Y aun cuando el ORFIS dice que trabajan con la Fiscalí­a “en la integración de las carpetas de investigación, tanto en materia de obra pública y financiera, han ratificado los dictámenes y comparecido en los juicios, para que el daño patrimonial no quede impone”.
Y por tanto, para que “se impongan las sanciones”.
En su momento, dice el diputado local, Juan Manuel de Unanue, entonces presidente de la Comisión de Vigilancia de la LXVI Legislatura (ahora en la LXV es vocal), nunca hubo la aclaración corresponde y el caso pasó del ORFIS a la Fiscalí­a, y ahí­ entró al limbo durante finales del año 2016 (tan revolcado con el caso Javier Duarte y su fuga a Guatemala) y en los años 2017 y 2018, cuando la yunicidad, ni para atrás ni para delante.
Y como el tiempo transcurrió en un empollamiento frustrado, a estas alturas, y toda vez que el daño nunca fue resarcido, se volvió delito penal y simple y llanamente, con todo y nuevo sistema de justicia, significarí­a que con todo y el tiempo encima ha de expedirse la orden de aprehensión.
Los 8 mil 645 millones de pesos que fueron o habrí­an sido desviados, acaso, quizá, con sentido patrimonialista, pone bajo sospecha a un montón de duartistas de todos los niveles, es decir, desde secretarios del gabinete legal hasta titulares del gabinete ampliado.
Según las versiones, en la lista de tales presuntos desví­os están doce millones de pesos que en un año desvió o habrí­a desviado a otros canales la directora de Espacios Educativos de la secretarí­a de Educación, Dominga Xóchilt Tress.
Otros más son o serí­an Francisco Valencia, director de la Comisión Estatal del Agua, y Mauricio Audirac Murillo, secretario de Finanzas y Planeación, los dos recién liberados para enfrentar su proceso penal en libertad gracias, se dice, a un amparo federal, y que, bueno, ningún ciudadano de Veracruz creyó tal cual al pie de la letra.

DOS. Ha pasado mucho tiempo…

Del año 2016 al momento han transcurrido dos años y cachito, y bueno, con tanto tiempo resulta inverosí­mil que el desví­o de los 8 mil 645 millones de pesos pueda, primero, resarcirse, y segundo, llevar a la cárcel a los polí­ticos pillos y ladrones.
Y menos, ahora, con el gobierno de la república amorosa, la Cuarta Transformación, el perdón a los malandros y la amnistí­a polí­tica a los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas.
Incluso, mucho se duda que las 136 investigaciones empezadas por el ORFIS “tras la aprobación del dictamen de la Cuenta Pública 2017” pudieran, digamos, proceder, con todo y “las denuncias que el Órgano de Fiscalización Superior ha recibido y que cuenta con elementos suficientes para abrir una investigación”.
Y más, porque tales presuntos ilí­citos involucran a presidentes municipales (tan poderosos en el Veracruz de MORENA), y directores de fideicomisos y tecnológicos.
Es más, hasta a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, la famosa UPAV tan saqueada en el tiempo de Enrique Pérez Rodrí­guez como secretario de Educación.
Y desde luego, a uno que otro secretario del gabinete legal de la yunicidad.
Con todo, el ORFIS ha de darse prisa, pues como advierte el diputado Juan Manuel de Unanue, en el mes de enero del año entrante y que pronto llegará pues estamos a un paso, vencerá el término para solventar cuentitas y todaví­a faltan varias cosas, por ejemplo, checar la obra pública en cada municipio y documentar con testimonios inapelables los presuntos ilí­citos.

TRES. Los quí­micos contables

Nadie duda de que la Cuenta Pública del gobierno del estado, anexos y conexos, y presidentes municipales suele considerarse un estercolero.
Incluso, en el carril polí­tico manejan el término del “quí­mico contable”, aquellos profesionales que además de ser contadores públicos son unos quí­micos para asear el cochinero.
Fue el caso, por ejemplo, de Mauricio Audirac Murillo con su despacho contable cuando la fama pública registra que pulió y volvió a pulir hasta dejar la Cuenta Pública como una mesa de billar de los alcaldes de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel Montiel, y de Tuxpan, Alberto Silva Ramos.
Y en la ruta de ese mismo lodazal se incluye, por ejemplo, el recurso de inconstitucionalidad que el presidente del llamado Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, Sergio Vázquez Jiménez, interpusiera en contra de los quince diputados de la LXIV Legislatura, miembros de la Comisión de vigilancia, por carecer de facultades para recibir documentación e información en caso de la revisión de la Cuenta Pública.
Insólito, cuando caray, y con todo denuncia, dos de los quince diputados fueron premiados con cargos públicos por el gobernador Cuitláhuac Garcí­a, como son Daniela Griego, con la dirección del Instituto de Pensiones, y Rocí­o Pérez con la secretarí­a del Medio Ambiente, Lady Celulares.
En contraparte, ha de referirse, por ejemplo, que la Comisión Municipal de Agua de Xalapa denunció en su momento a Sergio Vázquez por trabajos pagados y nunca, jamás, ejecutados.
Además, por un lado Sergio Vázquez se prestó al juego en contra de los quince diputados de la Comisión de Vigilancia del Congreso anterior, y por el otro, sus cuatro despachos contables auditan, ajá, a los entes de Veracruz, como son los siguientes:
Contadores y Abogados Corporativos (Sergio Vázquez, representante legal), Caremm-e (Emmanuel Vázquez Jiménez), Consultorí­a Corporativa del Golfo (Marí­a Eugenia Vázquez Jiménez) y despacho Sergio Vázquez Jiménez (él mismo su representante legal), los preferidos para revisar las cuentas públicas.
Estamos, pues, ante un juego raro y extraño, siniestro y sórdido, bajo sospecha, en la aprobación de la Cuenta Pública de las dependencias estatales y municipales de Veracruz en un paí­s en el primer lugar de corrupción polí­tica en América Latina y uno de los primeros espacios en el mundo.