con estricto a lo que establece la Ley del Servicio Profesional Docente, así­ como de acuerdo con los procedimientos y normatividades administrativas aplicables para el caso.
Resulta lamentable que actores polí­ticos y sindicatos realicen declaraciones sin sustento, tratando de desinformar a la población para alcanzar algún objetivo particular.
Tal es el caso de algunas organizaciones sindicales que hoy buscan disponer ””como lo hicieron en administraciones anteriores”” de recursos emanados del presupuesto de la dependencia para su manejo discrecional, lo cual era contrario a la ley y violentaba los derechos laborales del grueso de los trabajadores de la educación.
Este Gobierno puso fin a esas malas prácticas y ha actuado siempre apegado a la legalidad.