Al iniciar su gobierno, Cuitláhuac Garcí­a Jiménez anunció su plan para atender las necesidades presupuestales para la emergencia humanitaria de personas desaparecidas en Veracruz, donde resaltó la creación de un fondo estatal de desaparición y otras acciones que en total requieren recursos por 383 millones de pesos.
En el documento expone las realidades sobre la crisis de personas desaparecidas en el estado, que van desde un elevado número de sujetos no localizados, fosas clandestinas en muchos puntos del estado, falta de capacitación de policí­a, la ausencia de una policí­a especializada en búsqueda, la carencia de panteones ministeriales y una gran crisis forense que es urgente resolver.
El plan, según el gobernador en funciones, es producto de cinco mesas de trabajo con los 15 colectivos de Veracruz y organizaciones de la sociedad civil.
En el plan se establece la necesidad de “llevar a cabo un cálculo más preciso de los montos presupuestales requeridos, es necesario realizar un diagnóstico de las cifras reales, tanto de personas desaparecidas como de carpetas de investigación existentes y también del funcionamiento y actuación de las instituciones involucradas”
En la primera acción se expone hacer patente la ley en materia de desapariciones para establecer un fondo estatal de desaparición por 84 millones de pesos, que serí­an aportados por la Federación y el gobierno del estado.
“Este fondo deberá contemplar recursos suficientes para el funcionamiento adecuado de esta Comisión. Asimismo, para la implementación del Programa Nacional de Búsqueda, la función adecuada de los registros y el Banco que prevé la Ley General, así­ como, el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense y la implementación y ejecución la búsqueda”.
Se agregan 29 millones para la creación y operación anual de una Policí­a especializada en desapariciones, la cual dependerí­a de la Secretarí­a de Seguridad Pública, y que responderí­a a la urgencia de los colectivos para acabar con el rezago de carpetas.
En el documento igual se menciona refundar una fiscalí­a Especializada con necesidades por 32 millones de pesos para salarios de al menos 100 fiscales.
“Se necesita reestructurar la actual fiscalí­a especializada con base en un diagnóstico regional, que considere las zonas indí­genas y/o de difí­cil acceso, para el efecto de aumentar el número de fiscales especializados, y policí­as ministeriales especializados adscritos a esta Fiscalí­a. La cantidad de fiscales requeridos se definirá y distribuirá a partir del número de carpetas, el número y lugar de incidencia de casos por región. Actualmente se cuenta con 11 Fiscales asignados a esta Fiscalí­a Especializada en 6 ciudades de la entidad (Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Córdoba, Cosamaloapan y Coatzacoalcos) que deben trasladarse a municipios que tienen incidencia y que no cuentan con uno”.
De la misma forma se contemplan 127 millones 500 mil pesos para capacitación y salarios de 500 elementos de la Policí­a Ministerial. 30 millones serí­an para capacitación y 97 millones para los salarios.
Igual hay la consideración de 30 millones para la Comisión Estatal de a Ví­ctimas, de los que serí­an 10 millones para salarios de 30 asesores jurí­dicos, 10 millones para igual número de especialistas en enfoque psicosocial, seis millones para 10 elementos administrativos y 4 millones para gasto de operación.
A esto se agregarí­an unos 80 millones para el fondo de Ayuda Asistencia y Reparación (FAAIR) que es una de las medidas enmarcadas en el concepto de justicia transcional.
Este fondo “contempla medidas de ayuda y asistencia como gastos de traslado, gastos funerarios, gastos médicos y hospitalarios, así­ como los fondos de emergencia que marca la ley, y contempla también las medidas de reparación por compensación subsidiaria en casos de delitos y compensación por violaciones de derechos humanos”.
Durante su mensaje, el gobernador en funciones dejó claro que se comenzará a trabajar en lo necesario para asignar estos recursos a la búsqueda de personas desaparecidas, pues el Presupuesto 2019 aún se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados.