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Diario de un reportero
Miércoles 28 noviembre, 2018

Así cerró la Yunicidad con homicidios, feminicidios y secuestros disparados



Por VIOLETA SANTIAGO

Los primeros diez días de que Miguel Ángel Yunes Linares tomó posesión como gobernador de Veracruz fueron una señal de que la violencia no cedería durante los dos años en los que el panista estaría al mando del estado.
Durante el arranque de su administración, Yunes Linares expuso sentirse “halagado” de haber sido llamado “policía” por la revista Proceso, pues señaló que cuidaría a Veracruz. Pero desde entonces y hasta la fecha los enfrentamientos, las ejecuciones, los secuestros, los feminicidios, las desapariciones, las agresiones contra periodistas o sus familiares y otros crímenes de alto impacto se mantuvieron en el estado.
El saldo inicial de aquellas primeras jornadas fue de 6 enfrentamientos con un saldo de 20 presuntos delincuentes abatidos, 3 policías heridos y dos uniformados muertos. El total de muertes en la Yunicidad, que termina este próximo 1 de diciembre, fue de 2,949 homicidios dolosos —de los cuales al menos 137 fueron de menores de 19 años—, 182 feminicidios y 298 secuestros.

Homicidios

Con base en las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) se expuso que durante el 2017, el primer año de Gobierno de Miguel Ángel Yunes, ocurrieron 1,822 homicidios dolosos y en el 2018 (tan sólo hasta octubre) se sumaron 1,277 casos, haciendo un total de 2,949 muertes violentas.
Más del 50% de los asesinatos se perpetraron con arma de fuego y los homicidios dolosos casi duplicaron la cantidad de muertes accidentales (homicidios culposos), es decir, que en Veracruz fue más común morir por un balazo que por un accidente de tránsito.
Si se compara el primer año de Yunes Linares con el último de Javier Duarte de Ochoa (2016), en el que se perpetraron 1,258 homicidios dolosos, el homicidio violento tuvo un aumento del 45% de la administración del priista a la del panista.
Aunado al alto número de homicidios, la alta tasa de impunidad sólo compitió con la criminalización impulsada desde el mismo Gobierno o a través de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Uno de los casos más emblemáticos del nivel de violencia ocurrió en noviembre de 2017, cuando a plena luz del día un grupo de sicarios tomó el municipio de Hidalgotitlán y asesinó al alcalde electo, Santana Cruz Bahena, en su propia casa, obligándolo a salir de la vivienda bajo la amenaza de que entrarían y matarían a toda su familia.
Algunos vídeos que se tomaron posteriormente muestran a varias camionetas con decenas de personas armadas salir por los caminos principales de dicha ciudad, mientras que el grueso de la población se mantuvo refugiado —incluidos los policías locales— para evitar engrosar el número de víctimas.
Otro caso donde el Estado destacó por criminalizar a las víctimas fue el asesinado de dos adolescentes menores de edad en marzo del 2018, en Río Blanco. Las hermanas fueron acribilladas por la Fuerza Civil que dio la versión de que las muchachas iban a bordo de una unidad con un presunto delincuente y que abrieron fuego en contra de los uniformados, por lo que estos repelieron el ataque. No obstante, hubo una fotografía en donde se apreció a una de las jóvenes aún con vida, sobre el pavimento y a lado de un elemento; posteriormente, otra imagen desde otro ángulo mostró que el cuerpo ya estaba tendido sin vida.
Jorge Wínckler Ortiz dio a conocer casi inmediatamente que las jóvenes tenían tatuajes y que estarían involucradas con un grupo de la delincuencia, violando el proceso y criminalizando a las víctimas, por lo que la familia ha sido silente en exigir justicia.
Hecho similar ocurrió apenas en noviembre, cuando un grupo de policías municipales asesinó a un maestro y un odontólogo afuera de su casa en Orizaba. La Policía Municipal alteró la escena del crimen y sembró un arma para exponer que los dos muchachos abrieron fuego, pero los padres de ambos indicaron que era imposible, pues uno de ellos venía conduciendo su auto y otro estaba durmiendo en casa y apenas salió cuando su hermano llegó al domicilio perseguido por los elementos.

Feminicidios

La crisis de violencia de género en Veracruz se ha recrudecido en años recientes. A pesar de que desde el 2016 existe una Alerta de Género por violencia feminicida y que posteriormente se aplicó otra Alerta por agravio comparado (por la ley antiaborto), el número de asesinatos de mujeres tanto por razón de género como por delincuencia común y organizada se ha ido al alza.
El Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres (OUVM) de la Universidad Veracruzana lleva un conteo desde el 2017 a la fecha con base en registros hemerográficos y datos oficiales de la FGE con lo que arrojó un total de 279 feminicidios entre los dos años de Miguel Ángel Yunes.
En el 2017 contabilizaron 176 casos de feminicidio mientras que de enero a noviembre de 2018 hubo 103 casos. Adicionalmente, en el 2017 un total de 72 mujeres fueron víctimas de un homicidio doloso, pero no por razón de género, y en este año fueron 65 víctimas de la violencia.
Esto significa que en el bienio al menos 455 mujeres perdieron la vida de forma violenta y 6 de cada 10 muertes cumplieron con algunas de las hipótesis de violencia de género para tipificar feminicidio.
Las estadísticas oficiales del SNSP demuestra un número menor de feminicidios con 182 registros entre ambos años, lo que significa que no todos los casos fueron reportados por la FGE como una muerte relativa a la violencia de género.
Según el informe del 2018 titulado “Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género” del SNSP, en registro de los primeros 100 municipios con presuntos delitos de feminicidio, Veracruz cuenta con siete ciudades en el listado: Coatzacoalcos en el noveno puesto con 9 feminicidios; Veracruz puerto en el lugar 18 con 6 casos; Córdoba y San Andrés Tuxtla con 5 casos cada uno; Xalapa y Poza Rica con 4 feminicidios cada uno; y Tuxpan con 3 sucesos.
En este 2018, las estadísticas nacionales colocaron a Veracruz como la entidad con mayor número de feminicidios en todo el país, superando al Estado de México, Nuevo León, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa o la Ciudad de México.
Entre los casos más graves de feminicidio se dieron dos hechos en los que las mujeres estaban embarazadas y las mataron para extraerles a la criatura; ambos ocurrieron en 2018 (abril y septiembre). En uno de los hechos se logró recuperar al bebé, mientras que en el otro se desconoce el paradero del recién nacido.

Secuestros

El último año de Duarte cerró con 122 secuestros, una cifra que parecía difícil de superar. El 2017, en el Gobierno de Yunes, se reportaron 172 privaciones ilegales de la libertad del tipo extorsivo —es decir, un 40% más— y en el 2018, hasta octubre, hubo 126 reportes, por lo que en dos años se acumularon 298 denuncias por este delito.
Uno de los municipios más golpeados por este delito es Coatzacoalcos; la ciudad costera de por sí venía registrando un aumento de delitos de alto impacto en los últimos años, pero el secuestro y homicidio se dispararon en los últimos dos períodos.
Tal situación ha provocado una crisis económica, pues cada mes se conocen más establecimientos comerciales que deciden cerrar sus puertas víctimas de extorsión o amenazas de secuestros, por lo que la ciudad se ha ido quedando sin negocios.

Final

La última semana de Gobierno de Miguel Ángel Yunes fue como la primera y como prácticamente todo su mandato: marcada por las muertes, los secuestros, levantones e impunidad. En el sur, la carretera entre Hueyapan de Ocampo y Texistepec fue tomada por grupos delictivos que hasta incendiaron vehículos, bloquearon la circulación y dejaron lonas con mensajes.
Las desapariciones forzadas y por particulares siguieron ocurriendo en el estado y se descubrieron nuevos panteones clandestinos masivos. Con este panorama se va Miguel Ángel Yunes Linares, quien después de haber participado en dos elecciones logró llegar a la gubernatura y promovió la candidatura de su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, como sucesor, aunque al final el estado lo ganó Morena.


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