De la unión libre a la violencia

Eran principios de 2017 cuando Roseli, quien creció en una comunidad rural del estado de Veracruz, dejó su hogar para formar otro con un joven que habí­a conocido unos meses atrás. Su experiencia la narra como una decepción amarga del matrimonio ideal que se habí­a imaginado.

Las primeras semanas que vivieron juntos en un cuarto que la madre de su novio les prestó, ella, le planteó la idea de contraer matrimonio ante un juez, pues su familia se lo exigí­a como sinónimo de respeto y honra ante la sociedad.

Ella acudió al Registro Civil para preguntar por los requisitos, la lista fue extensa y le pareció más sencillo dejarlo para después.

En ningún momento se le informó sobre la ley que habí­a entrado en vigor unos meses atrás y prohibí­a el matrimonio antes de los 18 años, por lo cual no podí­a casarse.

A los seis meses de vivir juntos las discusiones se agudizaron, Roseli relató que el motivo de su separación fue que él no le daba dinero y tampoco le permití­a emplearse.

“No me dejaba trabajar (…) que no debí­a, que por eso él me mantení­a, qué porque iba a trabajar, que él iba a trabajar para darme todo lo necesario, cuando no era cierto (…) La última vez que discutimos fue por eso, donde yo le reclamé lo del dinero que porqué se lo daba a su mamá, si nosotros para eso éramos un matrimonio”, narró.

De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), en México, las mujeres que se casan antes de los 18 años tienen un 16 por ciento de mayor probabilidad de sufrir más violencia económica, que quienes se casaron siendo mayores de edad.

La Ley General de Acceso de las Mujeres una Vida Libre de Violencia, define a la violencia económica como “toda la acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la ví­ctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así­ como percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral”. Eso vivió Roseli.

Dejar la escuela…

Cuando Roseli se fue a vivir con su novio uno de los acuerdos que habí­an planteado con los padres de la joven, era que ella continuarí­a sus estudios, pues tan solo habí­a concluido la secundaria. Pero no pudo hacerlo ante la falta de dinero.

De acuerdo con el informe del Grupo Información en Reproducción Elegida (GIRE) “Prohibir sin proteger: el matrimonio adolescente en México” únicamente el 22.4 por ciento de las menores de edad casadas estudia; mientras que en las jóvenes en unión libre el porcentaje se reduce mucho más, a solo el 9.5.

Sin embargo, la asociación considera que estar casada, en concubinato o soltera, no define el nivel de estudios, pues éste se encuentra más relacionado con factores como la pobreza, que con el estado civil.

Roseli vivió poco más de 6 meses con su novio. Un dí­a después de que él le gritara estando ebrio decidió dejarlo y regresar a vivir con su familia.

En las siguientes semanas regresó a la casa donde viví­an por algunas cosas que le pertenecí­an y que olvidó, él intentó abusar sexualmente de ella.

“Me gritó y me jaloneó y me tiró a la cama, ahí­ me dijo que no me fuera y me dio a entender que querí­a cosas conmigo, o sea relaciones conmigo a fuerzas, que para que recordara que aún lo amaba, y me decí­a cosas como de que nadie me iba a ya sabes como él (…) ahí­ en la misma casa donde estaba mi papá y su familia, yo le dije que no; ahora sí­ que le pegué para defenderme y salí­ corriendo”.

Roseli nunca pudo recuperar sus bienes, pues no tuvo cómo comprobar que le pertenecí­an, a pesar de los habí­an comprado con dinero de los dos.

En México, de acuerdo con el informe de GIRE el 4.7 por ciento de las mujeres entre 12 y 17 años viven en pareja, de las cuales .9 por ciento casadas y 3.8 por ciento en unión libre. Sin embargo, considera a estas últimas como más vulnerables por no contar con los beneficios legales y fiscales que le otorga un acta de matrimonio.

GIRE señala en su informe que prohibir el matrimonio antes de los 18 años, deja a la deriva los derechos (como herencias o servicios de salud) de las y los jóvenes que con o sin la aprobación de la Ley han decidido vivir con su pareja.