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Diario de un reportero
Lunes 19 febrero, 2018

16 casos de desaparición forzada señalan a Óscar Sánchez Tirado

Regresa al penal de Pacho Viejo, después de motín, ahora, como inquilino
•Reencuentro naranja entre 22 policías estatales y dos altos mandos
•Podría estar más de 100 años en prisión ex director de Readaptación Social

Por ARANTXA ARCOS

La última aparición como funcionario, como director de los Centros de Readaptación Social en Veracruz, durante el sexenio priista de Javier Duarte de Ochoa, ocurrió en una requisa, en la supuesta revisión de rutina al Penal de Pacho Viejo.
A dos años de este acto, Óscar Sánchez Tirado, Oscar "N", regresó al Reclusorio Zona 1, ubicado en la localidad de Pacho Viejo del municipio de Coatepec, pero como inquilino. Alejado de su autoridad y vigilancia que lo caracterizaba con una o dos unidades de la Policía Estatal. El ahora ex director de los Centros de Readaptación Social, pisó por última vez las celdas de Pacho Viejo el 5 febrero 2016, hace dos años y 14 días. Ahora, duerme en un área de aislamiento, alejado de la comunidad y sin la celda de tortura que habitó en sus primeros siete días de prisión.
Las patrullas que lo custodiaron en su transitar por la entidad, como funcionario del Gobierno de Veracruz, lo vigilaron para ingresar al penal, el pasado-->

miércoles 20 de septiembre 2017, después de ser detenido en Mazatlán, Sinaloa y transportado vía terrestre hasta su nueva habitación.

Su ingreso fue como siempre se presentó ante eventos públicos, luciendo guayabera blanca y pantalón gris, que, al pasar el filtro de la Sala de Juicios Orales de Pacho Viejo se cambiaron por jeans y camisa naranja.

Óscar "N" se reunió con sus escoltas y personal cercano en labores. Con los seis policías estatales que le ayudaron a levantar, torturar y desaparecer al joven Carlos David Bautista López, el martes 15 de septiembre del 2015.

Sus excolaboradores ya lo esperaban tras las rejas, ya que fueron detenidos el martes 19 de septiembre del 2017. Los seis varones seguían en funciones en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), actualmente, bajo las órdenes de Jaime Téllez Marié.

PRIMER CASO

La detención de Óscar "N" ocurrió gracias a la investigación que desarrolló la madre de Carlos David Bautista López, María de Jesús López José. Desde que reportó la desaparición de su hijo, las investigaciones no mostraron avances, ni siquiera estaba integrada la carpeta correspondiente.

Sus indagaciones no daban resultados. Insistió bajo presiones a la autoridad estatal que en 2015 era representada por Luis Ángel Bravo Contreras, al frente de Fiscalía General del Estado (FGE).

"Juntar todas las evidencias para que el anterior fiscal no hiciera nada, teniendo las pruebas para que detuvieran a las personas que le hicieron tanto daño a mi hijo", recordó en varias ocasiones María.

Hasta el miércoles 20 de septiembre del 2017, dos años después, observó su insistencia al caso. José Óscar Sánchez Tirado y su pareja, Olga Hebe Jiménez Noya, fueron detenidos por agentes de la Policía Ministerial en el fraccionamiento Pacífico de la ciudad de Mazatlán del estado de Sinaloa.

Con su aprehensión, enviados inmediatamente a una sala de juicio oral en el distrito Judicial de Pacho Viejo, a un costado del Reclusorio Zona 1 en Xalapa, bajo el proceso penal 214/2017.

"No me costó ni un centavo encontrar a mi hijo, las personas que me ayudaron lo hicieron así, de corazón. Nunca me chantajearon, ni extorsionaron las autoridades, tuve la fortuna de encontrarme con esa gente. Dios estuvo siempre conmigo y sigue conmigo para tener esa fortuna", exclamó María a esta reportera en enero del 2018.

De acuerdo con señalamientos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la audiencia inicial, llevada a cabo el miércoles 20 de septiembre de 2017, Carlos David Bautista López fue privado de su libertad el martes 15 de septiembre de 2015 entre las 7:22 y 7:50 horas afuera del domicilio de Olga "N", por instrucciones del ex director de Readaptación Social en Veracruz, Óscar "N".

La recreación del levantón y desaparición del joven Carlos, de 31 años, se desglosan en la carpeta de investigación UIPJ/DXI/15/174/2015. La situación inició alrededor de las siete horas con 22 minutos, cuando Óscar "N" llegó a la casa de Olga "N" acompañado de dos escoltas.

En las afueras de la casa, los tripulantes de un vehículo Nissan color blanco subieron a la fuerza a Carlos Bautista. Avanzaron algunos kilómetros hacia la costa hasta llegar a una propiedad privada, del ex funcionario, ubicada en la comunidad La Mancha, municipio de Actopan.

El sitio de 582 metros cuadrados abrió su portón y dejó ingresar a las unidades encabezadas por Óscar. Las dos puertas metálicas se cerraron, dejando a Carlos David Bautista en el terreno con alberca, palapa y una construcción que es ocupada como bodega.

La escena del crimen quedó casi limpia. Una pulsera azul con letras rojas se encontró en la casa del ex jefe policíaco, anexándose en la carpeta de investigación en su contra por la desaparición forzada de Carlos.

DE ASESINOS A “VÍCTIMAS”

Óscar "N" y Olga "N" -por encontrarse bajo proceso penal - relataron en audiencias la situación que viven tras las rejas.

En la audiencia para el desahogo de pruebas del jueves 19 de octubre 2017, el abogado defensor de la detenida declaró que su clienta estuvo amenazada desde el 2015, cuando levantaron y desaparecieron a Carlos.

Ello no alteró o modificó el proceso penal en contra de Olga, desechando que estuviera en riesgo de morir por aportar datos o pruebas sobre el delito de lesa humanidad: desaparición forzada.

Por parte de Óscar, previo a iniciar la audiencia para vinculación a proceso, programada el martes 25 de septiembre, el ex director de Prevención y Reinserción Social pidió la palabra ante la jueza que lo procesa por el delito en agravio del joven Carlos David Bautista López.

Su intervención contempló señalar la visita inesperada hacia su pareja -también detenida- Olga por parte de dos actuales funcionarios de Gobierno; el fiscal general, Jorge Wínckler Ortiz y el secretario de Seguridad, Jaime Téllez Marie.

El reproche pasó desapercibido en la audiencia. No conforme, anexó ante la jueza de control, Alma Aleida Sosa Jiménez, que en los primeros siete días tras las rejas, lo mantienen en una celda de castigo de un metro de ancho por 2.5 metros de altura.

"Si me va a tocar que sea de una vez, no pido comunidad, por lo menos, que me toque el sol, un poco de luz, de sol, para saber si es de día o de noche, pasan las horas, los días y no sé qué día es (...) estoy en una celda completamente oscura, totalmente incomunicado y solamente me han dejado bañar dos veces sobre la taza del baño", reprochó ante la jueza de control.

Las palabras convencieron a la jueza que giró órdenes al director del Reclusorio Zona 1, en Pacho Viejo, para sacarlo de citado sitio de castigo y permitirle "tomar el sol", respetando sus derechos de procesado.

TRAYECTORIA DELICTIVA

El viernes 14 de agosto del 2014, Óscar tomó protesta como director de los Centros de Readaptación Social en Veracruz, en sustitución de Remigio Ortiz Olivares. El acto protocolario estuvo dirigido por el entonces Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.

Durante la inversión de Bermúdez, señaló que el saliente director incumplió los objetivos planeados reflejando la necesidad de ser removido como parte de los ajustes urgentes para alcanzar las metas pactadas por el Gobierno Estatal, administrado por militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Además, añadió que Óscar recibió instrucciones de realizar los cambios que sean necesarios en la estructura de los Centros de Readaptación Social donde se encuentran recluidos más de ocho mil internos.

Entre sus movimientos contactó a personal de la American Correctional Association (ACA) para verificar las condiciones de centros penitenciarios en la entidad veracruzana.

Con esta visita, pregonó que en menos de dos años los penales estarían certificados por la empresa norteamericana para que los internos fueran ocupados como mano de obra en empresas.

El proyecto no se consumó. Tan solo en julio del 2015, internos del penal San Andrés Tuxtla; Ángelo Trujillo Hernández y Filiberto Luis Rodríguez Pérez, señalaron a Óscar de corrupción y delincuencia organizada.

Para los acusantes que hicieron llegar las deficiencias a través de una carta pública difundida el 4 de mencionado mes en el portal de Proceso.com.mx, recalcaron que la administración de los penales se dividía entre el gobierno y el crimen organizado, además, imperaba la venta de droga (cocaína y marihuana), prácticas de tortura, golpes, aislamientos y maltrato.

La situación quedó reforzada con otros encarcelados, quienes difundieron que el extitular de Prevención y Reinserción Social, Óscar y su delegada jurídica, Verónica Vera Campos, exigían entre 70 mil y 250 mil pesos para beneficiarlos con pre liberaciones.

La ACA (empresa extranjera) no desarrolló lo pregonado por Óscar, los internos mantuvieron, en su administración, los señalamientos de vivir lapsos de torturas, golpes, aislamientos y maltrato.

Así como ser obligados a dormir parados en un cuarto de 3 por cuatro metros con otros 16 procesados o de lo contrario, pagar una multa y salir de la celda de castigo.

REENCUENTRO NARANJA

A dos años de la requisa en el Penal de Pacho Viejo y formar parte del Gobierno de Veracruz, en el sexenio priista de Javier Duarte, Óscar se reencontró con ex compañeros de trabajo y crímenes.

Los costosos trajes se cambiaron por uniforme naranja, de presos. Los pantalones se mantienen de marcas como "Levis", "Calvin Klein" o "Tommy Hilfiger", a diferencia de sus escoltas que exhiben pantalones desgastados.

El ex director de Centros de Reinserción y Readaptación Social alcanzó a sus seis escoltas el miércoles 20 de septiembre del 2017, dos años después de desaparecer al exnovio de su actual pareja sentimental.

Mientras avanzó su proceso penal 214/2017, al ser el presunto autor material e intelectual de la desaparición forzada de Carlos David Bautista López, el 15 de septiembre del 2015, se anexó otras quince desapariciones.

La causa penal 22/2018 la comparte con dos ex compañeros directos de trabajo; Arturo "N", ex titular de SSP y Roberto "N", ex director de la Fuerza Civil, así como 16 ex policías estatales. De los dos procesos penales que enfrenta Óscar, cuatro personas están prófugas.

Hasta el actual momento procesal de la carpeta de investigación FEADPD/ZCX/011/2017, la FGE señaló que 31 exfuncionarios del Gobierno de Veracruz -en el sexenio priista de Javier Duarte de Ochoa -, ex jefes policiales y ex agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) están presuntamente vinculados a la desaparición forzada.

De los 31, 19 enfrentan un proceso penal tras las rejas, recluidos en el Penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, a quince minutos de las calles donde levantaron, torturaron y violaron a veracruzanos de abril a octubre del 2013.

Otros tres implicados en el caso se encuentran en calidad de prófugos de la justicia, hablamos del ex subsecretario de Operaciones y ex Secretario de Seguridad en los últimos meses del 2016, José Nabor Nava Olguín; del ex delegado de la Región III en Chicontepec, Manuel Alejandro Trujillo Rivera y el ex director de Operaciones, José Manuel Martínez Sánchez.

Los tres exfuncionarios, Óscar, Arturo y Roberto están señalados en 89 datos de prueba que entregó la Fiscalía General del Estado (FGE) a la jueza de control, Alma Aleida Sosa Jiménez por el proceso penal 22/2018.

Para el caso de Carlos David Bautista -su primera acusación y causa para ser recluido en una celda- mostró más avances en noviembre del 2017, cuando encontraron sus restos óseos entre cañaverales de la comunidad Paso de Cedro, a unos 9 kilómetros de la propiedad del exfuncionario Óscar.

En cuanto a la nueva causa penal en su contra, Óscar enfrenta cuatro meses de investigación complementaria por 15 desapariciones forzadas con sus ex compañeros de trabajo cometidas de abril a octubre del 2013.

De esta situación, podría recibir sanciones de 40 a 60 años, comprendiendo el delito de desaparición forzada, pero por la gravedad de cometer la ilegalidad contra mujeres y menores de edad, la pena aumentaría hasta los 90 años de cárcel.



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