Nacional, parece que no tiene un buen principio y por ello mismo, se profetiza que tendrá un mal final.
Solo que en un Gobierno sujeto a términos, no se puede quedar rezagada la atención de asuntos prioritarios, de urgente e inmediata resolución, por tratarse de la sobrevivencia en un mundo plagado de ejecuciones, secuestros, extorsiones y desapariciones forzadas, calificados todos como delitos de alto impacto.
Basta con recordar qué hay dos cosas que se pueden perder, una es el tiempo y la otra es la propia vida. Perder la vida resulta inevitable, pero lo que no se perdona al gobierno es perder el tiempo. Cada dí­a que pasa, la sumatoria de crí­menes sanguinarios aumenta el número de ejecuciones que quedan sin sanción para los agresores y la impunidad induce a delincuentes primarios y reincidentes, a seguir su carrera delictiva que nadie se atreve a frenar.
Cualquier noticiero de televisión o radio, periódicos, revistas y redes sociales, dan cuenta de la inacción de las instancias involucradas en la guerra contra las drogas y el crimen organizado, mientras las bandas de delincuentes se multiplican a pleno dí­a y a la vista de todos. La rapiña huachicolera con tantos involucrados y ningún responsable todaví­a, nos hace parecer a los mexicanos como una sociedad indolente y cobarde.
Max Weber en su definición de Estado expresó que el monopolio legí­timo de la violencia lo tiene el Estado, porque sólo éste es capaz de acabar con las conductas antisociales o de dejar hacer y dejar pasar, como ha sucedido en nuestro paí­s. Cuando el Estado lo decida, se acabará con la proliferación de delitos y delincuentes, y tal determinación está tomada por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, falta únicamente que su gabinete de seguridad actúe yá con la inmediatez y las leyes existentes, sin necesidad de esperar la aprobación y promulgación de la Ley constitutiva de la Guardia Nacional.
El combate al robo huachicolero no puede convertirse en una mampara o cortina de humo para encubrir la multiplicación de la delincuencia, puesto que nadie está a salvo de sufrir los agravios que pueden ser irreparables, por la ineptitud de la senectocracia encargada del ramo.