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A Mil por Hora
Lunes 16 abril, 2018

Ziwacaitzintli, la casita de mujeres, un lugar para volver a empezar

Colectivo Feminista cobija a una mujer a quien su pareja amenazó con asesinar
•Una niña a la que su padre ultrajó en repetidas ocasiones
•Una joven migrante secuestrada y torturada


Por ANA ALICIA OSORIO/Testigo Púrpura

Una mujer a quien su esposo amenazó durante años con asesinarla y hasta afilaba el machete con el que supuestamente lo harí­a; una niña a la que su papá violó varias veces; una joven migrante secuestrada y torturada.

Todas tienen algo en común: encontraron la paz en “la casita de mujeres”, ziwacaitzintli.

La casa - refugio a donde llegaron ellas y muchas otras mujeres que vivieron violencia de género en el estado, es parte de los trabajos del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli.

“Al estar trabajando con mujeres la cuestión del apoyo, situaciones de violencia, empezamos a enfrentar un problema que muchas mujeres nos decí­an no tengo a donde ir, entonces ese problema nos quedábamos pues qué hacemos”, comentó Marí­a de la Cruz Jaimes Garcí­a, presidenta del Colectivo.

Hace 15 años el colectivo notó que muchas mujeres no terminaban con las agresiones que viví­an porque no tení­an un lugar donde vivir o donde refugiarse, lejos de su agresor.

Entonces Marí­a de la Cruz le pidió a su mamá la oportunidad de alojar a una en un cuartito que tení­an en su casa; luego a otra, a otra y a otra, hasta que vieron que era necesario crear un lugar especial donde darles todo lo necesario para vivir temporalmente.

Así­ comenzaron una casa, cuya ubicación se debe reservar y que ha servido de hogar de más de 700 mujeres.

Frenar los feminicidios

Hasta allí­ llegó Paula (que no es su nombre real) una mujer a quien su esposo golpeó y amenazó con matar.

Ella tení­a a sus papás, sus tí­as, vecinas y amigas, pero si volví­a a cualquiera de esas casas un dí­a su ex pareja la podí­a encontrar y cumplir su amenaza.

En su familia la violencia contra las mujeres se habí­a normalizado por lo que aunque su ex esposo no la buscara, su familia podí­a decirle donde se encontraba.

“Su papá (de Paula) estuvo preso porque asesinó a una mujer con la que andaba (…) el papá ¿que me va a decir? que me regrese, lo que hicimos es que se quedara aquí­”, contó Marí­a de la Cruz.

En su experiencia, en algunos casos los lugares a donde pueden acudir las mujeres en busca de ayuda son conocidos por el agresor y en otros no cuentan con quien les brinde apoyo.

“Muchas de las mujeres no cuentan con ese apoyo, no cuentan con quien quiera apoyarlas; la violencia del agresor cierra esas posibilidades porque dice las personas yo la puedo tener en mi casa, es mi hija, es mi hermana, pero él sabe donde vivo, él sabe donde está mi casa, él a donde la va a buscar es aquí­, entonces se tiene que evitar que la mujer siga esta situación de violencia”, sentenció.

En el refugio, según los estándares internacionales, las mujeres solamente pueden estar tres meses mientras que encuentran donde vivir pero el Colectivo a veces rompe las reglas y extiende la estancia, como en el caso de Paula.

“Ella trabajó, como no era de acá, a trabajar en una tortillerí­a y ahorrar dinero (…) cuando pudo se rentó un cuartito y se fue a vivir con su niña”, narró.

Una medida por ley

De acuerdo con la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia un refugio es el sitio donde viven las mujeres y sus hijas o hijos para que estén seguras y se recuperen fí­sica y psicológicamente de la violencia.

Aunque es un derecho, en el estado de Veracruz no existe ninguno que sea operado por el Gobierno estatal y solamente hay dos de los colectivos de mujeres.

Desde el sexenio pasado se anunció la creación del Refugio operado por la institución gubernamental pero nunca se hizo. En este gobierno se comenzó la construcción y se dijo comenzarí­a a operar en junio, pero no se contemplaron los recursos para el funcionamiento.

Según la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Yolanda Olivares Pérez, se requieren 13 millones de pesos al año para operar el refugio, por lo que es necesario que el Congreso entregue cuando menos la mitad para poder abrirlo el segundo semestre de este año.

“Serí­an como 8 millones para operarlo de junio a diciembre (…) Gobierno del Estado para que se haga la ampliación en el Congreso”, indicó.

La funcionaria afirmó que tan solo durante este año hubo dos casos de mujeres que necesitaban el refugio, pero al no existir las enviaron a un hotel.

En el hotel, a diferencia de un refugio diseñado para ello, no cuentan con todas las medidas de seguridad.

Marí­a de la Cruz señaló que en la Casa de Mujeres no se permiten los celulares ni salir a la calle y solamente una persona puede visitarlas, para evitar riesgos.

“Tienen que estar en atención psicológica, dudas jurí­dicas que tengan la licenciada les explican, les clarifica; si necesitan atención médica también les canalizamos, las llevamos en el hospital, si vienen en una situación de crisis emocional, las atendemos en ese momento”, indicó.

Jairo Guarneros Sosa, integrante del Colectivo Feminista, señaló que las mujeres llegan porque otra les dijo que ellos la pueden ayudar, alguna asociación los recomendó o inclusive porque instituciones públicas como la Fiscalí­a General del Estado les pide que le brinden .

Volver a empezar

Ella llegó a ziwacaitzintli cuando sobrevivió a cuatro golpes de un machete con el que su pareja intentó matarla.

Sus hijos, dos niños pequeños, despertaron justo a tiempo para salvarla de la muerte. Uno se tiró encima de “el borracho”, como le decí­an a su papá, mientras el otro le pegó con un clavo hasta que soltó el arma con el que pretendí­a acabar con la vida de su mamá.

“Le dio cuatro golpes, le quedó una cicatriz, su oreja le quedó como cicatriz partidita y dijo el doctor que por cosa chiquita no le lastimó un nervio que es como fundamental para mover”, contó Marí­a de la Cruz.

La violencia se prolongó pues por mil pesos su ex esposo obtuvo la fianza que le permitió llevar el proceso en libertad.

Él vendió todas las pertenencias que ella habí­a logrado juntar: el tanque de gas, un tinaco de agua que le entregó una asociación, el maí­z que compró con el dinero de Prospera.

“El proceso jurí­dico muy tortuoso, muy lento (…) duró mucho porque tení­amos que estarla llevando para las audiencias y cuando llegábamos allá al juez se le ocurrí­a suspender la audiencia (…) ella no podí­a volver a su casa por el agresor y porque su casa estaba vací­a”, contó Jairo.

Ella no se podí­a ir de la ciudad por las audiencias programadas pero tampoco volver a su casa en una comunidad rural. El tiempo lo aprovechó para curar sus heridas y las de sus hijos quienes re descubrieron lo que significa el amor.

Cuando el proceso terminó y su ex pareja fue sentenciada a prisión, ella fue libre. Pudo viajar a otro estado junto a sus niños para volver a iniciar, comenzar a trabajar y vivir una vida sin violencia.


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