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Jueves 26 abril, 2018

Fuero, sin revocar mandato

El Congreso federal ha dado un paso gigantesco. Por unanimidad aprobaron eliminar el fuero. Todos los funcionarios públicos, desde los alcaldes hasta el presidente de la república, incluidos los gobernadores y los diputados locales y federales, quedarán sin inmunidad. Es más, podrí­an terminar en la cárcel.
La reforma constitucional para retirar el fuero, la figura en la que todos los polí­ticos se han basado para cometer excesos y abusos del poder, empieza a caminar.

Luis Velázquez

De la Cámara de Diputados pasó al Senado. Luego, a los Congresos locales. Y entonces, hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la nación, y los magistrados y titulares de órganos autónomos, entre ellos, el mismo INE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, podrí­an ser llevados a juicio.
A partir de la fecha, los polí­ticos serán sometidos al escrutinio público. Y aun cuando, y por ahora, hay cientos, miles parece, de solicitudes de juicio polí­tico en el Congreso federal archivadas, se abrirá un compás de esperanza para que ya nadie ni nada frene la sublevación popular y social en contra de los malos polí­ticos.
Por ejemplo, con todo y que el gobernador Miguel íngel Yunes Linares ha documentado el (presunto) peculado de los diputados federales, Antonio Tarek Abdalá y Alberto Silva Ramos (el primero por dos mil 300 millones de pesos y el segundo acusado de un desví­o de mil 500 millones), la presión priista, con un Enrique Peña Nieto en Los Pinos, fue bloqueada.
Por eso mismo, el Yunes azul les dijo con precisión, sin medias vueltas, “los espero a la salida”.
A la salida del Congreso como diputados en que ya estarán sin fuero.

TODO, SIN EMBARGO, ES NEGOCIABLE

Lo mejor serí­a que la eliminación del fuero se hubiera dado a la par que la revocación del mandato. Pero, bueno, rara vez “una golondrina anuncia el verano”, y “algo es algo”. Falta, no obstante, mucho camino por recorrer.
Por ejemplo, el Congreso tendió un candado singular, como observar el principio de presunción de inocencia.
Así­, “los funcionarios y quienes ostenten un cargo de elección popular sólo podrán ser separados y encarcelados cuando exista sentencia condenatoria o bien concluya el periodo para el cual fueron electos o designados”. (La Jornada, viernes 30 de abril, 2018)
Bastarí­a revisar la filosofí­a polí­tica en el duartazgo cuando los titulares del ORFIS y la Contralorí­a y los miembros de la Comisión de Vigilancia del Congreso habrí­an, digamos, detectado irregularidades en la rendición de cuentas de Javier Duarte y compañí­a, y nunca, jamás, procedieron.
Es más: todaví­a existe la percepción de que la Cuenta Pública de cada año se presta a negociaciones en la Comisión de Vigilancia del Congreso alrededor de los presidentes municipales excedidos en el manejo del gasto público.
Y es que “antes como antes y ahora como ahora”, hasta donde se sabe si bien se sabe, los diputados de cada partido suelen negociar la impunidad para sus militantes presidentes municipales y todos cabezones.
Y para cubrir “el ojo al macho” sólo sueltan los nombres de unos cuantos alcaldes, la mayorí­a de municipios pequeños.
La Transparencia y la Rendición de Cuentas son un instrumento de poder polí­tico y negociación entre las elites partidistas, y por eso mismo, el paí­s ocupa el primer lugar mundial en corrupción polí­tica.
Con y sin fuero.

SÓLO QUEDA LA ESPERANZA

Hace casi tres décadas, en el Congreso de la Unión hubo la intentona de un juicio polí­tico contra Carlos Salinas.
Primero, por el fraude electoral cometido en contra de Cuauhtémoc Cárdenas.
Luego, por los 600 perredistas asesinados en el transcurso del sexenio.
Después, por los ilí­citos en el manejo de los recursos públicos y en donde su hermano Raúl Salinas fue personaje estelar, a tal grado que los polí­ticos le llamaban “El señor diezmo”.
Nunca procedió. Fue congelado.
Ahora, ya se verá si cuando el “Diario Oficial de la Federación” publique la reforma constitucional la vida pública se airea y la renovación moral por fin se alcanza en el ejercicio del poder.
Y es que en un paí­s, de norte a sur y de este a oeste, donde el poder público es manejado como si se tratara de una hacienda porfirista con insólito sentido patrimonialista, “el paí­s de un solo hombre”, por más Sistemas Nacionales Anticorrupción y más secretarí­as de la Función Pública, el fuero sale sobrando.
Siempre habrá redes del poder para protegerse y blindarse entre las mismas elites polí­ticas.
Siempre se atravesaré la negociación polí­tica.
Tengamos esperanza, sin embargo, en que las cosas puedan cambiar, y para bien de un pueblo pobre y jodido.

UN PUEBLO ENOJADO

Los diputados federales “se cortaron las venas” adueñándose de la paternidad de la enmienda constitucional.
Todos alardearon, mesiánicos y populistas como son, que la iniciativa era, primero, de sus partidos, y segundo, de su candidato presidencial.
En todo caso, es un reclamo social. Por eso, entre otras cositas, el hartazgo en contra de todos los polí­ticos, sin excepción.
El pueblo está enojado. Y si aguanta sin sublevarse es porque ya tuvimos una guerra de Independencia y una Revolución, y los padres de familia todos los dí­as andan peleando el ingreso para llevar el itacate y la torta a casa.
Pero, bueno, los años por venir hablarán de la trascendencia social de la eliminación del fuero, achicando los abusos y excesos del poder de los polí­ticos.
No más Javieres Duarte. No más Karimes.


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