"Aplasta" gobierno a víctimas y las criminaliza
•Sigue línea del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, con su exfiscal Bravo Contreras
•Personas abatidas y desmembradas, niños asesinados, civiles muertos, víctimas inocentes y desaparecidos
Por ANTONIO OSORIO
Zona Centro.- Al igual que en el sexenio del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, en la presente administración decenas de vÃctimas, hombres, mujeres y niños, que han perdido la vida en la espiral de la violencia, también han sido criminalizados.
Personas abatidas, niños asesinados, personas desmembradas, civiles muertos de forma circunstancial, vÃctimas inocentes y hasta desaparecidos, han sido relacionados con hechos delictivos.Entre esos casos hay decenas de personas, como un ex funcionario y empresario de Ixtaczoquitlán, que murió durante una embestida de las corporaciones contra presuntos secuestradores, hace dos semanas.
En reiteradas ocasiones, el gobierno ha relacionado las desapariciones y ejecuciones con una pugna entre la delincuencia organizada asegurando que la PolicÃa no está para cuidar a personas que tengan problemas con grupos delictivos.
Esta situación se da a pesar de que la Ley General de Víctimas impide a las autoridades expresarse sobre la presunción de que las víctimas pertenezcan al crimen organizado.
"Claro, como las víctimas ya no pueden defenderse, nadie dice nada", suelen criticar los usuarios de las redes sociales cuando se registra este tipo de situaciones.
No obstante, el gobierno se ha defendido, como ocurrió en el caso de 11 personas ejecutadas en Boca del Río, en marzo del 2017.
En esa ocasión aseguró que no se trataba de criminalizar a nadie, pero al menos cinco de las personas asesinadas en ese hecho tenían antecedentes penales.
Algunos casos por mencionar
Diversos hechos sangrientos han marcado el gobierno yunista, donde parece replicarse la misma línea de su antecesor, Javier Duarte de Ochoa, con su exfiscal Luis íngel Bravo Contreras cuando, por ejemplo, en septiembre del año 2016, señaló que dos sacerdotes, Alejo Nabor Jiménez y José Alfredo Juárez, ejecutados en Poza Rica, estaban conviviendo con delincuentes.
El 24 de junio, seis personas, entre los que se encontraban cuatro menores, fueron asesinadas en su casa.
Al día siguiente, el gobierno anunció que "el padre de niños asesinados en Coatzacoalcos está involucrado".
El gobierno dio a conocer que la muerte de seis personas de la misma familia sería parte de una venganza entre grupos del crimen organizado.
Al señalar que continuaban las investigaciones, en entrevista con Pascal Beltrán del Río de Imagen Radio, el mandatario comentó que las primeras indagatorias apuntaban a que el padre de los menores estuvo previamente involucrado en el asesinato de un líder criminal.
“No había razón para matar a los cuatro niños, pero avanzamos en las investigaciones. En las primeras indagatorias se ha encontrado un posible vínculo del padre de los menores con un crimen, cometido un día antes, relacionado con el asesinato de un líder criminal en Coatzacoalcos”, apuntó.
En esa ocasión, el gobierno argumentó que la inseguridad es consecuencia directa de la ineficiencia para combatir al crimen en los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte. “Es un problema muy grave que se presenta en Veracruz desde 2015 y se incrementó 132 por ciento en 2016. Las ejecuciones vinculadas con la delincuencia organizada no se han podido frenar, en lo demás vamos adelante”, defendió.
Otro caso similar ocurrió en Córdoba, el 26 de agosto del año 2017, cuando una niña de cinco años fue asesinada a balazos, al igual que otro sujeto, que resultó ser pareja de su madre, y que fueron atacados en un vehículo, en el segundo piso del estacionamiento de Plaza Cristal.
En un hecho generó el repudio de la sociedad a través de las redes sociales, las víctimas fueron atacadas por hombres armados, cuando aparentemente abordaban un vehículo tras haber acudido a realizar sus compras.
La noche de aquel sábado 26 de agosto, una pareja y una niña salían del centro comercial ubicado en la prolongación de la calle 10 y la avenida 21.
Ahí murió el hombre, sentado en el interior del vehículo y con una pistola tipo escuadra debajo de sus piernas, la cual no alcanzó a sacar.
Asimismo resultaron heridas su pareja y la hija de ella, Mayra Jimena Ortega Flores, de 5 años, quienes fueron rescatadas por paramédicos y trasladadas al hospital del Seguro Social, donde la pequeña murió y su madre quedó grave.
Los hechos causaron indignación de la sociedad civil que a través de las redes sociales condenó la agresión y exigió que el gobierno hiciera algo para detener la ola criminal que en la zona Centro.
En respuesta, al día siguiente el gobierno volvió a emitir su mensaje, en el cual condenó el homicidio de la pequeña, pero no dejó de mencionar que el sujeto era el ex escolta de un dirigente cañero.
Aunque aclaró que la menor no tenía porqué morir, adelantó que a la madre se le podría fincar responsabilidad por andar trayendo a su hija, a pesar de saber que su pareja andaba en "malos pasos".
Otro caso fue el de nueve personas desmembradas y abandonadas en el interior de una camioneta a la entrada del fraccionamiento El Tejar, en Xalapa.
Las víctimas fueron identificadas como vecinos de las congregaciones de El Castillo y el Tronconal de Xalapa, la mitad de ellos eran jóvenes de entre 16 y 19 años.
El gobierno aseguró que todos los ejecutados eran integrantes de la banda delincuencial de "Los Tigrillos" o "Los Tiliches", dedicados al secuestro, la extorsión y el homicidio.
“Quiero dejar en claro que la policía no está para cuidar a delincuentes. Si los delincuentes se meten en actividades delincuenciales, es natural que corran riesgos”, asentó.
También se relacionó con delincuentes a cuatro ejecutados en Amatlán
El pasado 19 de enero cuatro personas fueron ejecutadas a balazos en un lote de autos ubicado en la carretera estatal Córdoba-Potrero Nuevo, cerca de la colonia Torrecillas, en Amatlán de los Reyes.
Los sicarios mataron al dueño del local, Andrés Aguilar Ríos, de 31 años, así como a Ubaldo Aguilar Reyes, de 44 años, quienes habitaban en la colonia Gardenias.
Junto con ellos, tambien fueron ultimados los empleados Julián López, de 30 años, vecino de la congregación Río Seco, y Carlos Eduardo Rodríguez García, de 19 años, de la localidad Paraje Nuevo.
En el desarrollo de las investigaciones, las autoridades dieron a conocer un video donde se muestran las imágenes de los criminales, por quienes el gobierno ofreció una recompensa.
Sin embargo, el mandatario también señaló que las víctimas formaban parte de una banda de delincuentes, dedicada al robo en carretera y que habrían sido ejecutados por una banda contraria.
El pasado 8 de febrero ocurrieron diversos enfrentamientos en la zona Río Blanco-Ciudad Mendoza, que dejaron un saldo de 9 muertos, algunos presuntos secuestradores y civiles, entre estos el ex secretario muncipal y ex regidor del Ayuntamiento, que fue abatido, tras impactarse contra una patrulla.
Pero entre las víctimas también estaba el empresario y ex director de Obras Públicas de Ixtaczoquitlán, Carmelo Báez Lázaro, quien presuntamente estaba secuestrado en una casa de seguridad y también fue abatido.
El hecho violento que aterrorizó a los habitantes de Río Blanco fue en la avenida Mártires de 5 de Mayo entre las calles Justo Sierra y La Unión, de la colonia Benito Juarez, donde elementos policiales se enfrentaron con presuntos delincuentes, que se escondían en una casa de seguridad.
En el informe de las autoridades, también fue considerado como delincuente, lo que ocasionó el repudio de los familiares, quienes anunciaron que denunciarán a la Secretaría de Seguridad Pública.
Otra de las víctimas fue el conductor de un taxi, que murió en otra persecución en Ciudad Mendoza, y que fue identificado como Fausto Sirenio Ramírez Velásquez, ex secretario del ayuntamiento de Ciudad Mendoza durante la administración de Sergio Rodríguez, y también fue ex regidor durante el trienio del alcalde Luis Felipe Marcial Alvarado.
En un boletín oficial, se informó que elementos de las Policías Estatal y Ministerial abatieron a siete peligrosos delincuentes dedicados al secuestro, en la zona de Ciudad Mendoza.
Acusan miembros de Colectivo al gobierno
El pasado 3 de febrero, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, desaparecieron Julián León Guzmán, sobrino del alcalde de Paso del Macho, Fernando León Trejo, así como su esposa Maricela Sarmiento Villalobos, la amiga de ésta, Julieta Gómez Gí¼emes, y el nutriólogo Julio César Hermida Viñas.
Según la representante del Colectivo Solecito de Veracruz, Lucía de los íngeles Díaz Genao, el gobierno violenta la Ley General de Víctimas, al criminalizar a las personas desaparecidas.
Debido a eso, los afectados pretenden recurrir ante la Comisión de Derechos Humanos y las autoridades que sea necesario, para que el gobierno evite seguir dañando a las víctimas de la inseguridad.
“De nueva cuenta es deplorable la actitud del gobierno, que para él expresarse, defender su postura, siempre actúa criminalizando, de verdad es muy deplorable, es uno de los puntos que más se ha luchado en la Ley General del Víctimas, por eso nosotros estamos pensando seriamente en poner una denuncia ante Derechos Humanos” estableció.
El gobierno afirmó ante medios de comunicación que el joven desaparecido, vecino de Paso del Macho, Julián Antonio León Guzmán, se comunicó previamente con un sujeto vinculado con la delincuencia organizada, mismo que es buscado desde hace varios meses.
No estamos defendiendo a nadie en particular, simplemente esa manera de hablar del gobierno no puede ser en una autoridad, simplemente esa no es la manera de referirse a las víctimas.
La reacción de los familiares y amigos, quienes incluso marcharon como medida de protesta, intentó fue neutralizada por las declaraciones del gobierno al acusar a Julián de tener nexos con un sujeto, con el que además tenían en común que hacían carreras de motocicletas.
Díaz Genao consideró que es incorrecto que el gobierno dé este tipo de información mientras de desarrolla la investigación, ya que en nada ayuda a la localización de las víctimas y las hace parecer criminales.
Reiteró que esta no es la primera vez que el gobierno asume esta actitud para justificar la inseguridad que hay en Veracruz.
La mujer, madre de un Dj desaparecido, acusa que “la justificación del gobierno para las víctimas de la violencia es que andaban en malos pasos, criminaliza en cuestión de media hora después de que suceden hechos violentos. Pero nosotros como madres, hermanos, hijos de desaparecidos, vemos que no se está haciendo justicia, en la Fiscalía vemos una discriminación total hacia las víctimas de la violencia con un fiscal (Jorge Wínckler) insensible, duro, déspota, torpe y que no tiene empatía alguna con las víctimas y con nuestro dolor”.
De acuerdo al artículo 5 de la Ley General de Víctimas, las autoridades no pueden expresarse públicamente sobre la presunción de que las víctimas pertenezcan a alguna célula del crimen organizado.
“Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse”, establece el precepto.