Es una "burla" y una "sinvergí¼enzada" que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) quiera dar estatus de "ví­ctima" al ex director de Periciales, Gilberto Aguirre Garza, preso en Pacho Viejo.
Lo anterior lo dijo Efraí­n Mártiz, padre del cantante Gibrán Mártiz Dí­az, ví­ctima de desaparición forzada y homicidio por parte de elementos de la Policí­a estatal durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Descalificó la petición de la CEDH que incluso pide reparación del daño a Aguirre Garza, quien acusa haber sido torturado con "reggaeton" para incriminar a su ex jefe, Luis íngel Bravo Contreras, preso en el mismo penal.
Mártiz relató ví­a telefónica que horas después de la desaparición de su hijo, en enero de 2014, tuvo reuniones directas con Gilberto Aguirre Garza por gestión de una hija de éste.
Ella era amiga y admiradora de "mi hijo Gibrán y le pidió que nos ayudara a que mi hijo apareciera vivo".
Sin embargo, "no le pudo cumplir ni a su propia familia" porque Aguirre Garza --quien en ese entonces era el jefe de los fiscales que llevaban el caso del cantante-- ya sabí­a que al joven lo iban a entregar muerto, después de un operativo que fue montado para encubrir la ejecución extrajudicial.
Dice que en ese entonces, Aguirre Garza les confió que no podí­a hacer nada pese a que era el jefe de los investigadores en Xalapa.
Efraí­n Mártiz señala que el ex funcionario "estuvo llorándole a mi esposa" porque "se sentí­a mal" pues sabí­a lo que iba a pasar y que todo vení­a de muy arriba con el ex procurador Amadeo Flores Espinoza, quien ya sabí­a la implicación del ex secretario de la SSP, Arturo Bermúdez, en el destino fatal de Mártiz.
"Quisiera saber si tuvo la cara para decirle a su hija que sabí­a que iba a haber un operativo para entregar a mi hijo muerto. Él --Gilberto Aguirre-- tuvo la oportunidad de haber actuado correctamente y decir que eso no estaba bien”.
Finalmente concluye que si lo quieren ayudar dándole el estatus de testigo protegido, está bien que busque ese beneficio para bajar su pena pero sin duda es una "burla" que ahora lo quieran ubicar como ví­ctima, cuando su actuar como funcionario causó mucho dolor y sufrimiento.
El joven Gibrán Mártiz fue privado de la libertad en 2014 por elementos de la SSP que habrí­an actuado por órdenes del ex secretario Arturo Bermúdez.
Después de algunos dí­as el chico y uno de sus amigos aparecen ejecutados cerca de Xalapa, aunque la fiscalí­a general del estado en ese entonces avaló la versión de la policí­a de que se trataba de un enfrentamiento entre bandas rivales, en 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demostró cientí­ficamente que se habí­a tratado de una ejecución extrajudicial, y que un menor de edad desaparecido con Gibrán seguí­a sin regresar a casa.
Hasta la fecha hay tres policí­as encarcelados por este caso. La familia del joven intérprete no ha recibido la reparación del daño ordenada por la CNDH desde 2015.
En su expediente de queja 25/2019, la CEDH, que preside, Namiko Matzumoto Bení­tez, encontró elementos para dictaminar que hubo tortura fí­sica y sicológica contra Aguirre Garza, además, violaciones al debido proceso, pues actualmente está interno en Pacho Viejo señalado de haber desaparecido cadáveres de ví­ctimas de la policí­a durante el gobierno de Duarte de Ochoa.
El documento, del que tiene copia el reportero, ordena a la SSP y a la Fiscalí­a pagar una compensación a Aguirre Garza "por los daños y sufrimientos derivados de los actos de tortura de que fue ví­ctima".