Este consorcio remplazará las luminarias de la ciudad por equipo de alta tecnologí­a que sirva para ahorrar recursos y con su personal les darán mantenimiento. El proyecto incrementarí­a la calidad de vida de los porteños al mejorar la cobertura del alumbrado público incluso podrí­a dejar ganancias al ser un esquema APP.
La firma beneficiada, conocida como el Desarrollador, es el consorcio Wardenclyffe Veracruz Puerto S.A.P.I de -C.V., integrado por Wardenclyffe Energy, S.A. de C.V, RCC Edificaciones S.A de C.V e IMAN S.A de C.V, que ganaron una licitación para dar el servicio a Veracruz en un esquema de Asociación Público-Privada (APP).
El contrato se firmó el 29 de septiembre del 2017, cuando el actual alcalde, Fernando Yunes Márquez, ya era autoridad electa y sus futuros colaboradores se encontraban inmiscuidos en el proceso de entrega recepción, él mismo ya firmó, en marzo pasado, un convenio para establecer la fecha de inicio de los trabajos.
Consultado sobre el tema, el edil panista no descalificó el proyecto por el cual ahora su administración municipal se verá forzada a aportar 11 millones 709 mil pesos mensuales del presupuesto, en cambio, lo calificó de "bueno".
El contrato entre el municipio y la empresa ya aparece en el registro único de obligaciones financieras de los entes gubernamentales de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con un valor por 621 millones de pesos, que forman parte de la inversión total del municipio en el esquema de APP, y se suma a las deudas millonarias heredadas por Carolina Gudiño Corro y Jon Rementeria Sempé.
El 2 de marzo pasado, el alcalde Fernando Yunes Márquez, la sí­ndica, Aí­da Lamadrid Rodrí­guez, y representantes de Wardenclyffe, firmaron el convenio modificatorio al contrato entre el desarrollador del proyecto y el gobierno de Ramón Poo Gil. En el documento rubricado por Yunes Márquez se establece que en total se aportarán 2 mil 865 millones de pesos hasta el 30 de mayo de 2033, pues así­ lo dispone el contrato original elaborado por Poo Gil.
Esto indica que mensualmente Veracruz pagará once millones 709 mil pesos, de los cuales 6 millones 879 corresponden al pago por el servicio y 4 millones 430 son por "concepto de pago de la inversión".
En el contrato original sentado por la administración priista se menciona que la garantí­a de pago son las participaciones federales hasta en un 19 por ciento, lo que se suma a la serie de cláusulas forzosas y ventajosas para la empresa, como la de que el gobierno veracruzano le deberá incrementar en 4 por ciento la aportación anual al fideicomiso del financiamiento.

TURBIO EMPRESARIO

Según el Registro Público del comercio, la empresa Wardenclyffe Veracruz Puerto S.A.P.I, es representada por el empresario Ramón Guillermo Lara Rodrí­guez, dueño de la marca IMAN S.A de C.V., de Ciudad Juárez.
En Juárez, Ramón Guillermo Lara Rodrí­guez intentó hacer el mismo negocio con el alumbrado pero fue rechazado por sus paisanos.
De la mano del alcalde Armando Cabada Alví­drez, lanzaron el proyecto Juárez Iluminado el cual no se ha consolidado ante claras muestras de rechazo entre la clase empresarial y la sociedad civil, pues Lara Rodrí­guez también pretendí­a un negocio millonario por 15 años para gozar explotar la concesión del alumbrado público.
En esa ciudad el proyecto y el empresario que ahora será millonario por el contrato firmado en Veracruz, han sido señalados por opacidad y malos manejos en la información financiera de Juárez Iluminado por parte de la asociación civil Plan Estratégico, que encabeza el empresario Miguel Fernández Iturriza.
El proyecto que ofrecí­a Ramón Guillermo Lara Rodrí­guez a Ciudad Juárez fue cancelado en abril del 2018 por “controversias constitucionales, criticas y oposición de las organizaciones de la sociedad civil”, cita una nota publicada el primero de octubre pasado en el diario Norte Digital.
En el mismo reporte se da a conocer el nombramiento de Lara Rodrí­guez como director de Alumbrado Público en Juárez, lo que ha sido tomado como el primer paso para retomar Juárez Iluminado.
La nota corona que el proyecto lo “tumbaron” porque no convence por carecer de “viabilidad técnica y financiera”.
No obstante, en Veracruz Ramón Guillermo Lara Rodrí­guez sí­ encontró terreno fértil en la administración del priista Poo Gil, quien le firmó su contrato en septiembre del 2017 y consolidó el fideicomiso para pagar el proyecto el pasado 29 de diciembre del 2017, es decir, Poo aprovechó hasta el último minuto en el poder para beneficiar ese negocio.
Ese mismo 29 de diciembre se constituyó el fideicomiso ante la institución CIbanco como fiduciario.
La historia de la APP se remonta a la sesión de cabildo dónde se autorizó buscar a un particular que se encargará del alumbrado público en un esquema de sociedad, que fue celebrada el 21 de marzo del 2017.
Su aprobación en el Congreso local vino en agosto del 2017, por lo que el ayuntamiento obtuvo el permiso para lanzar la licitación LPN/001/2017, que fue ganada por Wardenclyffe.
El registro público dice que Wardenclyffe Veracruz Puerto S.A.P.I se integró ante el notario Joaquí­n Tiburcio Galicia el 29 de septiembre del 2017 -el mismo dí­a de la firma del contrato con el municipio- bajo el instrumento notarial 41895.
En su razón social se expone que ejecutará “el Proyecto de Eficiencia Energética y Modernización del Servicio de Alumbrado Público en el Municipio de Veracruz, Veracruz, para la modernización del parque de alumbrado público con equipos nuevos de tecnologí­a led, mediante una asociación público-privada en la modalidad de concesión para la prestación del servicio de alumbrado público y la utilización de la infraestructura instalada a dicho servicio, incluyendo la realización de los trabajos necesarios para la renovación y modernización de la infraestructura de alumbrado público del Municipio de Veracruz, Veracruz, mediante la sustitución, de al menos 44,553 luminaria".
Está formada por WARDENCLYFFE ENERGY, S.A. DE C.V., IMAN, S.A. DE C.V. y RCC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., la primera es dueña de 196 mil acciones y las otra dos, cada una, de 2 mil acciones.
Los funcionarios de Wardenclyffe Veracruz Puerto S.A.P.I son los empresarios Selim Arturo Yacaman Haddad, Presidente del Consejo de Administración; Ramón Guillermo Lara Rodrí­guez, secretario de Consejo de Administración; y Alejandro José Granja Peniche, tesorero del consejo de Administración.
La empresa RCC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V es Monterrey y está formada por Miguel íngel de la Torre.
En el contrato firmado por las autoridades veracruzanas y la marca Wardenclyffe aparecen varias cláusulas que benefician ampliamente al desarrollador y dejan en estado vulnerabilidad al gobierno municipal.
Por ejemplo, se dice que "el presupuesto que se aporta deberá actualizarse anualmente en un porcentaje mí­nimo del 4%, o conforme al incremento inflacionario anual”.
Qué el "municipio garantiza que el Presupuesto anual aportado sea al menos por la cantidad de 140, 519, 999, monto que deberá actualizarse anualmente conforme a lo dispuesto en la cláusula 3.2."
Y que "en caso de que por cualquier motivo el presupuesto anual sea por una cantidad inferior a la aquí­ descrita, el municipio garantiza que se complemente dicha cantidad con las participaciones federales”.
“El municipio aportará al fideicomiso, conforme a lo dispuesto en dicho instrumento, los derechos de cobro de las participaciones federales, hasta en un 19%, de la misma conforme a las autorizaciones, a efectos de que éstas sean utilizadas para alcanzar el momento del presupuesto anual garantizado".
Por si fuera poco, se establece que "el municipio se obliga a no utilizar la infraestructura de alumbrado público materia del proyecto para eventos cí­vicos, sociales, culturales, conmemorativos de festividades o eventos especiales sin permiso del desarrollador, quien podrá autorizarlo mediante el cálculo por el consumo de energí­a eléctrica que ambas hagan ambas partes, lo que en su caso se considerará para efectos del máximo consumo proyectado".
La información relativa al ahorro, “costos, precios, estrategias de operación y administración” está catalogada como confidencial, por lo que los ciudadanos no podrí­an saber de manera transparente los el nivel de ahorros que ofrecen estos empresarios.
Y en el caso de que el municipio quiera rescindir el contrato “éste deberá pagar al desarrollado la totalidad de los daños y perjuicios que dicha recisión generará, así­ como todos los gastos por el desarrollado con miras a la ejecución del proyecto” según la cláusula décimo octava.
Lo mismo en terminación anticipada, "si el municipio quiere terminar por causas no atribuibles al desarrollador, el municipio cubrirá el total de los ingresos proyectados, y en su caso, los excedentes obtenidos durante el periodo correspondiente, así­ como cubrirá los gastos no recuperables del Desarrollador.
“En toda terminación anticipada, el municipio asumirá las obligaciones de liquidación hasta su extinción, en todos los contratos de financiamiento que hubiesen sido contratados para el Proyecto, así­ como la obligación de indemnizar al desarrollado si procede conforme a lo previsto en este contrato.
Y si "el municipio quiere tener más fraccionamientos o municipalizar colonias fuera del plan del contrato original, le deben dar la información al desarrollador, “para que realice la valoración y consideración de las caracterí­sticas de los incrementos y el impacto que tendrí­a en el costo de prestar los servicios, comunicarí­a al municipio el aumento del monto anual y a la contraprestación que serí­a necesario para incluirlos".
Es decir, el actual alcalde, y los que vienen, quedaron con las manos amarradas. Cuestionado al respecto el alcalde panista afirmó que es un proyecto "bueno" que dejará ahorros importantes y negó que sea un lastre para sus finanzas.
En el documento firmado por Fernando Yunes y la Sí­ndica Aí­da Lamadrid Rodrí­guez se establece que la empresa comenzó su contrato el 1 de junio del 2018 y terminará el 20 de mayo del 2033, con posibilidad de refrendar.