han disfrutado del “no pago” y, al mismo tiempo, de todos los servicios públicos que son a cargo de los Ayuntamientos; basta leer los artí­culos 73 y 115 de la Constitución Polí­tica de la República, para dar cuenta del centralismo impositivo, que contradice el espí­ritu federal y republicano pactado entre los órdenes de gobierno a través de las diferentes constituciones polí­ticas que datan de 1824 a la fecha.

Ferrocarriles Nacionales de México, cuya construcción y operación se realizó durante el gobierno del general Porfirio Dí­az, permitió el desarrollo comercial del norte, centro y sur del paí­s, acercando distancias y economizando el transporte de productos alimenticios, forestales y agropecuarios para el consumo nacional; igual que la distribución y comercialización de productos manufacturados y maquilados en fábricas nacionales, contribuyendo al desarrollo económico y comercial en el interior del extenso territorio nacional; aunque el ferrocarril ha sido superado por los medios de transporte carretero, aéreo y marí­timo, que compiten entre sí­ para acaparar el traslado de mercancí­as y personas desde la frontera con Estados Unidos, hasta la frontera sur con Guatemala y Belice; y del Golfo al Pací­fico; lo que importa para el tema que nos ocupa, es la exención del pago de tributos a los municipios, decretada por el Gobierno Federal, sin compensación alguna para las Haciendas de los Gobiernos Locales.

La queja recurrente de los gobiernos municipales sobre la insuficiencia de ingresos para satisfacer las necesidades que demanda la población, requiere de una respuesta contundente de los otros órdenes de gobierno que para colmo otorgan la misma protección a las paraestatales Pemex y CFE, y hasta hace poco a Teléfonos de México, hoy propiedad del multimillonario Carlos Slim, alentado con ello una injusta distribución de la riqueza pública y un incremento en las finanzas personales de los concesionarios y beneficiarios de las áreas estratégicas propiedad de la nación.

La Soberaní­a Municipal, sin menoscabo de la coexistencia de los tres órdenes de gobierno, debe ejercitarse para lograr la autonomí­a económica e independencia polí­tica con las que se delineó al Municipio libre en el Constituyente de Querétaro de 1917.