oportunidad a levantarse de la lona sin tener nada que perder y con un golpe de suerte, alcanzar la victoria destronando al campeón.
Así­ es como se ve a quien hoy representa el Gran Poder, para gobernar a México, ajustándose a un Plan Nacional de Desarrollo, que de seguro está delineado por el Lic. Andrés Manuel Lopez Obrador y sus más cercanos colaboradores, quienes han actuado con prudencia, a lo seguro, en vez de usar toda la Fuerza del Estado, para aplicar el castigo ejemplar que se merecen quienes desafiando al Estado, contribuyen con los enemigos del pueblo.
Los desafí­os del crimen organizado al Gobierno Federal y a los Gobiernos Estatales, como acaba de ocurrir el pasado fin de semana en entidades federativas del Bají­o, en la Ciudad de México y en el centro y sur del Estado de Veracruz, no deben ignorarse, sino por el contrario, deben castigarse con energí­a, para devolver la tranquilidad a la población, que desde los gobiernos de Calderón y Peña, exige que se termine con la impunidad y clama porque se restablezca el imperio de la Ley.
Por otro lado, el juego sucio a través de las redes sociales, se ha impuesto y se ha perdido la valoración de la verdad o la mentira que se divulga, solo para intranquilizar y amedrentar a la población. De por si, que durante el sexenio de los expresidentes Fox, Calderón y Peña nos acostumbramos a creer en las palabras presidenciales, sin detenernos a exigir los hechos prometidos mediante discursos demagógicos que jamás se cumplieron.
La muchedumbre tiene muchas cabezas, muchos ojos para ver la malicia y muchas lenguas para el descrédito. La desconfianza y la incredulidad en el quehacer polí­tico ha sido siempre; por eso resulta sencillo arruinar una buena reputación de los que nos gobiernan, que exaltar la reputación y el buen nombre de quienes se preocupan por resolver los problemas y atender las necesidades de la población. La credibilidad en la 4ª Transformación, no se ha consolidado; hay que terminar con la incredulidad y la falsedad de neófitos burócratas federales y estatales, que no están preparados para el servicio público.