Iglesia, representada por el sacerdote Julián Verónica Fernández, emprendieron la Primera Jornada de Búsqueda en municipios como Amatlán, Omealca y Córdoba. Armados con yelgos y palas, aditamentos para analizar fósiles y con pistas que de forma anónima recibieron, sobre lugares donde podría haber cuerpos sepultados, los activistas emprendieron la tarea que duró varios meses.
Aunque las actividades fueron apoyadas por personal de Derechos Humanos y contaron con respaldo de las autoridades, hubo momentos de rispidez con el gobierno, al grado de que la Fiscalía no quería dar certidumbre a varios hallazgos que hicieron los activistas.
Luego, la lucha fue por la falta de recursos para las muestras de ADN a los familiares de las víctimas, a fin de compararlas con los restos y tratar de establecer la identidad de las víctimas.
HACE TRES AÑOS SE DESCUBRIÓ LA FOSA MíS GRANDE, EN COLINAS DE SANTA FE
Parte de la historia refiere que el año 2011, la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río desapareció, ante presuntos nexos con el crimen organizado y en su lugar entró la Policía Naval, apoyada con policías estatales. Sin embargo, ninguna de las corporaciones hizo algo para evitar que grupos criminales enterraran a sus víctimas en fosas clandestinas.
Según la presidenta del colectivo de desaparecidos Solecito, Lucía Díaz Genao, los primeros hallazgos ocurrieron en el año 2016, en el predio de Colinas de Santa Fe, del puerto de Veracruz, cuando fueron encontrados solo cinco cuerpos.
La odisea del grupo inició cuando planearon empezar a explorar el terreno, al considerar que las autoridades investigadoras y peritos no eran buenos para realizar los trabajos.
El grupo decidió iniciar la búsqueda, cuenta, a partir de una pista que como un amargo regalo del “Día de las Madres” consiguieron el 10 de mayo del año 2016, cuando de forma anónima recibieron un mapa del terreno donde el crimen organizado había enterrado a sus víctimas.
“El Día de las Madres fue la confirmación, ya teníamos todo tipo de rumores, Santa Fe ya tenía todas las luces de alarma; hay compañeras que les dijeron que desde 2011, Santa Fe estaba activo desde 2010 más o menos”, contó la presidenta del Colectivo.
Las madres del colectivo Solecito Veracruz realizaban una marcha por sus familiares desaparecidos cuando les entregaron un croquis, una hoja blanca, a cuadros, escrita a mano y con tinta negra, donde se mostraba, con diversos puntos de referencia, la ubicación de un predio localizado al respaldo del fraccionamiento Colinas de Santa Fe, sitio que un año después, se convertiría el cementerio clandestino más grande de México y de América Latina.
Desde el 3 de agosto del 2016, los familiares de las víctimas formaron una brigada que era encabezada por buscadores provenientes de Iguala, Guerrero, para lo cual dispusieron de cerca de un millón de pesos que juntaron con ayuda de fundaciones, dependencias, universidades y el trabajo de los integrantes del colectivo que hicieron kermeses, rifas, tianguis y aportaciones personales de algunos de los familiares de las víctimas.
De acuerdo con reportes de las autoridades el 12 de marzo de 2017 fueron localizadas 152 fosas, con 296 cráneos, 14 mil restos óseos, y cuatro cuerpos decapitados, además de miles de restos óseos. Asimismo, 16 cuerpos fueron identificados con ayuda de expertos y 10 entregados a sus familiares.
De acuerdo con las autoridades, solo con la complicidad de las corporaciones policiacas de la anterior administración municipal, grupos criminales pudieron llevar a cabo la inhumación masiva de personas, utilizando maquinaria pesada para hacer las excavaciones.
El 12 de diciembre del 2017, miembros del Colectivo Solecito de Veracruz localizaron una nueva fosa clandestina en la zona de Colinas de Santa Fe, pero debido a que el personal forense de la entonces PGR se hallaba de vacaciones el proceso de búsqueda estuvo detenido.
Según la presidenta de este colectivo, Lucía Díaz Genao, la nueva fosa fue descubierta "el 12 de diciembre, precisamente el día de la Virgen de Guadalupe y dijo desconocer cuántos cuerpos podría haber, hasta esa fecha sumaban 298 restos encontrados.
De acuerdo con el reporte más reciente, el pasado 7 de abril de este año se registraron tres nuevos hallazgos en las fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe.
“El de Colinas sigue, dicen que ya lo habían cerrado, pero sigue, siguieron dando positivo todavía… a partir de que se había disque terminado la búsqueda, van tres positivos todavía”, dijo la integrante del colectivo Solecito, Martha Elba Jiménez
A estos esos nuevos hallazgos se sumaron los 298 que ya se habían encontrado anteriormente y podría haber más, aseguró. Agregó que en Veracruz hay dos puntos activos de búsqueda, que son Colinas de Santa Fe y la zona del basurero municipal, ubicado en el Kilómetro 13.5.
Aclaró que hasta el momento no se han encontrado restos humanos en los terrenos que se ubicado cerca del basurero municipal.
EL PROBLEMA DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RESTOS
Aun cuando se trató de fosa clandestina más grande descubierta en México, las autoridades veracruzanas no tuvieron los recursos suficientes para realizar las pruebas de ADN que permitieran identificar a las personas exhumadas, y analizar los restos.
El fiscal del estado, Jorge Winckler, admitió en su momento que a la entidad le “urge apoyo internacional y nacional” para analizar el ADN de los restos. Además, acusó que el gobierno de Javier Duarte engañó a las personas que integran colectivos de desaparecidos, en relación a que les tomaban muestras de ADN para hacer confrontas con los restos encontrados.
“Eso era mentira, no se hizo, simplemente se les engañó. Había un desorden total en relación a los cuerpos que se encontraban y que se enviaban a fosas comunes, sin tomarles muestras que permitieran más adelante hacer una confrontación, y una identificación”, admitió el fiscal.
Aseguró que en esa ocasión las autoridades de Veracruz tenían sólo 276 muestras que sirvieron para confrontación, de un universo de miles que debieron tomarse. Mencionó que hasta marzo de 2017 las autoridades tenían un registro 2 mil 400 personas desaparecidas en Veracruz.
“Hoy, gracias a Dios tenemos el apoyo de policía científica, de PGR, de Cruz Roja Internacional y de instancias particulares, directamente un laboratorio certificado, que es ADN México, que con un ánimo humanitario ha venido a apoyarnos para llevar a cabo confrontaciones de restos que tenemos ya identificados”, precisó.
En marzo de 2017, la organización civil Colectivo Solecito denunció que las autoridades ministeriales veracruzanas carecían de recursos para realizar las pruebas de ADN, que permitieran identificar a las 249 personas que ya fueron exhumadas de estas fosas, y analizar otros 14 mil restos óseos.
Tras el hallazgo de los primeros cuerpos, seis meses después fueron identificadas las primeras víctimas, entre ellas el ex agente del Ministerio Público de Cardel, Pedro Huesca, y su secretario Gerardo Montiel, gracias a que ambos fueron sepultados con sus credenciales.
Pedro Huesca llevaba ocho meses como Fiscal Especializado adscrito a la Secretaría de Marina en el Operativo Veracruz Seguro, y 10 años como agente del Ministerio Público en la agencia octava, pero en abril de 2013 fue secuestrado por un grupo del crimen organizado en Cardel, municipio de La Antigua. Junto con él, también fue secuestrado su secretario Gerardo Montiel.
Posteriormente, otros siete hombres fueron identificados por peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tras analizar 31 cráneos.
En un comunicado, se informó que “expertos en odontología y genética forense de la AIC analizaron restos óseos asociados a dichos cráneos, con lo que se logró la identificación de tres hombres, y mediante la confronta con la Base de Datos Genética de la PGR se logró la identificación de otros cuatro hombres”.
Otros dos cuerpos fueron reconocidos en noviembre del 2018, durante los trabajos de exhumación de integrantes del Colectivo Solecito. Con estas víctimas sumaron 19 las personas identificadas.
Por otra parte, a un año de diligencias, en marzo del año 2018, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó sobre la resolución de un amparo, con la que se pidió al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenar la entrega de la versión pública de datos, cifras o estadísticas sobre las fosas clandestinas del predio de Colinas de Santa Fe, Veracruz.
En el fallo, el juzgado federal determinó que “el solo hecho de que la información se encuentre inmersa en una investigación ministerial no demuestra que su difusión impida u obstruya las funciones que ejerce el Ministerio Público durante la investigación”, además de que la divulgación de la información solicitada “no (…) representa un riesgo real de perjuicio al interés público”.
EN ARBOLILLO, ALVARADO, DOS FOSAS CON 217 RESTOS Y ROPA DE NIÑOS, ENCENDIÓ LA ALERTA DE COLECTIVOS
La localidad Arbolillo, municipio de Alvarado, ha sido escenario en dos ocasiones, de hallazgos masivos, una en el año 2017 y otra en el 2018. Primero las autoridades hicieron una investigación que arrojó el hallazgo de 47 cuerpos, y debido a la inconformidad de familiares de desaparecidos, una segunda intervención dejó al descubierto un nuevo hallazgo de 170 restos, con los que sumaron al menos 217.
El 19 marzo de 2017 fueron desenterrados los primeros cuerpos de 47 personas, en un predio ubicado cerca de una laguna, en la comunidad Arbolillo, en Alvarado, sitio localizado tras la desaparición de tres elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México.
El sitio estaba cerca del panteón de la localidad, donde versiones de pobladores señalan que algunas víctimas eran trasladadas en lanchas.
El 7 de mayo, se confirmó el primer resultado de identificación de uno de los restos encontrados, que resultó ser el joven Baruch Grajeda García, quien tenía 20 años cuando fue “levantado”.
Baruch desapareció el 11 de julio de 2016, en compañía de uno de sus primos, en la ciudad de Veracruz.
En una conferencia de prensa del pasado 19 de marzo, el fiscal Jorge Winckler, ya había señalado que existían indicios que permitían suponer que ahí se encontraban, los restos del joven.
La versión fue confirmada por la División Científica de la Policía Federal, a través de estudios de comparativa genética, con uno de los fragmentos óseos encontrados en Arbolillo.
Otras víctimas identificadas fueron los hermanos Felipe y Mario Piña Martínez, así como Maribel Valdivia Hernández, de 32 años, esposa de uno de ellos, quienes habían desaparecido el 11 de diciembre del año 2016.
Entre los restos también se encontraba el cuerpo de Isaías Jácome Hernández, desaparecido el 6 de septiembre de 2016, y los de tres integrantes de la familia Sánchez Pérez, originarios de Querétaro, que habían sido reportados como desaparecidos a principios de septiembre del año 2016.
Las autoridades veracruzanas se pusieron en contacto con la Fiscalía de Querétaro para informarles del hallazgo y que sus familiares acudieran ante las autoridades para que se les tomaran muestras de ADN e identificaran los restos.
Hasta diciembre del 2017, al menos 16 de los 47 cuerpos habían sido identificados por sus familiares, gracias a los trabajos de rehidratación de huellas dactilares y moldeo de arcadas dentales; así como levantamiento completo de placas fotográficas de características específicas como lunares, cicatrices, tatuajes y señas particulares.
ENCUENTRAN LA SEGUNDA FOSA DE ARBOLILLO
En septiembre del 2018 fue descubierta una nueva fosa en la localidad Arbolillo, donde se localizaron al menos 170 cráneos. El terreno, con superficie de 120 metros cuadrados y ubicado a unos 10 kilómetros del Centro de Alvarado, se constituyó en la segunda fosa más grande del estado, después de la Colinas de Santa Fe.
El terreno se ubicó en el mismo lugar donde en el año 2017 fueron recuperados los primeros 47 cadáveres, y donde familiares de personas desaparecidas habían dicho insistentemente que la búsqueda no estaba bien realizada y pedían hacerla ahora ellas.
El 6 de septiembre, el fiscal Jorge Wínckler, dio a conocer la localización de las fosas clandestinas donde se ubicaron los cuerpos, pero sin dar la ubicación, bajo argumentos de salvaguardar el desarrollo de las investigaciones. La FGE señaló que un presunto delincuente les dijo de la ubicación de múltiples cuerpos en fosas clandestinas, por lo que volvieron a realizar la búsqueda.
En esa fecha declaró que había 32 fosas y restos de 166 personas, entre objetos personales, ropa y 114 identificaciones.
Posteriormente, salió a la luz pública que la ubicación de las fosas era en Arbolillo; en el sitio quedaron delimitadas varias fosas clandestinas con tiras y estacas en las esquinas, junto al sitio donde las autoridades ya habían encontrado otras fosas clandestinas con 47 cuerpos.
Días después, el 18 de septiembre, los familiares de los desparecidos, provenientes de municipios como Veracruz, Córdoba, Xalapa, Poza Rica y Coatzacoalcos, lograron ingresar al cementerio, donde encontraron los restos de dos personas, con las que sumaron 34 fosas.
En total, en las fosas de Arbolillo se habrían encontrado 217 restos, luego de una segunda búsqueda, con lo que se convertiría en la segunda fosa más grande de Veracruz.
Entre los restos encontrados había ropa de niños de entre 7 y 9 años de edad, y hasta de bebés, según dio a conocer la madre de un hombre desaparecido fue llamada por las autoridades para identificar artículos hallados en fosas clandestinas.
La mujer dijo que las autoridades no quisieron revelar que en las fosas había niños pues en las muestras fotográficas existen fotos de ropa de los menores.
La vocera del Colectivo de Familiares de Búsqueda de Personas Desaparecidas Córdoba-Orizaba, Aracely Salcedo, consideró que el estado de Veracruz tiene el mayor número de fosas clandestinas en el país “se ha demostrado con hechos, visibilizando el tema real de lo que estamos vivienda en Veracruz”.
Los integrantes del colectivo pudieron ingresar ya que gracias a las gestiones de funcionarios de las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado (FGE) permitió a los familiares ingresar para verificar los trabajos de exhumación de cuerpos.
Sin embargo, no se les permitió conocer el método utilizado para el procesamiento de los restos, ya que solo accedieron al sitio donde se encontraban delimitadas las fosas.
Sin embargo, el ingreso de los diputados locales, María Josefina Gamboa Torales y José Luis Enríquez ímbell a la zona, causó molestia entre integrantes de colectivos.
La inconformidad se generó porque momentos antes acudieron integrantes de 10 agrupaciones de búsqueda de desaparecidos, a quienes se les permitió el acceso después de una intensa discusión con personal que custodiaba el sitio. Sin embargo, no se permitió el acceso a representantes de la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, quienes eran solicitados por familiares de las víctimas para participar como testigos.
El movimiento de policías y peritos alteró la tranquilidad del lugar, donde decenas de pescadores vieron afectada su actividad, ya que, ante los hechos registrados, decidieron no salir a pescar a altas horas de la noche.