la información de los hechos que se generan para desestabilizar al gobierno, por miembros de la delincuencia o de la oposición polí­tica, que solo busca llegar al poder, por el poder mismo.

La Secretaria de Gobernación, como Ministerio del interior, dispone de la información de los acontecimientos polí­ticos que suceden en todo el territorio nacional, y puede desactivar cualquier foco de insurrección que ponga en grave riesgo la estabilidad del paí­s. Y en algún tiempo, la Secretaria de Gobernación constituyó el pivote entre Los Pinos y el partido hegemónico de Estado que fue desde su fundación y con una duración de 70 años en el poder, el Partido Revolucionario Institucional.

Lamentablemente durante las últimas tres décadas, dos áreas del Gobierno de la República, han fallado; pues tanto la Secretaria de Seguridad Pública, que tiene a su cargo principalmente la prevención del delito y garantizar la tranquilidad y la paz social, conjuntamente con la Procuradurí­a General de la República , que actúa cuando ya ocurrieron los delitos, para proceder a su investigación y a perseguir y detener a los presuntos responsables, para dejarlos a disposición de los tribunales, que como órganos de impartición de justicia, cierran el cí­rculo que debió mantener a buen resguardo en los Centros Penitenciarios a todo tipo de delincuentes, incluidos aquellos llamados de cuello blanco, han dejado de hacer su tarea.

Si las Instituciones Públicas mencionadas, cumplieran puntualmente y de manera estricta con sus funciones, facilitarí­an el trabajo del Presidente de la República, encargado de la conducción polí­tica del paí­s y responsable en este régimen presidencialista, del aprovechamiento de los recursos naturales que son propiedad de la nación; así­ como de la planeación democrática para el desarrollo económico y social de nuestro pueblo.

Si estas acciones se hubieran realizado de acuerdo al marco constitucional que nos rige, no vivirí­amos con tanta desigualdad económica, con la inseguridad protegida por la corrupción. Vivirí­amos a plenitud el Estado de Derecho y el quehacer polí­tico no estarí­a tan desacreditado como lo está.