Rosario Zamora y Luis íngel Bravo Contreras se pararon delante de los padres de los cinco chicos de Playa Vicente que fueron desaparecidos por la Policí­a Estatal en Tierra Blanca. Era finales de enero del 2016.

Luis íngel Bravo decí­a que traí­a nuevos datos referentes a la investigación llevada por la mejor de sus fiscales, Rosario Zamora, y estaban seguros de que el destino de los jóvenes, habí­a sido trágico.

Los dos funcionarios pintaron una escena donde habí­an localizado una camioneta calcinada, que en la batea tení­a un tambo de metal, en cuyo interior, habí­an sido localizados restos óseos calcinados y distintas alhajas que habí­an pertenecido a los chicos.

"Los padres desde un principio lo rechazamos", dice Bernardo Bení­tez, vocero del grupo de Playa Vicente, al recordar la manera en la cual los trató Rosario Zamora, hoy detenida por desaparición de personas.

"Querí­a que las aceptáramos, y así­ cerrar el caso, pero nosotros nos habí­amos puesto de acuerdo en decir que no. Que no eran de nuestros hijos, aunque sabí­amos que sí­ eran...¿qué cómo las habí­an conseguido sin evidencia de sus cuerpos, solo esos huesos?... quien sabe". Al tiempo, las investigaciones determinaron que esos huesos no eran humanos, sino de animal.

En esos momentos, era impensable que los mismos delincuentes a quienes la policí­a entregó a los jóvenes de Playa Vicente, hubieran tenido comunicación con la fiscal Rosario Zamora y así­ colaborar en la siembra de la evidencia para torcer la investigación.

Para esos momentos, la Gendarmerí­a Nacional ya se encontraba en la Cuenca del Papaloapan causando estragos a delincuentes y autoridades. Sumaron al menos ocho elementos de la policí­a detenidos, entre ellos el ex delegado Marcos Conde; y a unos 11 civiles ligados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación por la desaparición forzada de Susana Tapia Garibo (16 años), Bernardo Bení­tez Arroniz (25 años), José Bení­tez de la O (24 años), Mario Arturo Orozco Sánchez (27 años) y José Alfredo González Dí­az (25 años).

Al no dar resultado la estrategia de las joyas y los tambos con huesos de animales para doblar a los padres y que aceptaran la versión oficial, evitando así­ el incremento del costo polí­tico, la fiscal regresó de nuevo.

En una cajita de cartón, traí­a un pequeño fragmento de hueso calcinado que habí­a sido localizado en el rancho El Limón, además, las actas de defunción de los cinco jóvenes. También llevó noticias de una gota de sangre encontrada en la corteza de un árbol. Dijo que pertenecí­an a los jóvenes y tení­an que aceptar la versión oficial.

De nuevo fue rechazada y se solicitó, por el lado de las ví­ctimas, la intervención de especialistas forenses externos.

Al final, se confirmó que el destino de los jóvenes, habí­a sido una muerte administrada por el grupo criminal en un rancho que también fue asegurado por la Gendarmerí­a. La familia Bení­tez y el resto de los padres de Playa Vicente siempre reconocen el papel de las autoridades federales, el apoyo de la prensa nacional e internacional, para haber dado a conocer la trama de Tierra Blanca, pues en la Fiscalí­a de Veracruz siempre poní­an obstáculos y buscaban reducir el costo polí­tico, y Rosario Zamora era una de las principales operadoras del control de daños para el duartismo.

Sobre el caso Tierra Blanca, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó el desaseo de las investigaciones realizadas por la Fiscalí­a General, y puso en la mira a Zamora por lo truculento de sus expedientes.

"ME VOY A VENGAR"

Rosario Zamora quedó en manos del Juez de Proceso y Procedimiento Oral Penal de Pacho Viejo. Fue entregada por personal de la Policí­a Ministerial de Coatzacoalcos, que la detuvo tras labores de inteligencia que llevaron a su localización en su residencia de la colonia del Lago, en Xalapa.

"Me las voy a cobrar, no saben con quién se están metiendo. Todos ustedes me las van a pagar", eran algunas de las frases que lanzó Zamora González al ser detenida.

Tanto al llegar a su casa, como al presentarle la orden de cateo, la fiscal lanzó maldiciones sobre sus ex compañeros.

Amparada en un poder no visible, les advirtió que se la pagarí­an.

Durante varias horas, la policí­a le pidió que se entregara, pero se negaba alegando que era inocente y que nadie la podí­a tocar. Las autoridades solicitaron una orden de cateo para ingresar al inmueble y ejecutarle la orden de aprehensión por desaparición forzada.

Zamora es mencionada directamente en la carpeta UIPJ/DXI/10º/169/2016 en la que también hay mandamientos contra Gilberto Aguirre Garza y Carlota Zamudio Parroquí­n, ex director Periciales y ex fiscal regional de Xalapa, respectivamente, ambos detenidos procesados a inicios de abril.

A la ex directora de Investigaciones Ministeriales se le busca por un caso en particular, el de David Lara Cruz, quien siendo elemento de la SSP sufrió un secuestro por parte de sus compañeros, quienes lo golpearon hasta darle muerte, y posteriormente lanzaron su cadáver a un barranco en Emiliano Zapata.

En una trama criminal, cuando apareció el cadáver del ex oficial, y otras personas más, el personal de la Fiscalí­a los sacó del fondo del Barranco, y los restos de Lara Cruz, se llevaron a Alto Lucero. Por órdenes de Aguirre Garza, se simuló que ahí­ habí­a sido localizado y que habí­a muerto de un infarto.

Fuente al interior de la Fiscalí­a, que llevan las investigaciones, adelantan que Aguirre, Zamudio y Zamora estaban de acuerdo y decidieron así­ el destino del joven oficial para bajar el costo polí­tico a un alto mando: Arturo Bermúdez.

A Aguirre y a Zamudio también se les sigue investigación por la desaparición de varios cadáveres que habí­an sido lanzados a la barranca por elementos de élite de la SSP. Aunque el personal pericial reportaba una cifra, por órdenes de Aguirre, anotaban menos. Se desconoce el paradero de varios de esos cadáveres.

Durante la audiencia de control a la que fue sujeta, el juez legalizó la detención de la ex funcionaria y se le dictó prisión preventiva mientras dura el proceso. Antes de iniciar, demandó a la juzgadora sacar a los medios de comunicación, pues, acusó, estaban violando su presunción de inocencia, moción que no fue tomada en cuenta.