•Ello explica la ausencia del Fiscal General, Alejandro Gerzt Manero, ahora tiene la esperanza de que la Fiscalí­a General y el Poder Judicial no los dejen ir por imputaciones del fuero común
•Uno de los padres, afligido por todo el drama y las mala noticias, murió esta semana y fue enterrado ayer martes en Playa Vicente

Las autoridades que ofrecieron una disculpa pública a las familias de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca ya sabí­an que los 21 acusados por ese caso, iban a librar los señalamientos por delincuencia organizada.
Bernardo Bení­tez, vocero del grupo de padres, condenó la exoneración, realizada por un juez de Veracruz, y dijo que seguramente las autoridades que se disculparon el pasado 4 de marzo estaba enteradas de como vení­a el veredicto.
En este contexto, el acto de desagravio del gobernador Cuitláhuac Garcí­a Jiménez queda "como una burla para las cinco familias por habernos llevado hasta allá, para mí­ que todo estaba hecho para apaciguar un poco y reventar lo que vení­a porque ya sabí­an que les iban a dar el amparo".
Indicó que tal vez por eso el acto no contó con la presencia del fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero, y solo fue el sub secretario Alejandro Encinas, para evitar comprometerse.
Los padres de Tierra Blanca tení­an la firme esperanza de que el Fiscal General que llegó con el gobierno de la Cuarta Transformación fuera un aliado para sustentar y dar firmeza al caso ante las autoridades federales.
Sin embargo, el dí­a de la disculpa, se quedaron esperando su presencia en el museo de la de la Memoria y Tolerancia.
Dijo que el pasado viernes fueron al puerto de Veracruz a conocer cómo iba el caso ante José Arquí­medes Gregorio Loranca Luna, del Juzgado Cuarto de Distrito, quien no los recibió, para el sábado siguiente, se enteraron de que no habí­a encontrado elementos para condenar a los acusados por delincuencia organizada, aunque en sus declaraciones varios admitieron operar para el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
En un comunicado la Fiscalí­a General del estado dijo que "estás 21 personas no quedarán libres", ya que cuentan con autos de formal prisión por "homicidio y desaparición forzada" por lo tanto cuentan con procesos pendientes en el fuero común.
Sin embargo, los 21 inculpados pueden pedir en este momento que los sequen de los penales federales en donde los tienen, en Durango, y que los traigan al de Cosamaloapan.
Las ví­ctimas ven este escenario como un riesgo ante la eventual cercaní­a que tendrán con sus lugares de residencia y al capacidad que tienen desde las rejas de causarles daño.
Bernardo Bení­tez recordó que cuando se los llevaron a los penales federales, las familias se sintieron bien pues iban a estar muy lejos y era menos probable que les causaran daño.
No obstante el tenerlos tan cerca les genera un gran temor.
En medio de las malas noticias, dijo que acaban de sepultar este martes a Alfredo González Manzanilla, padre de uno de los cinco chicos quien murió a causa de un infarto.
"Yo no puedo decir directamente que se haya infartado por lo que pasó con los 21 detenidos pero ya tení­a tiempo que se estaba poniendo mal. Estaba muy afligido por lo de la disculpa pública y ahora esto. Estaba muy triste, murió y ayer lo llevamos a enterrar", relató ví­a telefónica.
Destacó que ahora esperan tener citas pronto con el fiscal general Jorge Wí­nckler Ortiz y el titular del Poder Judicial, Edel ílvarez Peña, para que se dé celeridad a las acusaciones en el fuero común y evitar que se evadan de la justicia.
José Alfredo González Dí­az, Mario Arturo Orozco Sánchez, Susana Tapia Garibo, José Bení­tez de la O y Bernardo Bení­tez Arróniz fueron detenidos por la policí­a estatal en enero del 2016 y entregados al crimen.
En ese entonces el gobierno de Javier Duarte de Ochoa primero trató de ocultar los hechos y después intentaron por medio de la Fiscalí­a de Luis íngel Bravo Contreras que los papás aceptarán huesos calcinados de animales como si fueran los de sus hijos.
Durante el gobierno de Miguel íngel Yunes Linares fueron desairados por el mandatario al inicio de su administración cuando le correspondí­a dar la disculpa pública que solicitó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.