Tení­an un grupo de WhatsApp cuya administradora era Rosario Zamora González, ex directora de Investigaciones Ministeriales en una de la etapas más oscuras y siniestras de la Fiscalí­a General del Estado. Se llamaba “Los Chacales”. Y en él estaban Enoc Maldonado Caraza, ex director de Investigaciones Ministeriales, protegido de Luis íngel Bravo, Marí­a Aurea Cortés Garcí­a, fiscal para desaparecidos,
y Gilberto Aguirre Garza, director de Periciales, entre otros.

Ellos eran los encargados de limpiar el desastre dejado atrás por los elementos de la SSP y de la Fuerza Civil cuando cometí­an algún atropello contra los derechos humanos y eran blanco de la opinión pública y de la exigencias de justicia.

"Bravo, bravo, bellí­simo, que bueno, vénganse pa´acá, mis mejores clientes" solí­a decir Zamora cada vez que los policí­as cometí­an una pifia en sus “comisiones”.

"Bravo, la volvieron a cagar, no tarda en venir Bermúdez a pedir el apoyo", decí­a La Chacala a sus subalternos sin esperar si quiera las órdenes de su jefe, Luis íngel Bravo Contreras, para proceder.

La Chacala se entendí­a directamente con Bermúdez y sus esbirros cuando se trataba de enderezar un expediente si se daba la participación de elementos de la policí­a en casos de desaparición forzada durante el duartismo. De todos era sabido que Bravo Contreras le temí­a a Bermúdez.

Todo eso ha sido dicho por personas que sobrevivieron al primer cí­rculo del infierno en la barranca de la Aurora y otros más que se salieron a tiempo con información suficiente sobre la polí­tica sistemática de desaparición de personas encabezado por Bermúdez y Javier Duarte de Ochoa.

"La Chacala", es el mote que se ganó Rosario Zamora por su carácter duro y despiadado en la Fiscalí­a. En ese organismo autónomo, ella fue la deidad ante quien se inclinaban los hombres del poder, desde Arturo Bermúdez hasta su jefe, Luis íngel Bravo Contreras.

Después de Enoc Maldonado, no habí­a persona más calificada para torcer la ley con los fines más perversos, como ocultar la responsabilidad de policí­as en la desaparición de seres humanos, como ella.

Y eso tení­a un costo. Muy alto. Fuentes allegadas al caso que lleva la Fiscalí­a General del estado exponen que cada caso que le tocaba "enderezar" sobre los abusos de la SSP, era cobrado con creces.

Maletas de dinero desfilaban ante esos funcionarios que hoy están en la mira de las autoridades y de la sociedad, por su actuación llena de inconsistencias durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Los dos primeros, ya cayeron, Carlota Zamudio Parroquí­n, ex fiscal regional de Xalapa, y Aguirre Garza, director de Periciales.

Los dos, según la acusación de la Fiscalí­a, orquestaron la forma para desaparecer 13 cadáveres localizados en la barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, junto a la colonia Antorchista.

Esos cuerpos, presuntamente, eran ví­ctimas de la SSP. Jóvenes que habí­an sido levantados en la periferia de Xalapa sólo por el motivo de parecer sospechosos a la SSP, y que después de ser interrogados en Lencero, eran lanzados a un barranco con una práctica conocida como "La Olí­mpica", que consistí­a en llevar a las ví­ctimas al barranco, echaban la patrulla de reversa sobre el camino, al precipicio, y desde ahí­ lanzaban los fardos al vací­o. Abajo los esperaba árboles, riscos y una laguna cuyas aguas son negras y asemejan una alberca olí­mpica.


Aguirre Garza y Carlota Parroquí­n están presos por haber conspirado para desaparecer a trece ví­ctimas del delito. Señalados directamente de haber manipulado documentos e informes oficiales para esconder la cifra de ví­ctimas. Todo eso tuvo que pasar por Zamora González, y necesariamente, por Luis íngel Bravo Contreras.

Los Chacales festinaron y se regodearon sobre el dolor de las madres de los jóvenes, tanto del caso de Playa Vicente, con los cinco chicos secuestrados en Tierra Blanca a manos de policí­as comandados por Marcos Conde, que mantiene a nueve oficiales detenidos y a once presuntos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación tras las rejas.

Lo mismo con 2016, donde policí­as y Zetas desaparecieron a tres jóvenes, y por lo cual hay ocho oficiales presos.

En Córdoba, en Potrero, en Orizaba y Huatusco, donde las personas desaparecieron a granel y detrás de esa estela de dolor, los indicios siempre apuntaban a la policí­a

Pasó en Coatzacoalcos, con la desaparición de cinco hombres en mayo del 2015 y las ví­ctimas del 25 de septiembre, con docenas de ví­ctimas llevadas por comandos de la muerte tripulados por patrullas.

Pasó en Cardel en 2013 y 2011, cuando los oficiales prestaban sus patrullas a los delincuentes para que salieran a levantar personas libremente, leva de la que cayó ví­ctima el mismo compañero de la fiscalí­a, Pedro Huesca Barradas y su chofer, levantados por civiles custodiados por la SSP, y un año antes, involucrado personal de la SSP para llevarse a ocho policí­as municipales de Úrsulo Galván.

De todos esos asuntos, desde Amadeo Flores Espinoza como Procurador, la banda de Los Chacales simulaba investigar y no era así­. "En Cardel yo no me meto, ahí­ están los Zetas", dijo Amadeo Cruz siendo procurador a la señora Rosalí­a Castro Tous, cuando ésta le dio información sobre la desaparición de su hijo y prometida en las proximidades a Cardel.

Una de las mayores y mejor documentadas operaciones de la banda de Los Chacales, se supo en enero del 2014 , tras la desaparición, a manos de elementos de la Policí­a, del cantante juvenil Gibrán Mártiz, y dos de sus amigos, uno de ellos menor de edad quien sigue desaparecido.

En la rueda de prensa para dar a conocer la localización sin vida de Gibrán Mártiz y de uno de sus amigos, el procurador Amadeo Flores afirmó que habí­an muerto durante un enfrentamiento con criminales, aduciendo que los dos chicos estaban metidos en la delincuencia. Pero un año después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lo puso en duda al realizar peritajes y revisar cada una de las diligencias encabezadas por Enoc Maldonado Caraza, y destacar todos los errores cometidos por personal de Fiscalí­a y de Periciales para dar una versión oficial que no correspondí­a a la realidad, que Girbrán Mártiz y su amigo habí­a sido ejecutado.

Rosario Zamora fue la funcionaria de la Fiscalí­a General del estado con más participación en las diligencias durante los acontecimientos en Tierra Blanca, en enero del 2016. Para todo era ella quien daba la cara y fue la primera en sugerir a los padres de esos chicos el aceptar las actas de defunción para dar por cerrado el caso. Los padres, encabezados por Bernardo Bení­tez, jamás dieron paso atrás y la presión que ejercieron en medios y autoridades nacionales, puso al descubierto la red de complicidad entre autoridades y delincuentes que Rosario Zamora nunca quiso ver.

Lucí­a de los íngeles Diaz, vocera del colectivo Solecito, afirma que es urgente investigar más a los ex funcionarios de la Fiscalí­a General del estado durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, y en especial, a Amadeo Cruz, "si no lo investigan a él, y sólo a Luis íngel, no habrá justicia. Porque cuando Luis íngel llegó, todo lo peor, lo malo, ya estaba hecho y le tocó a Amadeo" dijo.

CONTENEDORES, A COLINAS

Como si se hubieran inspirado en una pelí­cula sobre el holocausto, la banda de policí­as que levantaban, torturaban, asesinaban y desaparecí­an personas en Lencero empleaban contenedores -de los que son usados para llevar la mercancí­a en barcos- como calabozos.

Datos dentro de las investigaciones por la desaparición de personas a manos de la policí­a, expresan que cuando hací­an grandes grupos para interrogar, para mantenerlos en el más estrecho sigilo, los sospechosos eran ingresados en contenedores.

Ahí­ eran metidos uno a uno, esposados, a veces ahí­ mismo los torturaban y golpeaban antes de sacarlos para darles muerte.

En esos contenedores los policí­as que tení­an el deber de servir a la sociedad, cometí­an las peores atrocidades contra personas con vida, mujeres que eran violadas y hombres a quienes golpeaban hasta el homicidio.

Aunque en las investigaciones aun no se cuenta con conexión entre los contenedores de personas de Lencero y Colinas de Santa Fe, un año antes de ser descubierta formalmente esa fosa en agosto del 2016, madres del colectivo Solecito y de Red de Madres, recibieron los primeros indicios sobre Colinas de Santa Fe, datos que daban referencias como un camino más allá del mini súper "Yepas" del fraccionamiento Colinas, un enrejado tubular y un contenedor.

Ese contenedor abandonado aparecí­a en todos los anónimos escritos por delincuentes redimidos que conocí­an el lugar y buscaban darlo a conocer, filtrando datos a páginas de internet. Lourdes Rosales Calvo, madre del joven Jhonatan Celma Rosales, desaparecido en el puerto de Veracruz, fue de quienes recorrió ese predio en el año 2015. Durante meses, al enterarse de la posibilidad de la existencia de una gran fosa en Colinas, ella y otras madres de los nacientes colectivos hicieron presión ante las autoridades para buscar ese predio de la muerte.

Después de mucha presión, Luis íngel Bravo les dio el apoyo y las llevaron a caminar entre arenales y brechas y se toparon con el contenedor. "Ahí­ estaba, dentro tení­a una mesa y habí­a mucha ropa tirada, zapatos y cosas personales, pero no nos dejaron tomar fotos". Esa vez se marcharon sin localizar nada y Luis íngel Bravo salió a desmentir la presencia de cuerpos en esa área. Entre quienes se oponí­an a la búsqueda en esa zona, estaba Rosario Zamora y Enoc Maldonado, Antonio Piñeiro Badillo y anteponiendo toda clase de pretextos. De muy poco apoyo o de nada serví­a la fiscal de desaparecidos, Marí­a Aurea Cortés Garcí­a. Ahora se sabe que eran parte del grupo encabezado por Rosario Zamora a quienes se les bautizó como Los Chacales, y que actualmente gozan de libertad, y que no hubieran podido actuar libremente, al menos el último año, sin la protección de los Presidentes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, como Fernando Escamilla Perera ”“abogado de curas pederastas- y Namiko Matzumoto.