han formado parte de la clase polí­tica mexicana.
Dos años antes de que terminara el sexenio del expresidente Peña Nieto, y antes de la conclusión del mandato del expresidente Calderón Hinojosa, se dijo que México habí­a llegado a la condición de “Estado Fallido”. Y esa afirmación se sustentó en la pérdida de control del territorio, descrédito en la función pública, incapacidad para otorgar servicios básicos a la población; y una falta de respeto a nuestro paí­s, en el concierto internacional de naciones.
No se juzgó a los titulares del Ejecutivo Federal ni a sus cómplices; todo se dejó al juicio de la Historia. Solo que ya se vió que no existe ética ni moral en los polí­ticos, ya que con un mí­nimo de vergí¼enza, don Enrique Peña Nieto no hubiera soportado el “baño” de reclamos que en su presencia le espetó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En Veracruz, las últimas noticias que dan cuenta de la liberación de funcionarios del gobierno de la administración antepasada, han dado pauta para la discusión pública y sobre todo en las (benditas redes sociales), respecto a la no inclusión en el artí­culo 19 constitucional, del delito de “desaparición forzada de personas”; que obligarí­a a los jueces a determinar la “prisión preventiva oficiosa” como medida cautelar.
Sin embargo, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, perteneciente a la OEA, en su artí­culo primero, prohí­be terminantemente la práctica o tolerancia de la desaparición forzada de personas y México forma parte de los paí­ses que suscribieron ese convenio, aprobado por el Senado y que no hace excepción alguna, ni aún habiendo suspensión de garantí­as constituciones, estado de emergencia o de excepción.
Con lo cual el dilema queda en el escritorio de los juzgadores, quienes con mucha valentí­a, con poco sueldo y con gran sensibilidad, tienen que resolver estos casos, tratando de ajustarse a la definición del jurista romano Ulpiano, de dar a cada quien lo que le corresponde, en una constante y perpetua voluntad por aplicar la Justicia. Mi respeto y admiración para los jueces y las juezas valientes, preparadas y éticas, que desempeñan con profesionalismo su trabajo.