con mayor complejidad y sofisticación, apoyados en los artí­culos 6 y 7 constitucionales. El empoderamiento de cualquier bloguero tiene como único lí­mite, su habilidad para navegar en el internet y en cuestión de segundos se posibilita la comunicación a todo el mundo.

Si antes una publicación en periódicos o revistas, molestaba particularmente al Jefe del Ejecutivo Federal, el cierre de la publicación era inminente, argumentando la Secretarí­a de Gobernación, que la publicación transgredí­a el respeto a la vida privada; la paz pública y la moral y quien determinaba el contenido y alcance de tales limitaciones establecidas también en la Ley de Imprenta era la Dirección General de Publicaciones, de la propia dependencia gubernamental.

El trato del Gobierno de respeto a la libertad de expresión, manifestación de las ideas, y de acceso a la información, se suma ahora a las tecnologí­as de la comunicación, y alcanza también a la radio, a la televisión y a cualquier otro medio de información. El movimiento estudiantil de 1968 y la represión que culminó con miles de jóvenes muertos y desaparecidos, se puede considerar como el parteaguas de un Nuevo México de libertades, incluyendo de manera preponderante, la libre expresión y manifestación de las ideas; y la libertad de prensa.

Pero en México, la lucha por la libertad de prensa, desde siempre, ha sido sin tregua y sin descanso. Sus actores principales son los valientes comunicadores, muchos de los cuales han sido agredidos, perseguidos, encarcelados y asesinados, por el simple hecho de tocar intereses polí­ticos, económicos o de las bandas de la delincuencia organizada que han sentado sus reales en casi todo el territorio nacional.

Mexico es señalado por la comunidad internacional de periodistas y comunicadores, como uno de los paí­ses de mayor riesgo para el ejercicio periodí­stico, de ahí­ que quienes afirman que la democracia de un paí­s se mide por la libertad de prensa, reprueban a México y a sus gobernantes, por la falta de libertad de expresión y de denuncia, que impide el trabajo de los medios de información, sin contar con las garantí­as que debiera proporcionar el Estado Mexicano.