para evitar hechos criminales, así­ como para detener y sancionar a los autores intelectuales y materiales de esos crí­menes, comienzan a penetrar en el mundo de la sociedad civil y ésta, cansada cómo está de la corrupción e impunidad que va en aumento cada dí­a, no debe aceptar que el mexicano es ya un Estado Fallido.
La necesidad de los que nada tienen, volvió a prender en el electorado y como nunca antes habí­a ocurrido, las urnas del INE se llenaron de votos de más de 30 millones de mexicanos que representan la 4ª parte del número total de habitantes, sufragaron en favor por Andrés Manuel López Obrador, para presidente de Mexico.
Lo malo es que el voto de la pasada elección federal, favoreció también a los candidatos a otros puestos de elección popular en los que se colaron personajes nefastos identificados en el PRIAN, PAN-PRD y en otros satélites, oportunistas y convenencieros que poco favorecen a su partido y menos al lí­der de MORENA, desde gobernadores, senadores, diputados federales y locales, y presidentes municipales.
Y sólo escudriñando en los orí­genes y trayectorias de quienes hoy se ocupan del gobierno de la República y demás posiciones oficiales, es como se puede entender (más no aceptar) ni justificar, la llegada al poder de muchos hombres y mujeres que carecen de preparación y formación polí­tica, pues han demostrado que simplemente son más de lo mismo.
Muy grave para el paí­s y peor para la mayorí­a de los mexicanos que rechazan un Estado fallido, que nadie quiere, y menos aún, ignorando los instrumentos que otorga el poder del estado, para acabar de una vez por todas y de raí­z con la delincuencia.
Ya la sociedad rechaza, la herencia maldita de los gobiernos de Peña Nieto, Felipe Calderón y de Vicente Fox, que fueron indolentes y tolerantes de las acciones criminales de la llamada “mafia del poder” que alcanza hasta los gobiernos de Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y Miguel de la Madrid.
Al rechazo, debe acompañarse la denuncia formal ante los tribunales o cortes internacionales, competentes para conocer y sancionar los delitos de lesa humanidad, que sin duda constituyen los crí­menes ejecutados por los cárteles de la droga.