se asignaban a compadres, amigos y socios al iniciar un nuevo sexenio.
Los amigos del presidente hací­an y deshací­an en la orgí­a sexenal, una fiesta que todaví­a muchos quieren seguir, la borrachera interminable a la que también eran convocados los más “connotados periodistas, recibidos con maletines de dinero, alcohol y cocaí­na. Se cumplí­an deseos de todo tipo, la voraz hambre de la carne no conocí­a topes.
Salvados algunos de la droga, les quedó la adicción a la corrupción y al dinero. Y ahí­ siguen.
Pemex es el botí­n. Las historias son interminables.
En el año 2000, Vicente Fox ofreció a los mexicanos combatir la corrupción en todo el paí­s. Fue su bandera como candidato presidencial panista. Muchos mexicanos le creyeron y votaron por él, ávidos de un cambio verdadero, el paí­s entero vivió la calamidad de su gobierno, la desastrosa corrupción lo devoró enseguida.
Tras ganar las elecciones presidenciales, todo cambió. El sequito de asesores y los miembros del grupo “Amigos de Fox” se comenzaron a frotar las manos para entrarle como tiburones a los negocios el paí­s.
En una entrevista que me concedió en el año 2000 Rafael Zarco Dunkerley ”“uno de los amigos cercanos de Fox que terminó confrontado por diferencias con los negocios ”“ denunció que antes de la toma de posesión del primer presidente panista, en diciembre de 2000, se realizó una reunión en Cancún, Quintana Roo.
La cita fue en un lujoso hotel. Ahí­ acudieron, entre otros, Lino Korrodi y Fausto Alzati. El objetivo de la reunión: ponerse de acuerdo para saquear a Pemex, determinar los negocios que realizarí­an, los contratos y todo lo que significaba la empresa como botí­n para los hombres que llegarí­an al poder.
Y las cosas se hicieron al pie de la letra: Fox abandonó el discurso del combate a la corrupción y se sumó a ella: los hijos de su esposa Matha Sahagún ”“los hermanos Bribiesca ”“se convirtieron en los dueños de la empresa por seis años, tan intocables como impunes.
Su poder no tení­a lí­mites: se asegura que en Pemex no se moví­a un sólo contrato si antes no era “palomeado” por ellos, incluso Marha Sahagún, la madre, mantení­a comunicación frecuente con el entonces director de Pemex-Refinación, Juan Bueno Torio, por razones obvias: tení­a las llaves de los ductos y estaba ligado al transporte de combustibles, negocio boyante. Desde entonces el robo ya era descomunal.
En los primeros seis años del sexenio foxista todaví­a se comenzaron a vivir las consecuencias por el fracaso que significó la reconfiguración de seis refinerí­as durante el gobierno de Ernesto Zedillo. El consorcio chino Comproca ”“integrado por la empresa coreana Sunkyong y la alemana Siemens ”“ se hizo cargo de la “modernización” de algunas de ellas, pero todo resultó un fiasco: altos funcionarios de la paraestatal se volvieron multimillonarios con los contratos.
Un caso graví­simo, por ejemplo, fue la acusación que enfrentó Jaime Mario Willars, quien fue titular de Pemex-Refinación en tiempos de Zedillo y permaneció en Pemex un tramo del gobierno de Fox.
Este personaje fue acusado de traición a la patria. La razón: ”“Comproca llevó a Pemex a un juicio internacional ante la Corte Internacional de Comercio (CIC), con sede en Parí­s, para que la paraestatal fuera castigada con una suma descomunal. Si Pemex perdí­a, todos ganaban. La empresa estatal perdió el juicio. Los abogados de Pemex y de Comproca trabajaron como un sólo equipo en la estrategia de fraguar la derrota de Pemex.
En enero de 2012, la CIC falló en contra de Pemex: la empresa petrolera mexicana fue condenada a pagar 330 millones de dólares. Comproca argumentó fallas en el cálculo de inversión y exigió más recursos de lo presupuestado, sobre todo para concluir el ducto de 800 kilómetros que correrí­a de Nuevo Teapa a Cadereyta, Nuevo León. El ducto no fue terminado de acuerdo con las bases del contrato y por ello Pemex demandó al consorcio coreano-alemán. Habí­a razones.
Sin embargo, la camarilla en el poder se puso de acuerdo y negociaron la derrota de Pemex. El director de la paraestatal al momento del fallo internacional era Juan José Suárez Coopel. Este caso abarcó tres sexenios: comenzó con Zedillo y terminó con Calderón.
Nadie fue castigado por ello. Jaime Mario Willars, protagonista de este tragedia legal, vive impune y el resto de los cómplices también.
Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador destapó las cloacas de Los Huachicoleros se puso en evidencia lo que se sabí­a: que este negocio era tan cuantioso (y lo sigue siendo) que alcanzaba para todos.
El negocio se orquestó en la presidencia de la República. El expresidente Enrique Peña Nieto, según las evidencias, sabí­a porque formó parte de todo: consintió el saqueo descomunal de gasolinas y protegió a los responsables del robo con impunidad. El negocio generaba ganancias millonarias: más de 300 millones diarios, suma que alcanzaba hasta para pagar el silencio de una amplia lista de periodistas para que no hablaran del tema, según una lista que circuló en medios de información.
Una fuente consultada al respecto sostiene que a los huachicoleros les asignaban las plazas para el robo. Habí­a un coordinador de áreas que mantení­a bajo control su territorio. Veracruz y Puebla, según dice, son los más importantes, es donde están la mayor parte de las tomas clandestinas.
Sin embargo, la zona de El Bají­o, que no se caracteriza por la pobreza, era una de las más saqueadas: altos empresarios del ramo gasolinero, alcaldes, diputados, senadores y gobernadores estaban coludidos con el robo de combustibles.
Desde Pemex, en el piso tres, se operaba todo el bombeo de las gasolinas a través de los ductos. Habí­a horarios fijos y una amplia coordinación del negocio. También se robaban las pipas cuando salí­an de las refinerí­as y los responsables del control simplemente autorizaban la salida y en la terminal de arribo firmaban de recibido sin que el combustible se descargara. Así­ funcionaba el negocio todos los dí­as. tanto de dí­a como de noche. No habí­a descanso.
Ahora cobra sentido el alza del precio de los combustibles en enero de 2018, el golpe más fuerte que le asestó el gobierno de Peña Nieto a la sociedad. En ese entonces se dijo que debido a los bajos precios del petróleo y al vaivén de la economí­a internacional el gobierno mexicano ya no podí­a frenar su incremento.
Sin embargo, era evidente que desde el poder se abrí­a paso a un amplio mercado negro de combustibles. La Reforma Energética impulsada por Peña Nieto abrió rendijas para el negocio: se permitió que particulares participaran en el negocio de las gasolinas importándolas de otro paí­s y vendiéndolas en México a precios elevados. Estados Unidos es el paí­s donde se ha comprado mucho combustible a menos de diez pesos el litro y en México se vende entre 19 y 23 pesos.
La mafia del “Huachicol” también compitió en este mercado negro, pero lo hizo robando a Pemex. Este cártel del poder obtení­a ganancias del 100%, pues no invertí­a en nada: Pemex producí­a, distribuí­a, los funcionarios robaban las gasolinas y las vendí­an al precio impuesto por el gobierno.
Esto explica el desabasto de gasolinas que existe tras el golpe a los huachicoleros. Es evidente que ellos tienen el control casi total de la distribución, pues son los dueños del producto y controlaban todo, desde la producción ”“el robo, por su puesto ”” hasta su venta en las estaciones de servicio. El Estado habí­a traspasado su control a la mafia. Y esto queda claro a partir de que en la presidencia de la República gobernaba un capo, la cabeza de un cártel, una organización criminal muy poderosa encabezada por Enrique Peña Nieto. De eso ya no hay dudas.
Sin embargo, el presidente López Obrador apenas ha jalado un hilo de la enorme madeja de la corrupción. Falta mucho lodo por salir de Pemex y de otras dependencias del gobierno que, seguramente, también tendrán que ser revisadas.
En el caso de Pemex falta revisar la petroquí­mica, la exploración, Pemex Internacional, el tema de los buques rentados, negocio histórico en la paraestatal, la venta de petróleo crudo y ni se diga el caso de las refinerí­as.
También ahora cobra sentido la defensa de Peña Nieto en favor de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, implicado en los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, pues formaba parte de la llamada mafia del poder.
Lo que sí­ llama la atención es que hasta el momento el gobierno de López Obrador no haya presentado ante las instancias legales a ninguna organización criminal dedicada al robo de combustibles, es más, ni siquiera a los cabecillas. Se habla de investigaciones por lavado de dinero en contra de algunos empresarios gasolineros, pero aún no afloran los nombres con sus apellidos.
Es necesario que se abran juicios en contra de los miembros de las diversas bandas del huachicol: ahí­ operan alcaldes, regidores, sí­ndicos, diputados, senadores y gobernadores. ¿Habrá justicia o se les perdonará?
Habrá que ver qué decide el presidente. De no haber procesados todo quedará en un golpe mediático.
Por último, es bien sabido que el boom de las franquicias para abrir gasolineras fue otro gran tema en los gobiernos del PAN y del PRI. Las gasolineras son utilizadas para lavar dinero del crimen organizado y existen muchos grupos empresariales dedicados a ese negocio. La mayorí­a de las estaciones están en manos de lavadores de dinero.
Y operan al amparo del poder, por supuesto.