Al confirmar que la ex directora de Investigaciones Ministeriales, Rosario Zamora González, no sale de la cárcel, la Fiscalí­a General del Estado dijo en un comunicado que ella se apersonó en el área donde habí­an aparecido 19 personas presuntamente asesinadas por la policí­a, y allí­ mismo ordenó desaparecer 13 cadáveres.

Pese a que el dí­a de su detención, presumió y amenazó a las autoridades que le capturaron, que saldrí­a libre para cobrárselas todas, el juez de Control de Pacho Viejo aceptó las prueba en su contra y determinó la prisión preventiva durante todo el tiempo que dure el proceso.

Zamora González es sospechosa de haber ordenado desaparecer 13 cadáveres que fueron localizados en la barranca de la Aurora, Emiliano Zapata, a inicios del 2016, y que habrí­an sido dejados allí­ por elementos de la Secretarí­a de Seguridad Pública (SSP).

"Al vencimiento del término constitucional y con base en la contundencia de los datos de prueba", el "juez de control estableció el plazo de cinco meses para la Investigación Complementaria y reiteró la medida cautelar en prisión preventiva oficiosa aplicable por todo el tiempo que dure el proceso penal", dice el documento.

Se señala que Zamora González "se apersonó al lugar donde fueron localizados restos de al menos 19 personas y luego de supervisar el hecho, dio instrucciones para reportar únicamente el hallazgo de seis cuerpos".

Se sabe que los servidores públicos que recibieron esas órdenes, fueron fiscales, personal de periciales, etcétera, que tuvieron que hacer caso a las órdenes de la famosa Chacala.

De no hacerlo, sabí­an las consecuencias que les esperaban.

Cambios de adscripción, lejos de sus familiares, del pueblo natal, y otro tipo de desquites como acostumbraba Rosario Zamora para someter y doblar a quien se le poní­a enfrente.

Gritos y humillaciones eran lo menos, dice en los corrillos de la Fiscalí­a.

En los reportes que llenaron los funcionarios menores que participaron en el rescate de los cuerpos en la Barranca de la Aurora, se establece que Rosario Zamora ordenó "alterar los informes con la finalizad de ocultar el número real de cuerpos".

Se encontraron 19 cadáveres, pero sólo se reportaron seis.

De los 12 restantes, "mismos que no fueron reportados oficialmente, se desconoce su identidad y ubicación".

Esos cuerpos, según los testigos que están declarando contra las ex autoridades del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, "fueron entregados a la SSP" que en ese entonces estaba controlada por Arturo Bermúdez.

Allegados al caso, bajo anonimato, comentan que todos los casos que estaban relacionados con abusos de autoridad cometidos por servidores públicos del gobierno pasado, especialmente policí­as, eran atraí­dos por la directora de Investigaciones Ministeriales.

A su lado siempre estuvo el otro gran eslabón en la cadena para entender las desapariciones en Veracruz, Enoc Maldonado Caraza, ex director de Investigaciones Ministeriales y hombre de todas las confianzas de Luis íngel Bravo Contreras y de Amadeo Flores.

Así­, por un lado Rosario Zamora se allegaba del expediente, y por el otro, Enoc Maldonado aplicaba sus artes de maquillar las escenas. Así­ lo intentaron con las familias de Tierra Blanca, con el caso Gibrán Martiz, y con otros tantos casos de periodistas asesinados en los cuales Zamora nunca dio resultados, o las versiones que sacaban, apuntaban a incriminar a las ví­ctimas.

Por cada expediente para cuadrarlo y beneficiar a las autoridades involucradas, Zamora cobraba fuertes sumas de dinero. Tanto, que su apodo, "La Chacala", se lo dieron en los sótanos de la Fiscalí­a al hacerse generalizado el regocijo que le daba cada vez que la policí­a atropellaba los derechos humanos.

Ella y sus allegados, Los Chacalitos, festinaban cada atropello cometido por la SSP o por los delincuentes, del cártel que fuera, pues era sabido que circularí­a dinero en fuertes sumas para enderezar el expediente.